Seguridad y estabilidad: la oportunidad de la política de salir del pantano – Andrea Balladares Letelier

El año 2024, desde sus comienzos, se ha visualizado complejo para América Latina, con importantes cambios en conducción política y en lo económico. La CEPAL1, anunció que el año 2023 terminó con un crecimiento del 2,2% y proyecta una caída al 1,9% para el año en curso, retrocediendo 10 años en el nivel de PIB per cápita, disminuyendo así el bienestar de la población latina y lo que, además, trae consigo una insuficiencia para reducir las aún altas tasas de pobreza y de informalidad que aquejan a la región. Los pronósticos más pesimistas anticipan desaceleración, desinflación, deuda y desglobalización.

En lo político, para América Latina este año tendrá mucho movimiento electoral, con seis elecciones presidenciales: El Salvador, México, Uruguay, Panamá, República Dominicana y Venezuela, y elecciones territoriales como en Chile. Adicionalmente, los ojos estarán puestos en Brasil y Argentina. En Brasil, veremos si Lula podrá seguir sosteniendo los niveles de aprobación, con una oposición fuerte y si continuará siendo el líder regional. Para Argentina, la atención estará puesta sobre Milei, su política drástica y dura, y su falta de mayorías parlamentarias.

En el transcurso de estas elecciones, los gobiernos latinoamericanos seguirán enfrentando amenazas que están dañando el estado de derecho, la democracia y la gobernabilidad. Estas amenazas contemplan el crimen organizado, la corrupción sistémica y el populismo autoritario. Por lo mismo, es muy probable que haya un voto de castigo a las coaliciones gobernantes, la ocurrencia de balotajes sin mayorías claras, gobiernos divididos e inestables y candidatos populistas.

Desde el análisis político-electoral, el CEIUC2 plantea que es necesario tener presente los principales riesgos políticos para este año de la región. El ranking es liderado por la inseguridad, crimen organizado y narcotráfico. Sin embargo, el segundo lugar es ocupado por el aumento de la corrupción e impunidad, un problema que se arrastra hace años y muestra  un  aumento  preocupante.  La  concentración  del  poder  y  connivencia  de  élites políticas y económicas aumenta la opacidad de las burocracias estatales, al tiempo que la informalidad y la cultura de la ilegalidad contribuyen a la imbricación de la corrupción en la sociedad civil. La desafección democrática vuelve a ocupar lugares avanzados, figurando en el tercer lugar, esto por una profunda crisis de representación está afectando la confianza en  los  partidos  políticos  tradicionales  y  trasladando  las  expectativas  hacia  nuevos liderazgos con escasa estructura y experiencia de gestión que les impiden al llegar al poder contar con bases sólidas de gobernabilidad. La gobernabilidad bajo presión y rápida pérdida de apoyo de los mandatarios se ubica en el cuarto lugar, seguido por el aumento de flujos migratorios, un tema de enorme complejidad y sin una salida clara en la región. En el segundo tramo del índice se ubican la radizalización de las protestas sociales (6to lugar), la inestabilidad internacional (7mo lugar), el deterioro del clima de negocios (8vo lugar) el impacto de la tenología en la política (9no lugar) y, por último, la vulnerabilidad frente al cambio climático (10mo lugar).

1 Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe. Santiago: CEPAL, 2023.

Es por todo lo anterior que, favorablemente, la dominancia de gobiernos de izquierda en América Latina desde inicios de 2023 se ha visto reducida por triunfos de gobiernos de derecha en Paraguay, Ecuador y Argentina, y algo similar podría ocurrir para el presente año. De ser así, la distribución político regional sería menos homogénea y sin fuerzas mayoritarias que predominen.

Chile, durante las elecciones territoriales de este año, deberá seguir enfrentando las tres crisis latentes que se extienden por toda la región: (1) la crisis de gobernabilidad, con instituciones cuestionadas donde es palpable que los niveles de confianza hacia las entidades públicas  siguen  bajos, el descontento  respecto  de  la  calidad  de  los  servicios públicos  sigue  continuamente  en  alza  y  las  redes  sociales  siguen  aumentando  una velocidad a las demandas sociales que el Estado no es capaz de hacerse cargo de manera eficiente; (2) una crisis de expectativas, con confianzas dañadas con la ciudadanía. Los gobiernos no han podido adaptarse al cambio social. Mientras la ciudadanía opera bajo una lógica contemporánea, con la digitalización como acelerador, el Estado y sus instituciones siguen operando bajo ritmos de antaño; y (3) la crisis de certezas, dados los niveles de incertidumbre económicos y políticos.

Libertad y Desarrollo, en su Informe de Coyuntura Política 2024, plantea que para este año eleccionario es pertinente evaluar el impacto que tuvo en el escenario político actual, el proceso constituyente de 2023. En primer lugar, se hace presente que, tras cuatro años, la agenda constitucional se ha extinguido, a lo menos, hasta el fin de esta administración. Lo anterior, es una noticia positiva para el país y una buena oportunidad para la clase política, ya que abre una ventana de oportunidad para reconectar con las reales prioridades ciudadanas. A nivel político, el plebiscito constitucional no provocó un impacto ciudadano de amplio alcance. Los niveles de aprobación presidencial continúan estables en torno al 30%, no habiendo capitalización de esto, ni para el Gobierno ni para el Presidente. Por otro lado, tal como mencioné anteriormente, la crisis de seguridad sigue siendo el tópico de discusión política más abordada y justamente se suma a una cada vez más relevante temática de la corrupción, la que ha alejado más aún de la política a la ciudadanía tras el Caso Convenios, Caso Hermosilla y otros escándalos. Esto ha sido totalmente complejo de enfrentar y abordar para el gobierno y la coalición oficialista, más aún siendo ellos los portadores desde hace 10 años de las banderas de la transparencia y probidad como aspectos distintivos de su acción político.

Las condiciones tras el año constitucional pasado requieren el máximo esfuerzo en cuanto a unidad de todas las fuerzas de centro y de derecha. Esto es coincidente con el informe de LyD3, en primer lugar, porque el oficialismo intentará atacar puntos débiles de la oposición, es decir, esos flancos donde no existe una mirada unitaria opositora, lo que representa oportunidades para hacer avanzar en sus reformas. El caso de la Reforma de Pensiones es un reflejo de lo anterior, en términos de que el oficialismo ha sido capaz de sumar a las fuerzas “no alineadas” de la oposición como el PDG y Demócratas, para así, habiendo logrado aprobar en la Cámara de Diputados su propuesta previsional de dividir el incremento del 6% de cotización en un 3% para cuentas individuales y el otro 3% para un fondo de reparto. El Senado, será una segunda prueba de fuego para el centro y la derecha, pues, se verá la capacidad de cohesión, disciplina y convicción del amplio espectro opositor por defender definiciones con amplios niveles de respaldo ciudadano, como es el hecho de que el 100% del aumento de la cotización tenga como destino las cuentas previsionales individuales de los afiliados.

Otro tema que exigirá unidad y complicidad en nuestro sector, se relaciona a la necesidad de establecer una política de alianzas entre las fuerzas opositoras. Solo a través de esta, la oposición podrá enfrentar el desafío de arribar a una unidad efectiva para el ciclo electoral municipal y regional, cuyas elecciones se celebrarán en octubre de este año. Pese a todos los problemas que ha experimentado el Gobierno, el sólido 30% de respaldo al Presidente Boric, sumado a liderazgos presidenciales de izquierda, registran un alza en niveles de valoración, sumado al hecho de que las fuerzas de Gobierno ya consolidaron una alianza electoral amplia desde la DC al PC, perfectamente podrían hacer del oficialismo una fuerza electoral competitiva tanto en el ámbito municipal, regional, pero también parlamentario y presidencial. Asimismo, cada vez parece ser más claro el impulso de un Partido Socialista que sigue ganando espaldas en la interna del oficialismo por desarrollar una estrecha complicidad con el Frente Amplio. Si bien es cierto que en Latinoamérica, se ha desarrollado con fuerza una irrupción “oposicionista” en el cual, 8 de cada 10 elecciones están siendo ganadas por fuerzas contrarias al Gobierno de turno, este número, no es garantía de éxito alguna, en sí mismo, que se pueda repetir en Chile, si no se fortalece la unidad de la oposición doméstica. Es por esto, que debemos potenciar liderazgos más duros e incidentes, organización de opinión y sobre todo disciplina.

Hay que prestar atención en figuras históricas de la política contemporánea. La irrupción de estos personajes en la campaña constitucional de 2023, pueden haber tenido un respiro, siendo la más importante de ellas la vuelta a lo público de la ex presidenta Michelle Bachelet como potencial candidata presidencial del oficialismo para las presidenciales del año 2025. Su desempeño en la campaña constitucional, sumado al apoyo público que ha brindado al gobierno y a su propia imagen positiva (que alcanza un 57% según la encuesta Cadem de la 3ra semana de marzo), la han posicionado nuevamente con un piso aparentemente sólido para pensar en volver a competir. En esta misma línea, en la última encuesta Pulso Ciudadano, con salida de campos en marzo, la ex presidenta alcanzó un 8,1% de las preferencias presidenciales (un crecimiento de 3 pp respecto a enero), ubicándose en tercer lugar tras la alcaldesa Evelyn Matthei (24,9%) y José Antonio Kast (11,7%) y por sobre otras cartas del sector como la ministra Camila Vallejo (4,5%).

El ICP, coincide que con estos casi dos años de gestión de Gabriel Boric, quedó claro que aproximadamente un tercio de la población respalda al Gobierno. Aunque sea cierto que solo un 30% de aprobación a la gestión, no es una buena noticia para ningún gobierno, cabe recordar que estos poseen ciclos expresados en las cifras de aprobación ciudadana. En este sentido, al observar las tendencias respecto a esto último, los gobiernos comienzan con una buena aprobación, para luego disminuir según avancen los meses, alcanzando los peores resultados durante el segundo y tercer año de mandato y, finalmente, recuperarse paulatinamente durante el cuarto año. Teniendo en consideración estos antecedentes, es que el tercio de apoyo que hoy obtiene el presidente Boric deja de ser un pasivo y se transforma en un potencial activo4. Así, haciendo comparaciones con los anteriores dos gobiernos, observamos, en primer lugar, que hoy el presidente Boric cuenta con un mayor índice apoyo que el que registraban los expresidentes Bachelet y Piñera al mismo momento de sus respectivos últimos mandatarios. En segundo lugar, los niveles de aprobación de los expresidentes Bachelet y Piñera fueron sustancialmente mayores al momento de realizarse la elección presidencial que eligió a sus sucesores.

En esta línea, se podría afirmar que está dentro de las posibilidades de que el actual Gobierno alcance niveles de aprobación superiores hacia fines del próximo año. Esto significa que la coalición de gobierno tiene posibilidades de enfrentar la próxima elección presidencial de forma competitiva, sobre todo si es que su carta es una figura como Michelle Bachelet que mantiene un amplio respaldo ciudadano y que logra aunar a distintas facciones de la izquierda, desde los partidos de la ex Concertación al FA y PC. Ante este escenario y a pesar de las tendencias internacionales que comenté anteriormente, en donde las fuerzas de oposición han ganado la mayoría de las elecciones que disputan, ningún sector político puede pensar que las próximas elecciones presidenciales están definidas. Ante esto, el llamado para este año es unidad, inteligencia electoral y, por sobre todo, demostrar garantías de estabilidad.

Más aún, para la derecha chilena, la peor elección municipal desde el 2000 en adelante fue la última del año 2021. Se obtuvieron 87 alcaldías, habiendo tenido en los mejores momentos 145 alcaldes, cifra que para este año es desde de las municipalidades que se deben recuperar.

Muy probablemente, en estos comicios, la balanza de autoridades electas esté equilibrada para ambos sectores, lo cual es favorable para la actual oposición, pues los principales temores de los electores, siguen siendo la seguridad, crimen organizado y narcotráfico, lo cual es una ventaja para la derecha si logra dar confianzas y seguridades de combatir esto con medidas de urgencia e inmediatez. Sin embargo, las alianzas que se hagan entre los seis partidos que no son oficialistas: los dos del centro, los tres de Chile Vamos y el Partido Republicano, también es fundamental, en virtud de que puedan dar muestras de gobernabilidad y certezas de estabilidad a los votantes.