Anomia, Estado y Derecho en Venezuela – Rogelio Pérez Perdomo

Los académicos venezolanos nos debatimos entre tratar de entender lo que pasa en el país e indignarnos con lo que pasa. Para quienes estamos educados en el Derecho, la situación que vivimos es dolorosa, pues ante la violación de principios fundamentales y de los derechos humanos más elementales, incluyendo la comision de delitos de lesa humanidad, la indignacion esta justificada. En cambio, analizar que las acciones del régimen son opuestas al Derecho y que las violaciones a los derechos humanos son masivas es a la vez tan obvio y tantas veces repetido que sentimos que no ayuda a la comprensión de lo que ocurre y casi banaliza unarealidad mucho más maligna.

En este ensayo, la literatura que trata sobre el Estado fallido o Estado gansteril es tomada en serio y llevada a sus consecuencias. El Estado fallido no es realmente Estado y el Estado gansteril es contrario al Derecho y tampoco es Estado. Ya San Agustin2 había comparado a los reinos sin justicia con bandas de ladrones. Pero nuestro análisis comienza allí. Lo que acá sostendremos es que el Estado-gánster no es cualquier banda criminal: requiere ser analizado en su estructura y funciones. Las consecuencias que tiene para la sociedad pueden ser muy distintas a las de cualquier banda delictiva ordinaria.

Este trabajo está planteado desde la perspectiva del Derecho y trata de entender la situación desde los cimientos teóricos de Derecho. Por esto recurre a la filosofia, la politica y la sociologia, y trata de observar la realidad con los anteojos tal vez anticuados de filosofos del siglo XVII y sociologos del siglo XIX. El recurso a estos pensadores no es escapismo porque lo que lo que planteamos es analizar lo que ocurre en la Venezuela de hoy. Son situaciones tan anómalas, que creemos han puesto en cuestión no solo al estado de derecho sino al Estado y al Derecho como tales. Por tal motivo, tal vez la literatura más relevante es la de quienes pensaron los fundamentos del Derecho, el Estado y de la sociedad.

Cuando se plantea que Venezuela es un Estado fallido3 o un Estado gansteril 4 y encontramos fundados esos planteamientos, surgen preguntas fundamentales a quienes nos ocupamos del Derecho. ¿En que se convierte el derecho preexistente o el que sobrevive a la destruccion del Estado? ¿Que tipo de banda criminal es el Estado gangsteril? ¿En que se convierte el aparato del poder politico? ¿Que pasa en la sociedad cuando desaparece el Estado y tal vez el Derecho pierde su caracter de coercion previsible? ¿Se convierte en una sociedad anomica? Por ultimo, una vez desapareceido el Estado ¿ hay alguna fuerza o via que permita reconstruirlo y hacerlo como un estado de derecho?

Estas son las preguntas que tratará de responder este ensayo mirando la situación de Venezuela y llamando como ayuda para la reflexion a la filosofia, la sociologia y el derecho. Se trata de un ensayo: el lector no debe esperar un tratamiento detallado de la situación del país para lo cual hay una bibliografía abundante que será mencionada brevemente. Tampoco tiene la intención de plantearse graves problemas de interpretacion de los filosofos y  sociólogos que se llamen a la ayuda. Es algo mucho más modesto que una investigación de Filosofía Política o Sociología del Derecho y tampoco se plantea como una investigacion etnografica. El propósito es la comprensión del país con la intención de generar la conversación entre quienes nos sentimos en el fondo del abismo y queremos salir de él y, especialmente, entre quienes pensamos que la reconstrucción del sistema jurídico tiene un lugar importante en esa tarea.

En la primera parte se analizará cómo Venezuela ha llegado a la situación en la que se encuentra y las consecuencias que tiene para el Derecho y para los ciudadanos la falencia del Estado o la conversión de este en una especie de organización criminal. En la segunda parte se analizará en qué se convierte el Derecho o sistema jurídico en la situación antes descrita, si es que puede decirse que ha sobrevivido. En la parte final y conclusiva se especulara sobre la posibilidad de construcción de un estado de derecho sobre las ruinas que tenemos en el momento o la mayor destrucción que tendremos en la medida en que el régimen prolongue su agonía.

¿Del estado de derecho al estado de naturaleza?

En el siglo XVII Thomas Hobbes analizo la vida insegura y miserable que tienen los hombres (y hoy agregariamos las mujeres) en el estado de naturaleza y, como, apoyados en su racionalidad deciden constituir el  Estado5. Hobbes no plantea una hipótesis histórica, en el sentido de que habríamos vivido primero en estado de naturaleza y luego habríamos constituido el Estado, sino que planteó modelos para entender la sociedad y la política. Así como para entender el funcionamiento de un reloj debemos desarmarlo y armarlo de nuevo, Hobbes imagina la disolución del Estado, sus consecuencias, y los incentivos que tenemos para reconstruirlo.

Hobbes no pensaba en el vacío, vivió tiempos convulsos en Inglaterra y fue la observación de los peligros que afrontaba la sociedad inglesa con los lentes de un racionalismo extremo y una  concepción pesimista o realista de la naturaleza humana, lo que lo llevó a formular la teoría que está en la raíz de la concepción moderna de Estado y de una manera de pensar al Derecho que denominamos el positivismo jurídico: el Derecho es establecido por el Estado y es hecho coercible por su sanción.

En Venezuela hemos realizado el viaje inverso. Hemos demolido el estado de derecho6 o al estado , o hemos construido un Estado gansteril que no es realmente un Estado8. Lo planteado por estos autores puede verse ratificado, ampliado o matizado en numerosos estudios. Aqui conviene hacer algunas precisiones.

La metáfora de la demolición del estado de derecho no es enteramente exacta porque supone pre-existencia del estado de derecho. La historia de Venezuela nos enseña más bien que el Estado se consolido en Venezuela solo en el siglo XX, bajo el regimen de Gomez, que logro unificar la nacion, imponer la paz y monopolizar el uso de la violencia, lo que es característico del Estado moderno. Pero bajo Gómez y sus sucesores, el estado de derecho no llegó a consolidarse. La grave desigualdad social y la pobreza e ignorancia de una parte muy importante de la población hacían puramente teóricas las disposiciones constitucionales y los derechos declarados. El régimen de la democracia de partidos (1958-1998) tuvo muchas bondades y logro importantes progresos sociales, pero el funcionamiento conforme a derecho no fue una de sus fortalezas. El aparato de justicia fue penetrado por redes clientelares y semi-delictivas, llamadas tribus judiciales. La policía era abusiva, especialmente con las personas más vulnerables y esta situación, aunque conocida por todos y analizada por académicos, no parecía importarle a quienes tenían el poder para remediarla. En particular, jueces y fiscales tenian la  obligación institucional de actuar y no lo hicieron. Los frecuentes escándalos de corrupción mostraban que muchos funcionarios y políticos carecían del ethos de lo público. El sistema jurídico en su conjunto no proveía la seguridad jurídica que el Estado debe proporcionar y que una economía moderna requiere para su funcionamiento. En resumen, como estado de derecho era muy débil y como sistema político democrático estaba lejos de contar con la lealtad de la población9.

Las debilidades del estado de derecho, seguramente una errónea política económica y el descuido de la educación cívica, que es al menos co-responsabilidad del gobierno, condujeron al estancamiento económico desde la década de 1980 y a la severa crisis política de la década de 1990. El resultado fue la elección de un outsider que prometió refundar la República, eliminar la corrupción y freír en aceite la cabeza de los corruptos. El gobierno de Chávez usando una retórica socialista y anti-imperialista acometió con vigor la destrucción de las empresas y de la producción privada de bienes, armó grupos de civiles para el apoyo ala revolución y generó un clima de corrupción y violencia como no se conica en la historia venezolana del siglo XX. Tambien llamó a la dictadura cubana a co-gobernar en Venezuela. Los altos precios del petroleo y el endeudamiento externo permitieron sustituir mucho de la perdida de la produccion nacional con productos importados10. Al bajar los precios y al hacerse exigible  el endeudamiento, el pais ha entrado en una crisis economica de extrema gravedad. El gobierno de Maduro solo ha tenido capacidad para responder con represion a la crisis generada11. La situacion es tan grave que más del 10 por ciento de la población ha emigrado, incluyendo buena parte de los médicos, enfermeras y personal profesional y técnico de empresas de todo tipo. Es por esto que hoy se habla de Venezuela como un Estado fracasado. La asociacion de los gobernantes como con el narcotrafico, el contrabando de drogas y oro, el saqueo de las principales empresas del Estado y, en general, la generalización de la corrupción, hace que se califique a Venezuela como estado gansteril. Se trata de una crisis multidimensional o una catastrofe humanitaria12.

Analizado con rigor ni el Estado fracasado ni el Estado gansteril pueden llamarse Estados. Estamos más bien ante una desaparición del Estado y se ha transformado en una tiranía cleptocrática. Quienes la dirigen tienen como proposito el enriquecimiento y la  satisfacción de pasiones personales no muy diferente a la descripción que Platón13 hace de la tirania. Un aparato de coercion que  no se propone garantizar la integridad personal y la prosperidad de los ciudadanos, sino que los hace huir ante el peligro de morir de hambre o de simplemente vegetar, no puede llamarse Estado porque no cumple sus funciones.

La desaparición del Estado nos llevaría al estado de naturaleza según Hobbes. ¿Vivimos en Venezuela en un estado de naturaleza como el descrito por Hobbes? Es verdad que el Estado no  tiene ya el monopolio de la violencia, en parte porque ha armado a grupos que tienden a actuar por su cuenta y en su propio beneficio, y porque ha permitido que fuerzas irregulares de Colombia penetren profundamente en el territorio venezolano. La renuncia al monopolio de la violencia, que destruye al Estado, es en realidad una política del grupo gobernante para evitar quedar en manos del ejército profesional y mantener un poder político que no se somete a la constitución y las leyes. El estado de naturaleza en que viviríamos no está formado por individuos a los que la razón podría impulsar a construir un Estado que los proteja. Hay grupos con intereses enormes y con disposición a mantener el status quo, aunque este conduzca a la catástrofe. El estado gansteril no es una banda delictiva más. Tiene un poder enorme que, como en el caso de Venezuela, puede paralizar a la sociedad.

Es cierto que la situación venezolana tiene cierto parecido con el estado de naturaleza hobbesiano. Vivimos en el miedo a la violencia, en la escasez y el promedio de vida se ha reducido. Para decirlo en el lenguaje de Hobbes: estamos sometidos a “continuall feare, and danger of violent death. And the life of man (is) solitary, poore, nasty, brutish, and short” 14. Pero no sería cierto que estamos en una guerra de todos contra todos. Vivo en un edificio donde respetamos la propiedad de los vecinos a los que saludamos cortésmente, no nos agredimos y colaboramos para que los espacios comunes se mantengan limpios y seguros. Trabajo en una universidad donde observo que los estudiantes se respetan entre ellos y respetan a sus profesores. Si estamos bien provistos de harina de maíz o arroz y un pariente, amigo o vecino necesita, lo compartimos. En el metro veo que ceden el puesto a las mujeres embarazadas o las personas con niños pequeños. No siempre me ofrecen el puesto a pesar de mi edad, pero me consuelo pensando que los jovenes que permanecen sentados me ven suficientemente fuerte como para viajar de pie.

Es cierto que la tasa de muerte violenta puede llegar a 90 por 100.000 habitantes, aunque varía según cómo se cuenta o quién cuenta . Es una de las tasas más altas del mundo, pero, aun así, implica que más de 90.000 de cada 100.000 habitantes no hemos sido asesinados ese año. La enorme mayoría podemos aspirar a morir de alguna enfermedad, tal vez por la falta de medicamentos. Ciertamente no estamos en un estado de derecho, y colectivamente somos más pobres y limitados, pero no estamos en el estado de naturaleza que describe Hobbes.

El derecho en un estado desnaturalizado

¿Desaparece el derecho cuando desaparece o se desnaturaliza el Estado? La respuesta depende de que miremos. En Venezuela se mantienen escuelas de Derecho, las universidades gradúan abogados. Algunas de revistas jurídicas sobreviven y otras han comenzado a publicarse digitalmente16. Esto implica que muchos profesores de Derecho continúan escribiendo y muchos se han dado cuenta de lo que ocurre en el país y escriben críticamente de lo que pasa en el sistema juridico. Otros no se han dado cuenta y continúan especulando sobre la correcta interpretación de tal artículo del Código Civil o sobre el concepto de validez. Al menos una parte de los graduados ejercen el derecho profesionalmente y hay un numero de firmas de abogados, aunque la mayoria ha reducido su tamaño. Las ONGs que se ocupan del funcionamiento de la justicia, de los derechos humanos, de los presos y de los perseguidos políticos han proliferado. En otras palabras, el derecho no ha muerto y muchos abogados, de maneras diversas, son parte de la resistencia a la tiranía17.

Por supuesto, en una visión más normativa, la respuesta a la pregunta puede ser otra. Los positivistas, que asocian al Derecho con el Estado y que piensan que solo es Derecho las normas provistas de la coerción del Estado, seguramente responderían que el Derecho ha desaparecido. Existen tribunales y el Tribunal Supremo de Justicia, pero los jueces carecen de independencia y no son imparciales. Ciertos autores han mostrado que sistemáticamente el gobierno gana todas las batallas judiciales en el Tribunal Supremo18. En los tribunales, los jueces penales actúan por orden del gobierno y cuando alguno que no ha recibido adecuadamente la señal pone en libertad un procesado político, el jefe de la policía puede optar por no obedecer, sin que esto tenga consecuencias para él. En asuntopuramente privados no es recomendable recurrir a un tribunal porque el resultado del juicio dependera de factores extra-legales.

El régimen no solo ha afectado la legislación y la judicatura. Ha distorsionado también la profesión de abogado. En universidades que controla gradúa como abogados a personas que no se preparan en Derecho, sino que tal vez reciben una formación politica superficial y un entrenamiento como operadores politicos19. pero hay universidades que se siguen tomando en serio la formacion profesional.

Si el aparato coercitivo del Estado no tiene relación con el Derecho ¿ que hacen los abogados? En realidad, siguen haciendo lo que saben hacer: Escriben contratos, aunque sepan que no podra ser solicitado remedio por incumplimimento. O defienden presos politicos que saben que van a ser condenados. O introducen recrusos administrativos que saben no van a ser atendidos. Esto nos obliga a analizar el cambio de significado del Derecho.

Los abogados y sus clientes saben que firman contratos cuyo cumplimineto no se puede exigir en los tribunales. He visto contratos de arrenadamiento en dolares. Dadas las regulaciones venezolanas ese contrato es nuloy, en definitiva, el inquilino solo pagara si quiere hacerlo. Las posibilidades de desalojarlo son minimas. Ese contrato no tiene mas valor legal que una conversacion, pero escrito, firmado por las partes y firmado y sellado por un abogado y tal vez por un notario, la promesa adquiere una solmnidad de la que careceria la conversacion. Hay un valor simbolico y las partes se sentiran mas obligadas que si se tratara de un acuerdo oral. El derecho aporta la solemnizacion de la promesa.

A los abogados que defienden presos politicos le he preguntado para que los defienden si saben de antemano que van a ser condenados. Las respuestas varian. En algunos casos me explican que los parientes y amigos quieren hacer todo lo que puedan y sienten que protestar y reclamar la libertad legalmente es lo menos, y tal vez lo único, que pueden hacer. Los abogados generalmente están conscientes de estas circunstancias y son bastante moderados cobrando. Otras respuestas  son mas sofisticadas : quieren agotar la jurisdiccion nacional, donde saben que no van a ser escuchados, para ir a las instancias internacionales. La esperanza de que el gobierno ceda ante presiones internacionales es débil, pero a veces funciona. Por último, hay quienes me dicen que el propósito es que quede testimonio. El jurista positivista negará que estemos hablando de Derecho, pero si cae preso, llamará a un abogado penalista para que lo defienda.

Por supuesto, sería mucho mejor que el Estado respetara las reglas del Derecho, que se conduzca conforme a la Constitución, que los tribunales cumplieran las funciones que le son propias, que las reglas sean claras y no den gran discrecionalidad en su aplicación. Eso es parte del proceso civilizatorio del que hemos derrapado. Pero el punto es que el derecho puede existir sin el  Estado20. También el Derecho romano clásico funcionó sin que existiera Estado y los jurisconsultos de la epoca desarrollaron unos esfuerzos que todavía admiramos. El jurista que cree como articulo de fe que el derecho es norma coercible y no puede existir sin el Estado, deberia comenzar por negar al Derecho romano como Derecho y ademas buscar otra ocupacion.

Anomia, fortaleza ética y reconstrucción del estado de derecho

Émile Durkheim estudió un fenómeno social que denominó anomia21. El estado de naturaleza hobbesiano seria un caso extremo de anomia pues han desaparecido las reglas propiamente jurídicas y las normas morales que quedan apenas alcanzan para entrar en el contrato que constituiría al Estado. Durkheim no se planteó una posicion tan extrema y en relacion con la sociedad entera. El estudió situaciones, como el suicidio o el homicidio, en las cuales han fallado las reglas morales no necesariamente porque hayan dejado de existir sino porque hay una pluralidad de normas que  envían mensajes opuestos. La anomia no tiene por qué afectar a toda la sociedad sino a determinados grupos o, incluso, a individuos. Los sociólogos contemporáneos han elaborado sobre estas ideas22. Merton, en particular, elaboró una tipología distinguiendo grados de conformidad con lo normativo23.

Los teóricos e investigadores que han estudiado América Latina han destacado que en nuestra región hay un débil aprecio por lo normativo jurídico. Han puesto especial atención al poco respeto por las normas de tránsito24. Como sabemos, estas tienen una dimensión jurídica y también ética, pues el conductor transgresor pone en peligro la vida, la integridad corporal y las propiedades de otros. Buenos Aires y Bogotá sufren de la transgresión frecuente de las reglas de tránsito. Caracas, también. Sin embargo, si observamos con atención, los choques y otros accidentes de tránsito no tienen la frecuencia que se esperaría si no respetamos  las normas. En Caracas el trafico es relativamente ordenado especialmente desde que la Revolución Chavista resolvió el problema de la congestión al lograr la disminución radical de los automóviles en circulación, una consecuencia secundaria de la parálisis económica. Esto indica que hay reglas, aunque no son necesariamente las formales establecidas en la ley y el reglamento de tránsito terrestre. El Derecho no es el único ordenador de la sociedad y con frecuencia el orden social se produce al margen del Derecho en cualquier sociedad. Ellickson lo ha mostrado para el Norte de California. Aun en comunidades que están ‘al margen de la ley’ hay normas sociales que permiten que la sociedad funciones de manera relativamente ordenada, como lo analiza Gómez respecto a un ‘barrio vertical’: la Torre de David26.

Mucho más preocupante son manifestaciones como los linchamientos o los escuadrones de la muerte llamados OLP, o mas cinicamente OHLP (Operaciones Humanitarias de liberacion del pueblo). Los linchamientos son reacciones populares sin un grupo organizador claro: un delincuente de barrio (‘azote’ o ‘chigüire’27) es aprehendido por la propia gente local y es muerto a golpes o cuchilladas. La policía y el sistema de justicia generalmente se abstienen de intervenir. Las ‘Operaciones de Liberacion del pueblo’ tambien llamadas ‘Operaciones Humanistas de liberacion del pueblo’ son organizadas desde el gobierno y es una  respuesta a la delincuencia y clima de violencia de los barrios. Una brigada especial de la policía, el FAES, se encarga de visitar los barrios y mata a los delincuentes en sus casas. Estas muertes son reconocidas oficialmente como ‘enfrentamientos’ y no son contadas como homicidios. La cifra de homicidios ha bajado asi significativamente. Aun asi sumamos las cifras de homicidios con la de enfrentamientos el resultado es una cifra menor a la de los años previos al inicio de las OLPs. El minstro del Interior anualmente da cuenta del exito de las OLPs. El mayor numero de muertos en enfrentamientos es señal del empeño del gobierno y la efiacia de esas operaciones28. La cifras son de varios millares por año.

La eficacia de las operaciones es plausible, pues las OLPs eliminarían a los delincuentes ‘independientes’ y proveen unmonopolio a los delincuentes que trabajan para el gobierno. Al eliminar las rivalidades, se baja igualmente la cifra de homicidios. Es un mecanismo que tiene cierto paralelo con la reducción de la congestión automotor en Caracas: produce un cierto orden causando un daño mayor.

La manera como proceden la FAES responde a la información de los activistas del gobierno en el barrio, de manera que el escuadrón sabe a quien busca y donde se encuentra. Por supuesto, no hay juicios ni pruebas. Es probable que en un cierto número de casos haya errores o venganzas personales. Al menos, los familiares de las víctimas frecuentemente señalan a los medios que era un joven trabajador y responsable. En algunos casos han operado para la represión política. Dada la metodología, los errores y los usos con diferentes propósitos son posibles.

Aun suponiendo que no haya habido estos errores y abusos, es preocupante la institucionalización de lo que Romero Salazar y Rujano Roque29 han llamado una cultura de la muerte. Los linchamientos, que el Estado tolera probablemente por su propia mala conciencia, son igualmente preocupantes por los mismos motivos. OLPs y linchamientos implican la absoluta negacion del  Derecho y de los derechos humanos. No es pues sorprendente que el régimen haya salido tan mal parado en el informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU del 2019.

En resumen, el gobierno y el propio aparato judicial, completamente controlado por el gobierno, son los grandes violadores de los principios jurídicos y éticos básicos. En esas circunstancias es impresionante y motivo de optimismo que la población en general no se haya sumido en una anomia más generalizada y que el ineres por derecho y, en definitiva, la vitalidad

Derecho se mantenga en una parte de la educación jurídica, entre los profesionales del Derecho y en la actividad de los profesores, investigadores y activistas de derechos humanos. Por otra parte, puede estimarse que hay una conciencia generalizada del respeto a los principios basicos de convivencia reflejado en respeto a los  derechos básicos contenidos en la Constitución y en las declaraciones internacionales. Se puede caminar en Caracas sin estar constantemente asediado por ladrones o asesinos. Hay reportes que en determinados momentos ha habido saqueos y situaciones de violencia en ciudades del interior, pero no creo que en ninguna parte se viva una situación hobbesiana. El respeto a las reglas básicas de la ética y el derecho por la mayoría de la población permite prever que se puede reconstruir una convivencia más amable y también a una recuperación de la economía. El camino hacia un estado de derecho puede ser recuperado.

Dadas las circunstancias actuales es difícil imaginar cómo Venezuela puede salir del abismo y transitar hacia una democracia que respete el estado de derecho, pero no sería el primer país que se sacude una tiranía que parece estar bien establecida. Es erróneo pensar que estamos condenados a permanecer en ella, pero también es erróneo pensar que el cambio de régimen político es una varita mágica que convierta a Venezuela en un estado de derecho. La construcción del estado de derecho es una operación de largo aliento que debe plantearse objetivos claros y mantener una direccion firme por un tiempo prolongado.

Dos propuestas

La construcción del estado de derecho no se logra con cambios en el texto de la Constitucion ni con la implantacion de un sistema electoral que garantice que la voluntad del pueblo sea respetada. Sin duda hará falta desarmar las bandas que el gobierno ha armado y les ha dado licencia para delinquir y combatir las fuerzas irregulares a las que ha dado refugio en el país. Esto requerirá un esfuerzo policial y militar importante. Aquí se destacarán aspectos que de manera general parecen ineludibles y que tienen relación con las personas a cargo de la operación del sistema jurídico: sin un trabajo adecuado sobre esta parte de operadores civiles del Estado cualquier consideración parece montada sobre el vacío. En otras palabras, si se desea un estado de derecho tenemos que prestar atención a los encargados de construirlo y operarlo.

El primer aspecto o ambito de actuacion se refiere a los jueces, fiscales y policias y supongo que el lector no tiene que ser persuadido que es un aspecto muy importante si se quiere que funcione un estado derecho. Esta es un área que fue descuidada en los dos regímenes anteriores: la democracia de partidos y los revolucionarios autoritarios que la sustituyeron. En ambos se decidió imponer un exagerado control politico que primo sobre la competencia técnica y la altura ética que deben tener quienes se desempeñen en las delicadas funciones de control y poder que constituyen esos cuerpos. Esto debería ser una lección aprendida.

En la actualidad tenemos dos tribunales supremos operando, ambos con muy discutible legitimidad. El uno tiene un buen número de magistrados que fueron designados irregularmente y/o carecen de los requisitos para ser magistrados. Sus decisiones, especialmente las de la Sala Constitucional y la Sala Político-Administrativa, lo muestran como una oficina mas del regimen. Otro grupo de magsitrados, designados conforme al procedimiento constitucional, se ha constituido como Tribunal Supremo en el Exilio pues debieron emigrar cuando el gobierno desató una persecución contra ellos. Su operación como tribunal supremo no tiene una base constitucional clara y sus decisiones, que han tenido poco impacto práctico, los muestra muy radicalizados respecto al gobierno. El artículo 22 del Estatuto que rige la Transición a la Democracia (Asamblea Nacional, 2019) preve que se incorporen al Tribunal Supremo, pero no parece posible que pueda funcionar un cuerpo con integrantes politizados y radicalmente opuestos. La recomposición institucional requiere que el Tribunal Supremo sea independiente de las banderías políticas y altamente capacitado profesionalmente.

La casi totalidad de los jueces de los distintos tribunales han sido designados sin cumplir el concurso de oposición y demás trámites que requiere la constitución. La renovación de la judicatura requiere una política pública muy cuidadosa. Dado el desprestigio de la judicatura, una de las tareas difíciles será atraer a profesionales calificados para que concursen para optar al cargo de juez. Un descabezamiento indiscriminado de la judicatura y la  designación masiva de jueces improvisados sería un mal comienzo para un régimen que quiera establecer un estado de derecho.

Lo dicho para los jueces es válido para otros funcionarios del sistema de justicia. El Ministerio Público, en particular, requiere tanta atención como la judicatura. También las policías son importantes pues son la cara del Estado en la relación cotidiana con los ciudadanos.

El segundo aspecto se refiere al ambito educativo. A mi juicio es muy importante para el mediano y largo plazo si queremos que funciona una democracia con estado de derecho. El tema educativo tiene dos vertientes: la educación cívica o de preparación de los ciudadanos y la educación de los profesionales del derecho.

La educacion civica se refiere a la comprension de como funciona un sistema político, importancia de la participación política y de los partidos, y de cómo el funcionamiento del sistema jurídico es muy importante para la garantía de los derechos de todos. La educación cívica fue desterrada de la educación secundaria desde la década de 1980 y sustituida por ‘educación pre-militar’. En otras palabras, el Estado renunció a formar ciudadanos. Queria soldados. El triunfo de los ‘salvadores de la patria’ y otros populistas tiene relación con el descuido de la educación cívica en muchos países y en Venezuela esto parece especialmente alarmante.

La formación de los profesionales del derecho es también un tema de enorme interés, pues quienes van a hacer funcionar un estado de derecho deben tener una comprensión de este y del sentido de respetar los derechos humanos. Ya antes de Chavez había una preocupante desigualdad en la calidad de la educación jurídica, pero al menos quienes se graduaban algo sabían de Derecho. Esto ya no es caso30. También aquí debemos partir de lo que tenemos y debemos estar conscientes de que más de la mitad de los graduados de abogado en la última década no han estudiado derecho y se los ha preparado para operar el sistema jurídico al servicio de la revolución. Tal vez sea el tiempo de distinguir entre los titulos de abogado y de implantar un examen de estado o comprobacion de competencias. Estos examentes de estado o comprobacion de competencias. Estos examenes son tradicionales en varios países y otros, como España y Brasil, lo han implantado más recientemente.

En resumen, la construcción de un estado de derecho no es una cuestión de puro cambio político, o incluso de una sostenida ‘voluntad política’, como generalmente se plantea. Se requiere replantear la reconfiguracion institucional y, en cuanto concierne a este trabajo, la reconfiguracion del sistema de justicia.