La resiliencia autoritaria y la causa democrática venezolana: recursos y asimetrías – Elsa Cardozo

Las relaciones entre los actores cuyos intereses desbordan el tablero venezolano incorporan a la situación venezolana las características de un juego de varios niveles⁵: entre y dentro de los actores democráticos nacionales y los vinculados al régimen. A la vez que con los actores que internacionalmente apoyan en diversa medida la causa democrática y los que desde el exterior han alentado la continuidad autoritaria, de modo más o menos activo y a partir de intereses diversamente comprometidos con esa persistencia. Entre estos últimos, como lo representan las flechas en el cuadro, se producen también interacciones de cara a la crisis venezolana, con mayor o menor competencia o cooperación, dentro (en negro) y entre (en gris) los dos conjuntos de actores, democráticos y autoritarios.

A partir de ese cuadro de vínculos e incidencias, la caracterización del entorno en el primer trimestre de 2020 se ha movido entre, por una parte, el cuadrante de un régimen desafiado, pero persistente -aun en medio de significativas presiones y perdida de margen internacional de maniobra económica y política– y el de un conjunto opositor con el empuje alentado por la renovación del apoyo internacional a su liderazgo, pero limitado por la persistencia represiva y de manipulaciones institucionales del régimen. Este segundo conjunto, no obstante que seriamente acosado, reimpulsó una renovada hoja de ruta con el reto de recuperar las capacidades nacionales democráticas de movilización y presión. Esto ha sucedido en medio de crisis e incertidumbres para la democracia en los entornos regional y global⁶, desde los cambios políticos y en las prioridades de los gobiernos vecinos, la desaceleración económica y las protestas sociales y políticas regionales, hasta los retos a las políticas exteriores de Europa y Estados Unidos, y entre ellas.

Es desde luego pertinente anotar las urgencias y cambios de prioridades que han estado confrontando quienes han dado apoyos al régimen, diversos en sus medidas y motivaciones, como son los casos de Cuba -en lo que le es tan específico por su vinculación económica y política cuasi existencial con la revolución bolivariana- y de Rusia, China, Turquía o Irán.

A todo ello se suma el enorme impacto global de la pandemia del Covid-19, cuyos efectos y consecuencias apenas se comienzan a sentir en todos los ámbitos, incluido el de la multidimensional crisis venezolana.

Comenzando el año 2020, eventos y acciones nacionales e internacionales revelaron cambios en un entorno en el que el balance entre las incidencias democrática y autoritaria, vistos los tropiezos el de la agenda democratizadora nacional durante el 2019, colocaba al régimen entre la contención y la permisividad. En ese contexto, las influencias democráticas arrojaban un balance mixto: por una parte, de continuidad de expresiones internacionales de apoyo y de disposición a evaluar aspectos muy significativos de la crisis, no solo con declaraciones de preocupación sino con informes e iniciativas de apoyo político y humanitario; acompañados, por la otra, con una muy desigual disposición a aplicar sanciones y, en general, dificultad de coordinación de acciones para hacer su actuación mas eficiente y articulada a al estrategia democrática nacional. Mientras tanto, el régimen no dejó de buscar respaldos en gobiernos afines y adoptar nacionalmente decisiones para evitar la fractura de su coalición – particularmente en el sector militar, entre vigilancia, castigos y prebendas– ante la presión de las sanciones y buscando arreglos para evadir algunas de ellas y para procurarse recursos económicos mediante fórmulas que no pusieran en riesgo su control político. Esto último se tradujo, ya muy visiblemente entrando al año 2020, en decisiones y omisiones para bajar la presión de problemas económicos permitiendo y alentando una desordenada apertura, dolarización (sin inversiones, producción nacional, generación de empleos dignos ni productividad), entrega de operaciones en sectores estratégicos a empresas de países aliados, con la persistencia y agravamiento de la opacidad y la gran sombra de lo ilícito⁷. A un cuadro complicado de gobernabilidad, manejable por el régimen con medidas de represión y amedrentamiento y con la utilización de cada vez más limitados recursos socioeconómicos para el control político, se añadieron los desafíos de la indoblegable inflación, el deterioro indetenible de los servicios públicos y, desde marzo, la caída de los precios petroleros a niveles de comienzos de la década de 1990, en medio del hundimiento de la producción a niveles de la década de 1940.

Con el propósito de precisar los cambios en el entorno y su  significación para la incidencia internacional autoritaria o democrática, se los introducirá en torno a hechos y situaciones en cinco dimensiones, especialmente significativas por las respuestas internacionales que provocaron, a la vez que útiles para organizar en el punto siguiente el análisis de las reacciones e interacciones internacionales.

En la dimensión humanitaria, la continuación y agravamiento de la emergencia en todas sus facetas siguió siendo foco de atención internacional, por lo que significa humanitariamente para los venezolanos en el país (incluyendo la utilización de programas gubernamentales como instrumento de control social), pero sin duda muy especialmente por lo que afecta a otros países el movimiento migratorio acumulado y previsto en adelante. Ante este asunto, los autoritarismos de diverso signo se limitan a guardar silencio o a definirlo como un asunto provocado y agravado por quienes nacional e internacionalmente apoyan la causa democrática. La emergencia que ha supuesto la pandemia del Covid-19 añadió urgencia y complejidad a la cuestión humanitaria en medio de una crisis que es global y, como tal, ha priorizado recursos y atención a la contención de la epidemia, aunque sin que la situación de extrema vulnerabilidad de países como Venezuela haya dejado de ser considerada de modos diversos por actores internacionales democráticos, defensores de los derechos humanos y vinculados a la asistencia humanitaria, por una parte y, por la otra, aunque con menos iniciativa, por actores autoritarios y, algo más visiblemente, por los críticos del régimen de sanciones.

Los problemas de seguridad regional y hemisférica que la gestión del régimen venezolano contribuye a agravar no han dejado de ser objeto de preocupación internacional, desde los vinculados a movilizaciones militares, criminalidad y actividades ilícitas hasta los relativos a degradación ambiental⁸. Mientras tanto,  la lectura de este asunto desde la perspectiva autoritaria, nacional e internacional, especialmente entre regímenes sancionados, sigue definiendo al regimen como victima de amenazas, medidas y sanciones que atentan contra la soberanía nacional y el derecho internacional⁹.

La critica situación económica –para comenzar como resultado de políticas, decisiones y omisiones del régimen– es otra dimension a considerar como muy relevante en la configuracion del entorno tanto por las tesis y medidas del régimen como respuesta ante las sanciones, como por las relaciones de las que se ha valido para tratar de evadirlas, particularmente las vinculadas a arreglos opacos en los que se multiplican la corrupción y los negocios ilícitos¹⁰.

La situación de los derechos humanos es un asunto de particular relevancia que ha colocado y mantenido a la crisis venezolana en la agenda internacional; alli se mantiene el agudo contraste entre las posiciones de gobiernos democráticos y autoritarios. En consonancia con estos últimos, el régimen sigue escudándose –como lo acostumbran hacer los regímenes de fuerza– en alegatos de soberanía y de crítica a la injerencia internacional haciendo caso omiso de los principios supranacionales y tratados internacionales que la Constitución vigente incorpora¹¹. En medio de la pandemia, dadas las restricciones a los derechos a que la emergencia obliga, este tema cobra importancia crítica, por sí solo y por las implicaciones políticas, sociales y económicas de su tempranamente visible desbordamiento, que encuentra terreno fértil en el desbalance entre la procura de seguridad y la limitación de la libertad que la situación misma alienta, aun contraviniendo principios y normas internacionales¹².

Y, finalmente pero de crítica importancia, dimensión política se mantiene con renovado impulso como asunto sobre el cual contrastan especialmente las intenciones y posiciones democráticas y autoritarias internacionales. Esta parte de la agenda incluye las cuestiones del reconocimiento de la Asamblea Nacional y de su presidente en cuanto tal y como Presidente encargado; la convocatoria a elecciones parlamentarias y presidenciales y las condiciones necesarias para que sean libres, más los otros temas de la agenda política de la crisis (liberación de presos políticos y habilitación de partidos y dirigentes, así como respeto de las competencias constitucionales de la Asamblea Nacional).

Todos estos asuntos se han hecho particularmente visibles ante eventos recientes, en torno a los que se han manifestado posiciones y medidas que favorecen la continuidad o apoyan la recuperación democrática. Baste por lo pronto anticipar la importancia de atender las asimetrías entre lo uno y lo otro, que internacionalmente se manifiestan en el desigual esfuerzo que suponen la incidencia democrática y la autoritaria a cuyo análisis, al final de este texto, nos aproxima la consideración que sigue sobre eventos críticos recientes en cada una de las cinco dimensiones y de las respuestas internacionales que han recibido.

Eventos críticos, respuestas e interacciones internacionales

El continuado agravamiento de la emergencia humanitaria no ha podido ser disimulado por la supuesta normalización económica a partir de una informal y desregulada dolarización y apertura a importaciones en medio de la opacidad reinante y niveles menores pero sostenidos y siempre altos de inflación ¹³. Entre finales de 2019 y comienzos de 2020 importantes instituciones internacionales y organizaciones de alcance mundial han difundido datos que revelan la gravedad del cuadro en alimentación, en salud, en acceso a servicios fundamentales y en condiciones laborales¹⁴. No por casualidad, en medio de la pandemia del Covid-19 con la que se está iniciando en año 2020, Venezuela ocupa uno de los tres lugares entre los países americanos peor preparados para lidiar con la emergencia¹⁵, con los efectos y las consecuencias nacionales e internacionales que diversos análisis anticipan¹⁶.

La continuidad de la crisis se manifiesta también en el flujo de emigración forzosa mas grande en la historia regional; una crisis de desplazamiento que sigue figurando entre las más graves del mundo¹⁷. La complejidad de este desafío se magnifica, politizando como sigue siendo por un régimen que habiendo obstaculizado la libre entrada de asistencia internacional humanitaria ofrecida internacionalmente, se ha empeñado en controlar la administración nacional de insumos básicos¹⁸. Esto, que no reúne las condiciones de un programa institucionalizado, independiente y transparente, no solo resume la voluntad autoritaria de politización de la asistencia y los obstáculos que por ello impone a muchas iniciativas, sino el lugar que en la escala de sus preocupaciones tiene la emergencia humanitaria. Desde finales de 2019 y en los primeros meses de 2020 se hizo más insistente el discurso de altos voceros del régimen que señala a las sanciones como causantes de la emergencia humanitaria: en giras internacionales, en las Naciones Unidas y con la presentación de demandas ante la Corte Penal Internacional y la Organización Mundial del Comercio. La cuestión de la asistencia humanitaria, tanto para los emigrados como para los venezolanos en territorio nacional, no ha dejado de recibir atención internacional en encuentros y foros que la promueven, pero no ha sido suficiente ni deja de encontrar obstáculos en su tramitación, lo que es parcialmente, pero solo parcialmente atribuible al sobrecumplimiento del régimen de sanciones, un régimen que de modo expreso no restringe estos flujos¹⁹.

Informes recientes reiteran los problemas de inseguridad nacional y e internacional²⁰  que se multiplican con la pérdida de Estado –incluso en su institucionalidad militar– y el terreno ganado por lo ilícito y criminal²¹ en lo que están presentes vínculos transnacionales, negocios que proveen de recursos al régimen e incluyen transacciones opacas de recursos estratégicos con gobiernos aliados²², pero que también generan preocupación internacional tanto por los espacios y recursos que encuentran grupos guerrilleros fronterizos y colombianos no desmovilizados y que amenazan un aún muy frágil proceso de paz, como por la conflictividad, violencia y su posibilidad de escalamiento entre grupos (criminales, guerrilleros, militares) en pugna por las riquezas del llamado «Arco Minero», pugna que ya tiene incalculables costos ambientales, sanitarios, en vidas humanas y en  fluir incontrolado de recursos. Son estos, aspectos que preocupan a las democracias, por su institucionalidad, estabilidad y seguridad, pero que poco parecen importar –aunque deberían– a socios autoritarios interesados en beneficios económicos y ganancias en presencia o influencia geopolítica.

La cuestión económica también ha estado en lugar muy visible de la agenda internacional en conexión con Venezuela, en parte por los ya comentados aspectos opacos e ilícitos, pero también por el contraste entre, por un lado, la oficialmente pretendida impresión de normalidad y la desordenada conjunción de medidas con las que el régimen ha respondido al acelerado deterioro material –desde la caótica dolarización de facto hasta la afluencia de bienes importados- y, por otro lado, el alto costo de esos productos, la sostenida inflación, la escasez de agua, los continuos cortes de electricidad, la continuación del ahogo a los sectores productivos nacionales, el aumento de las enfermedades prevenibles, la desnutrición y las tasas de mortalidad²³. De nuevo, mientras el argumento del régimen y algunos de sus socios es que las sanciones son las causantes de la ruina y crisis venezolana, la secuencia de las decisiones y políticas gubernamentales coloca justamente allí, en la imposición a todo costo de su propia orientación y gestión, el origen del descalabro la del control de los recursos, sin contrapesos ni contraloría, como lo ilustran los reportes sobre corrupción²⁴ y sobre la venta de reservas en oro del Banco Central²⁵. Mientras tanto, desde gobiernos democráticos y organizaciones internacionales se han hecho propuestas de planes de reconstrucción y financiamiento que suponen, justa y necesariamente, un cambio en la orientación política prevaleciente.

Entre 2019 y 2020 se hizo especialmente presente el reclamo internacional en materia de derechos humanos, a partir del informe de 2019 y las actualizaciones presentadas por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Sus concisas referencias sobre la situación de Venezuela en febrero y marzo de 2020, durante el 43o Sesión del Consejo de Derechos humanos²⁶ fueron, como las de 2019, criticadas y descalificadas por el régimen; en ellas informo brevemente -Como es propio de las actualizaciones– sobre la falta de garantías y conductas violatorias de todo el espectro de los derechos humanos, ahora como resultado de la permanencia en Venezuela, desde junio de 2019, de un equipo designado por la Oficina del Alto Comisionado que la señora Bachelet preside²⁷. También es de anotar que el régimen venezolano logro a finales de 2019 su elección al Consejo de Derechos Humanos con 105 votos en la Asamblea General, pese a los antecedentes tan visibles y frescos del informe de la Alta Comisionada del 4 de julio²⁸, de su actualización el 9 de septiembre²⁹ y de la Resolución del Consejo de Derechos Humanos que el 27 de septiembre³⁰ aprobó establecer una misión internacional independiente de determinación de hechos. En este ámbito, de altísima visibilidad internacional, los autoritarismos no tienen argumentos sustantivos que oponer y, como lo hace el régimen venezolano, se limitan a reclamar respeto a la soberanía –dando la espalda a la supranacionalidad del régimen de protección de los derechos humanos que la propia Constitución venezolana acoge– y a culpabilizar a otros, como se ha hecho recurrentemente en referencia a las sanciones.

En la faceta política, desde inicios de 2020 se fueron sumando la violencia y las agresiones en la entrada del Capitolio Federal con las que el 5 de enero se intentó impedir la juramentación de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, su efectiva realización en otra sede para juramentar con apoyo unánime la reelección de Juan Guaidó como su presidente y como Presidente Encargado con 58 reconocimientos internacionales, y la gira internacional que en esa condición desarrolló entre el 19 de enero y el 11 de febrero y lo llevó a Colombia, cuatro países de Europa, incluyendo su presencia en el Foro de Davos, y a Canada y Estados Unidos. Mientras tanto, entre el 15 y el 22 de enero, el canciller Arreaza visitaba China e Irán, y entre el 21 y el 23 de enero la Vicepresidente Delcy Rodríguez aterrizaba en el aeropuerto madrileño de Barajas violando las sanciones de la Union Europea, para luego viajar a Turquía.

Todo lo hasta aquí descrito contribuyó a reavivar el interés internacional sobre la continuación y agudización de la crisis en todas sus dimensiones así como sobre la significación de la incidencia internacional en la situación venezolana y la interacción  entre los actores internacionales más relevantes en torno a ella. Conviene detenerse brevemente en esto último, representado en las flechas que acompañan el cuadro de las primeras paginas, pues a medida que la trascendencia y desbordamiento internacional de la crisis venezolana aumenta, se ha vuelto más notable la importancia de la dinámica geopolítica que la rodea. Esta se traduce, por un lado, en las influencias para apoyar la continuidad del régimen o para respaldar a la causa democrática; por el otro, en la colocación de la crisis venezolana en un tablero mayor en el que cada vez es mayor la competencia que la concertación dentro y entre los actores de una u otra vertiente.

Balance, asimetrías y propuestas

El conjunto de lo hasta aquí caracterizado, procurando presentar tanto lo que favorece la permanencia autoritaria como lo que alienta a la causa democrática, puede resumirse brevemente en una suerte de balance de los recursos o mecanismos que se movilizan o juegan a favor de lo primero y los que lo hacen a favor de lo segundo³¹.

El siguiente cuadro recoge en apretada síntesis tanto los internacionalmente movilizados desde el régimen como los que lo han sido desde de la causa democrática. Se trata de una adaptación, quizás más bien una reinterpretación, de seis de los siete mecanismos definidos por Juan Miguel Matheus³² como medios que favorecen la resiliencia del régimen, ahora para el análisis más centrado en lo internacional y en la comparación con la persistencia de la causa democrática. La resiliencia, definida por el autor como la «capacidad para recuperar el estado inicial una vez superada la perturbación», aquí, en cambio, se aproxima a resistencia, es decir, no supone el restablecimiento del estado inicial, mientras que para dar sentido a la adaptación, en lugar de mecanismos se prefiere hablar de recursos, que incluyen capacidades, estrategias y medios.