El Salvador 2024: la consolidación del régimen autocrático – Ruth Eleonora López Alfaro

El quinquenio 2019-2014 en El Salvador estuvo marcado por las suspensiones y vulneraciones de derechos , cooptación del sistema de rendición de cuentas, reformas a los sistemas electorales, de compras públicas y persecución penal; la instalación del control gubernamental de la narrativa a partir de la opacidad, y la espectacularización de las decisiones presidenciales. También, aumentó la pobreza extrema, disminuyó la inversión extranjera, se obtuvo el más bajo crecimiento económico de la región, se contrajo el espacio cívico, se redujeron los homicidios según las cifras oficiales, mientras se instalaba un régimen autoritario con innumerables señalamientos de corrupción.

Por lo tanto, es necesario analizar el contexto del proceso electoral, las reformas a los sistemas electorales y las irregularidades de las jornadas eleccionarias, hacer una evaluación de los resultados electorales y exponer los desafíos de El Salvador ante la pérdida total del rumbo democrático iniciado desde los Acuerdos de Paz en 1992.

El proceso electoral 2024 en El Salvador se llevó a cabo en el contexto de un régimen de excepción instaurado por el Ejecutivo que a la fecha de las elecciones cumplía 22 meses. Esta situación tiene efectos negativos en cuanto al respeto de los derechos y garantías necesarias para celebrar elecciones libres y, además, fue un elemento utilizado o instrumentalizado política y electoralmente por el gobierno para su beneficio. De hecho, la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (MOE/OEA) en su informe preliminar para la jornada electoral presidencial y legislativa del 4 de febrero 2024 afirmó que “llevar adelante procesos electorales bajo regímenes de excepción puede obstaculizar su normal organización y desarrollo”.

Según una reciente investigación de la Fundación Cristosal se constató que en el periodo electoral hubo “un aumento en las denuncias de detenciones arbitrarias, arresto de líderes comunitarios, imposición de cuotas diarias de capturas a los cuerpos de seguridad, recaptura de personas liberadas, instauración de cercos militares y policiales en comunidades, así como la presencia militar en centros de votación e intimidación de simpatizantes y militantes de partidos de la oposición”, lo que pone en cuestión el ejercicio libre del sufragio. 

Sin dudas, el reciente proceso electoral 2024 establece un antes y un después en la dinámica democrática de El Salvador a partir de una serie de condiciones y aspectos que ponen en duda la transparencia, la legalidad y la equidad de la contienda, lo que repercute negativamente en los derechos de la ciudadanía, tal es el caso de la separación de la elección general en dos jornadas eleccionarias sin una razonabilidad técnica de la decisión de la autoridad electoral y con una clara intencionalidad de arrastre de preferencias de la elección presidencial sobre la legislativa y marcando una distancia con el talón de Aquiles de la gestión del partido oficial: los gobiernos locales. 

Otros aspectos relevantes que condicionaron negativamente el desarrollo del proceso son: primero, la falta de entrega de la deuda política a los partidos políticos de oposición sino hasta 3 días antes de que se celebrara la jornada eleccionaria, en franca violación del artículo 210 de la Constitución; segundo, hubo y hay un ausencia en el control del financiamiento político, asegurando la impunidad de funcionarios que utilizaron bienes y fondos estatales para campaña, bajo la inactividad cómplice del árbitro electoral que incumplió su deber legal de fiscalizar; tercero, inobservancia reiterada de las obligaciones de transparencia del partido de gobierno Nuevas Ideas; y cuarto, se desplegó una campaña electoral ilegal sobre todo por parte del partido oficialista, sin ningún control, según el Consorcio Nacional Observa El Salvador, abandonando el TSE su rol de juez electoral.

Reformas que modificaron las reglas electorales

Aún cuando es necesario explicar de forma breve las reformas que afectaron las reglas de funcionamiento de los cuatro sistemas electorales salvadoreños, se debe destacar que el punto de partida fue la eliminación de la regla de garantía de la inamovilidad de las pautas del juego electoral un año antes de las elecciones, lo que provocó el desajuste del sistema para producir cambios para favorecer a una fuerza política determinada y la reconfiguración del sistema de partidos políticos.

El cambio más importante en el sistema electoral presidencial fue la “habilitación” inconstitucional e ilegal de la reelección presidencial inmediata, avalada por una resolución fuera de todo marco constitucional y legal de quienes ostentan desde el 1 de mayo de 2021 inconstitucionalmente los cargos de magistrados de Sala de lo Constitucional, a partir de la destitución de los legítimamente electos en 2018, caso actualmente tramitado ante la CIDH. El modelo de reelección diferida definido en la Constitucional se pulverizó a partir de la violación de al menos 7 artículos de la Constitución que contienen reglas de prohibición de la reelección inmediata y que no permiten inclusive que sean modificadas, volviéndolas pétreas.

En el caso del sistema electoral legislativo se disminuyó de 84 a 60 el número de escaños y con ello la magnitud de las circunscripciones, también se modificó la fórmula electoral transitando de una fórmula Hare (cociente y residuos mayores) a una D´Hondt, lo que impacta también el sistema de elección del Parlamento Centroamericano. Con ello los sistemas se volvieron menos plurales y representativos, beneficiando a los partidos con mayor cantidad de votos y produciendo una sobrerrepresentación, lo que contraviene los principios de igualdad del sufragio, el de representación proporcional y el de pluralismo político. Con la fórmula anterior, Nuevas Ideas habría obtenido 10 escaños menos y habría representación de otros institutos políticos que no lo lograron según los resultados electorales, tal es el caso de GANA y FMLN. 

Debe recordarse que en las fórmulas proporcionales existen dos grandes familias: las de divisor y las de cuota. En cada una de ellas existe una fórmula que no tiene un sesgo de beneficio hacia partidos pequeños o grandes. Estás son Saint Lagüe y Hare con Restos Mayores respectivamente. De la misma manera, estas familias albergan fórmulas con sesgos marcados, siendo en las de divisor la fórmula D’Hondt la que mayor sesgo tiene hacia los partidos grandes. Por tanto, si lo que se buscaba con el cambio de fórmula era quitar los residuos (propios de las fórmulas de cuota), pero tratando de mantener la proporcionalidad, se debió pasar a Saint Lagüe y no a D’Hondt. 

Adicionalmente, en el caso legislativo, se cargaron los dados a favor del partido oficialista Nuevas Ideas al aprobarse el voto en el exterior, que asignó de manera inconstitucional todos los votos de los salvadoreños con domicilio en el exterior reconocido en su Documento Único de Identidad a la circunscripción de San Salvador, generando una distorsión de la representación. Asimismo, se advierte el uso de un censo desactualizado y la privatización por el TSE del proceso electoral en el exterior, al otorgar un contrato “llave en mano” a una empresa para la gestión e implementación del voto desde el exterior, tanto en su modalidad virtual como presencial, perdiendo el control de la votación en el exterior tal como reconoció uno de sus magistrados.

Finalmente, se modificaron también inconstitucionalmente las circunscripciones municipales disminuyéndolas de 262 a 44, careciendo de toda fundamentación y afectándose el carácter representativo del gobierno en la búsqueda de favorecer electoralmente al partido Nuevas Ideas. El resultado del 3 de marzo lo comprueba: de 151 alcaldías que gobernaba desde 2021, habría perdido 31, incluyendo 8 de las 14 cabeceras departamentales, de las que gobernaba 13. 

Irregularidades posteriores a la jornada electoral

Las irregularidades durante las jornadas electorales no se hicieron esperar, las más graves se reportaron el 4 de febrero cuando se celebraron las elecciones más importantes para el oficialismo: presidencial y legislativa. Las más relevantes y con trascendencia en el ejercicio libre del sufragio fueron los cambios injustificados en el registro de voto residencial, incluyendo cambio de lugares de votación para los ciudadanos y hasta eliminación del padrón; propaganda electoral ilegal con llamado del presidente de la República a votar a favor del partido de gobierno, presencia de propaganda electoral del mismo partido en al menos el 55% de los centros de votación o en sus cercanías e inducción al voto en al menos el 9% de los centros de votación y en el exterior; divulgación de una encuesta “a boca de urna”; la suplantación, en al menos el 80% de las mesas de votación a través de personas designadas o propuestas únicamente por el partido Nuevas Ideas, lo que asegura el control del escrutinio y el proceso fallido de procesamiento y transmisión de resultados.

Todo acompañado de la inactividad de la autoridad electoral y la correspondiente ausencia de decisiones oportunas y eficientes del TSE ante crisis de sistema de transmisión.

A todas esas irregularidades durante la jornada se le suman otras que ocurrieron durante el proceso de escrutinio, señaladas por OEA bajo una especial actitud y comportamientos intimidatorios que afectaron el desarrollo del proceso de escrutinio según lo manifestó el informe de Observa EL Salvador 2024., así como agresiones a periodistas por personas identificadas del partido oficialista. La Asociación de Periodistas de El Salvador, APES ha comunicado que durante el proceso electoral se registraron 319 afectaciones a la prensa, de los cuales 224 son casos de agresiones.

Los resultados

El análisis de los resultados electorales debe realizarse a partir de las jornadas y por tipo de elección.

En cuanto a la elección presidencial, como era de esperar, ante la falta de una contienda vigorosa, propuestas aglutinadoras y una campaña de miedo sobre un eventual cambio de política de seguridad, el presidente de la República fue reelegido (inconstitucionalmente) por el 82.66% del total de votos emitidos y el 84.5% de los votos válidos, en una elección en la que votó solo el 52.60% de los electores aptos para votar que sumaban 6,214,399 teniendo en cuenta a los salvadoreños con dirección de residencia en el exterior. Mientras que el mismo partido, para la elección legislativa celebrada el mismo día, obtendría más de 501,394 votos menos que respecto de la presidencial; es decir 14.6%; sin embargo, debido al cambio de fórmula, la magnitud de las circunscripciones, el uso de un censo desactualizado y la asignación artificial de electores a la circunscripción con más escaños en disputa, el partido oficialista obtuvo el 90% de los escaños con el 70.56% de los votos válidos, por lo tanto, de no haber habido cambio en la fórmula electoral, en lugar de 54 escaños de 60 habría logrado 44, perdiendo la mayoría supercalificada, necesitando de acuerdos con otros partidos políticos.

Tabla 1. Distorsión de escaños por fórmula D´Hondt