Cobertura Electoral en Regímenes Autocráticos: El caso venezolano (2013-2022) – Maru Morales P.

En 2017, Venezuela dejó atrás cualquier vestigio del modelo de democracia electoral que rigió al país con altos y bajos entre 1958 y 1998, y que para ese año aún pudiera subsistir. A partir de allí el país entró de lleno en una autocracia electoral con visos de autocracia cerrada, de acuerdo a los parámetros establecidos por el Varieties of Democracy Institute, Instituto V-Dem en español.

Gráfico 1. Índice V-Dem de Democracia Liberal. Escala 0 = autocracia; 1 = democracia. 

Como mencionamos en un artículo anterior, referido al derecho a la libertad de expresión entre 1999 y 2012¹, las cuatro categorías que maneja V-Dem para clasificar los sistemas políticos son:

• Democracia liberal, donde existe un funcionamiento pleno de los derechos, deberes, garantías e instituciones democráticas;
• Democracia electoral, donde funcionan las instituciones y existen elecciones libres, pero hay limitaciones en el ejercicio de algunos derechos; 
• Autocracia electoral, donde las instituciones, las elecciones y el disfrute de los derechos son condicionados y solo sirven para garantizar la permanencia de un grupo político en el poder; 
• Y autocracia cerrada, donde no hay elecciones, ni derechos ni instituciones independientes que protejan a los ciudadanos.

Cuando miramos la evolución del Índice de Democracia Liberal, para Venezuela desde 1959 hasta 2022, en la mencionada escala de 0 a 1, encontramos lo siguiente: 

• Entre 1958 y 1998, Venezuela registró un promedio de 0.56; es decir, mantuvo parámetros de una democracia electoral que en la década del 90 apuntó tímidamente hacia la democracia liberal, al alcanzar un puntaje de hasta 0.63 en 1991.
• Entre 1999 y 2022, el promedio de este indicador para Venezuela fue de 0.16, claramente ya dentro de los rasgos de una autocracia electoral.
• En el período de Hugo Chávez (1999-2012), el indicador se ubicó en 0.22.
• En el período de Nicolás Maduro (2013-2022), el promedio es de 0.08, rozando el 0.05 registrado durante la dictadura que gobernó desde noviembre de 1948 hasta enero de 1958.

Este índice, de acuerdo a la explicación de V-Dem, recoge el nivel de protección de los derechos de los individuos y las minorías frente a la tiranía del Estado y a la tiranía de la mayoría. En este parámetro, la calidad democrática o autocrática del sistema político se mide por los límites bajo los cuales actúa el gobierno. Estos límites se logran con una presencia balanceada de libertades civiles protegidas constitucionalmente, un Estado de Derecho fuerte, un Poder Judicial independiente y controles y equilibrios efectivos que limiten el ejercicio del Poder Ejecutivo.

Cobertura electoral bajo asedio

Con ese marco conceptual y a petición de la Revista Democratización, presentamos esta investigación que describe cómo es el trabajo periodístico de cobertura de procesos electorales en contextos autoritarios, específicamente en el caso venezolano entre 2013 y 2022, y que se resume en:

• Negativa de acceso a la fuente electoral oficial: los medios independientes no pueden obtener entrevistas exclusivas de los rectores del CNE o sus técnicos de alto nivel. En las ruedas de prensa se les limita su posibilidad de preguntar.
• Negativa del CNE a emitir acreditaciones para la cobertura electoral a determinados medios de comunicación o periodistas críticos, sean estos nacionales, regionales, locales o extranjeros.
• Negativa del acceso a la prensa a los centros de votación o su expulsión, aun contando con una acreditación oficial.
• Detención injustificada de periodistas durante cobertura de elecciones, por lapsos que van desde minutos hasta días, llegando en algunos casos hasta la presentación del periodista en tribunales.
• Destrucción de material informativo (fotos o vídeos), decomiso de memorias digitales y/o equipos; hurto o robo durante la jornada electoral o la campaña electoral.
• Agresiones físicas a periodistas, equipos informativos o medios de comunicación por parte de simpatizantes de una tendencia política, funcionarios de seguridad o funcionarios de entes públicos, antes, durante o después de las elecciones.
• Amenazas, intimidación pública o persecución judicial a comunicadores de alto perfil por parte de altos funcionarios del Estado.
• Censura previa o posterior de contenidos por parte de organismos públicos como Conatel.
• Hackeo de cuentas electrónicas, redes sociales y/o dispositivos de comunicación de periodistas por parte de funcionarios u organismos de seguridad del Estado.
• Bloqueo de IP de portales informativos y supresión de los servicios de cable de medios internacionales de noticias, ordenados por el Estado, antes, durante o después de las elecciones.

En las siguientes páginas el lector podrá observar cómo ha evolucionado la acción del gobierno venezolano, encabezado por Nicolás Maduro a partir de abril de 2013, contra el derecho a la libertad de expresión y su efecto en la cobertura de elecciones. 

Para ello nos hemos basado en el monitoreo anual de ese derecho que lleva adelante la organización no gubernamental venezolana, Espacio Público (EP), desde 2002. A lo largo de este trabajo, las datas de V-Dem y EP se cruzarán entre sí.

Como conclusión de esta investigación nos referiremos al informe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea para Venezuela, sobre las elecciones de noviembre de 2021. La acogida o rechazo de las recomendaciones de la MOE-UE por parte del Estado venezolano determinará la dinámica de la cobertura periodística para el ciclo electoral 2023-2025. Ese ciclo contempla la elección primaria de la oposición, la elección presidencial y las elecciones de Asamblea Nacional, gobernadores y alcaldes.

I

2013-2022. Los peores 10 años para la prensa libre en Venezuela

Como punto de partida, consideramos pertinente señalar que la práctica autoritaria en Venezuela no inició repentinamente el día de la toma de posesión de Maduro, sino que este heredó y perfeccionó de su mentor, Hugo Chávez, una práctica de conducción del Estado especializada, entre otros elementos antidemocráticos, en reducir el espacio de participación electoral y la alternancia política.

En un artículo anterior² ahondamos sobre cómo se construyó progresivamente la lógica de cerco a la libertad de expresión y persecución a los medios.

Para una mirada en profundidad sobre el uso de las elecciones y las condiciones electorales para socavar la democracia, recomendamos el artículo de Javier Corrales, “El retroceso democrático por irregularidades electorales: el caso Venezuela”³.

Ahora bien, para una descripción más detallada del período de gobierno que nos ocupa, hemos dividido estos diez años en tres etapas. 

Una primera etapa, que va desde el ascenso de Maduro a Miraflores, en abril de 2013, hasta la elección parlamentaria de diciembre de 2015.

Una segunda fase, a partir de enero de 2016 hasta diciembre de 2020, cuando la coalición gobernante encabezada por Maduro, cierra toda ventana de pluralidad y alternancia en el poder.

Y por último, el período que va desde enero 2021 hasta diciembre de 2022. En esta etapa, la coalición gobernante permite mínimas condiciones de participación política y coincide, no por casualidad, con el inicio de una investigación en la Corte Penal Internacional de La Haya contra sus líderes.

Gráfico 2. Índice V-Dem de Libertad de Expresión y Fuentes Alternativas de Información.

Escala 0 = sin libertad de expresión; 1 = libertad de expresión plena. 

Entre 2013 y 2022, el Consejo Nacional Electoral organizó 15 procesos electorales, incluyendo elecciones nacionales, regionales o municipales y primarias partidistas. Además, la oposición llevó adelante dos consultas populares organizadas de su cuenta. En promedio, 1,5 procesos electorales por año, similar al promedio de los 14 años anteriores (1999-2012) que fue de 1,4 elecciones por año.

De manera que la frenética dinámica de los procesos electorales se mantuvo en este período, a la par que se mantuvieron, en líneas generales, todos los esfuerzos gubernamentales para:

• Desincentivar la participación política
• Impedir el ascenso electoral de factores distintos al PSUV
• Anular a los partidos de la oposición
• Y garantizar por la fuerza que el principal mensaje que llegue a la población a través de los medios que sobreviven en el país, sea el mensaje gubernamental-partidista del PSUV

En este período hubo dos años sin ningún proceso electoral: 2016 y 2019. El primero tuvo toda la agitación que implica un año de elecciones, pues se ocupó desde enero hasta septiembre con los preparativos del referendo revocatorio presidencial contra Maduro. 

Pero el proceso no se concretó porque luego de meses de trabas e imposición de requisitos y lapsos inverosímiles por parte del CNE, finalmente la coalición gobernante recurrió a un juez penal de un tribunal regional sin competencia electoral, para suspender el proceso.

En la otra acera, 2017 registró hasta cuatro procesos electorales, pero de acuerdo al modelo teórico desarrollado por el Instituto V-Dem, 2017 es paradójicamente el año que marca el inicio de la autocracia en Venezuela. 

Si bien desde 2013, con el ascenso de Nicolás Maduro al poder, V-Dem comienza a mostrar una caída más drástica en casi todos los indicadores de democracia en Venezuela, el bienio 2016-2017 es el momento cuando las instituciones, las elecciones y el disfrute de los derechos pasaron claramente a estar condicionados a la simpatía con la coalición gobernante (o en su defecto, al silencio de cualquier disidencia).

Y, por otro lado, esas elecciones, esas instituciones y el disfrute de los derechos comenzaron a ser concebidos únicamente como instrumento para garantizar la permanencia del grupo político en el poder.

En ese contexto de sucesivas elecciones y consultas ciudadanas, entre 2013 y 2022 se duplicó el número de casos de violaciones a la libertad de expresión documentados por Espacio Público en comparación al gobierno de Hugo Chávez.

Mientras que entre 2002 y 2012 el total de casos documentados por la ONG fue de 1575, entre 2013 y 2022, la cifra total de casos aumentó a 3497. En esos diez años de mandato de Maduro, Espacio Público contabilizó:

• 1839 casos de intimidación.

• 1452 casos de censura.
• 691 casos de restricciones administrativas.
• 595 casos de agresión.
• 550 casos de hostigamiento verbal.
• 482 casos de amenaza.
• 322 casos de hostigamiento judicial.
• 125 casos de ataque.
• 9 asesinatos de periodistas.
• 8 casos de restricciones legales.

Algunas definiciones preliminares

De acuerdo a la metodología⁴ de Espacio Público, cada caso registrado puede contener más de un tipo de violación a la libertad de expresión y más de una víctima. 

Los tipos de violaciones, principalmente contra los periodistas y los medios, que Espacio Público registra cada año en sus informes son los siguientes: 

• Agresión: periodistas heridos o golpeados por civiles o fuerzas de seguridad.
• Ataque: medios de prensa dañados o asaltados por la difusión de noticias y opiniones.
• Amenaza: mensajes directos o indirectos contra el periodista o sus familiares, ataque a sus propiedades (casa, vehículo), seguimiento a su familia.
• Censura: prohibición oficial, ediciones confiscadas, restricciones o impedimentos para difundir noticias u opiniones, despido de periodistas, suspensión de espacios audiovisuales, confiscación o destrucción de equipos de trabajo, discriminación en la asignación de publicidad oficial, denegación de visas a periodistas extranjeros.
• Intimidación: denegación de acceso a edificios públicos, restricciones para desplazarse, inspecciones fuera de rutina, espionaje o seguimiento, detenciones sin orden judicial, amenaza de funcionarios, asalto a periodistas durante su jornada de trabajo.
• Hostigamiento judicial: amenazas de funcionarios de iniciar acciones judiciales, demandas por calumnia e injuria para inhibir la difusión de un hecho, condenas a pagar indemnizaciones, intento de obligar a periodistas a revelar su fuente, arresto o detención con orden judicial, allanamiento de medios de comunicación.
• Hostigamiento verbal: insultos o descalificaciones, narrativa que describe a la prensa como adversario político, aprobación de resoluciones o declaraciones de entes públicos para repudiar artículos periodísticos.
• Restricciones legales: aprobación de leyes restrictivas para la libertad de prensa o presentación de proyectos legislativos o decretos del Poder Ejecutivo con esa finalidad.
• Muerte: periodistas asesinados mientras realizaban su trabajo o por motivo de este luego de la realización del mismo.

II

2013-2015. Se traza la ruta para un nuevo ecosistema de medios  

Nicolás Maduro fue proclamado ganador de la elección presidencial el 14 de abril de 2013, tras la repetición de ese proceso por la muerte de Hugo Chávez, anunciada el 5 de marzo. El estreno de lo que sería su política comunicacional se dio el mismo día de su elección, con una caída nacional del servicio de Internet, provocada por el Estado, justo cuando se producía el cierre de centros de votación y las primeras transmisiones de votos electrónicos, tal como lo reportó EP en su Informe 2013⁵.

Ese abril, en el que Maduro pasó de presidente encargado a presidente constitucional, las violaciones a la libertad de expresión aumentaron en 571 %, en comparación con el mismo mes del año anterior. 

Entre 2013 y 2015 se realizaron tres procesos electorales en Venezuela:

• 2013, elección presidencial en abril y elección municipal en diciembre. 
• 2014, elecciones municipales San Cristóbal estado Táchira, y San Diego de Carabobo, por la destitución de dos alcaldes opositores recién electos en 2013.
• 2015, primarias de la MUD en mayo; primarias del PSUV en junio y elecciones legislativas en diciembre.

De acuerdo a EP, en estos tres años se registraron 807 casos de violaciones a la libre expresión de los cuales 270 fueron hechos de censura, 233 de intimidación y 163 de hostigamiento verbal, donde las principales víctimas fueron reporteros, fotógrafos, páginas web y medios de comunicación en su conjunto.

El año 2014 por ejemplo, fue especialmente violento contra los medios de comunicación que salieron a dar cobertura a las protestas callejeras convocadas por un sector opositor contra el gobierno de Nicolás Maduro. 

Ese año se produjeron más de la mitad de los atropellos de todo el período 2013-2015. De las 159 agresiones de este lapso, 93 ocurrieron en 2014; de los 42 ataques, 30 se registraron ese año; de los 270 hechos de censura, 145 pasaron en 2014, solo por mencionar tres cifras.

Un instrumento y una estrategia contra la prensa libre

Desde el punto de vista netamente político e institucional, la derrota del chavismo en la elección parlamentaria de 2015 fue el disparador de toda una serie de acciones posteriores de la coalición gobernante en contra de las instituciones democráticas y la legalidad. Pero dos años antes de ese evento, Maduro ya había mostrado claramente cuál sería su plan de acción frente a los medios de comunicación.

En 2013, Espacio Público reporta el cierre de programas de televisión y de radio, así como el bloqueo de sitios web cuya característica en común era la crítica a la gestión del gobierno. 

Ese mismo año, entre la elección presidencial de abril y la municipal de diciembre, el gobierno de Maduro creó el instrumento y la estrategia para silenciar la crítica y la disidencia en su gobierno. 

El instrumento: la Corporación Editorial Alfredo Maneiro; la estrategia: la compra de medios de comunicación por parte de grupos empresariales o empresarios con vínculos en el gobierno.

El objetivo de la Corporación Editorial Alfredo Maneiro fue desde el principio impedir el libre acceso a divisas para la importación de insumos para la producción de periódicos y revistas y monopolizar el acceso al papel periódico⁶.

Vale mencionar que el primer presidente de Maneiro, Hugo Cabezas, fue detenido en abril de este año 2023 por una trama de corrupción en las estatales Corporación Venezolana de Guayana y Cartones de Venezuela.

En todo caso, el declive y transformación de los medios impresos, que en otros países se dio como consecuencia de la evolución tecnológica y de preferencias del público, en Venezuela fue resultado de una política de cerco a la libre circulación de información. 

Primero cayeron los periódicos más pequeños, los regionales y locales de alcance reducido, dejando a los habitantes del interior del país sin espacios de crítica, análisis independiente y comparación de gestión de gobernantes o de propuestas de candidatos. Entre 2013, 2014 y 2015 cerraron diarios en Anzoátegui, Nueva Esparta, Caracas, Cojedes y Sucre. 

En paralelo, el lector venezolano vio la mutación de la línea editorial de medios críticos, que ahora pasaban a hacerse eco de la narrativa gubernamental, en medio de procesos de compra-venta, poco transparentes. Los casos más emblemáticos fueron los de Últimas Noticias (Cadena Capriles) y El Universal, vendidos en 2013 y 2014, respectivamente, a grupos empresariales vinculados a personeros del gobierno venezolano.

El canal de televisión Globovisión, entró en esta dinámica también. Luego de al menos una década de persecución judicial contra sus dueños, acoso administrativo, ataques a sus periodistas, finalmente en 2014 el medio fue comprado por el empresario Raúl Gorrín. Cinco años más tarde, en 2019, Gorrín fue incluido en la lista de sancionados por Estados Unidos, por su presunta vinculación en tramas de lavado de dinero y sobornos.

III

2016-2020. Ruptura del orden constitucional y cárcel para el periodista Roland Carreño

Este período coincidió en lo político con la legislatura 2016-2021, que en teoría debió liderar la oposición, tras haber ganado la mayoría de las curules de la Asamblea Nacional. Pero desde Miraflores, ese Parlamento fue condenado a la extinción: cercenó su integración; inhabilitó, encarceló o forzó al exilio a sus miembros; le quitó el financiamiento estatal; le arrebató sus competencias constitucionales y condujo al resto de los poderes e instituciones del Estado a desconocerlo.

En este lapso hubo ocho procesos electorales que convocaron a los venezolanos:

• 2017, en julio, una consulta popular opositora (presencial) para rechazar la elección de la Asamblea Constituyente; y ese mismo mes, la elección constituyente; en octubre, unas regionales y en diciembre unas municipales.
• 2018, en abril la elección presidencial convocada de forma adelantada, y la elección de concejos municipales en diciembre.
• 2020, en diciembre consulta popular opositora (presencial y virtual), para rechazar la convocatoria a elecciones parlamentarias. Unos días más tarde, las elecciones parlamentarias.

La estrategia de cerco a los medios independientes no se detuvo, y los periodistas enfrentaron este período con cada vez menos medios tradicionales de alcance nacional para hacer su trabajo. Entre 2016 y 2018 dejan de existir las ediciones impresas de emblemas del periodismo venezolano: El Carabobeño con 82 años de existencia, y El Nacional con 75 años de circulación. Otros 10 medios regionales y locales dijeron adiós.

En estos cinco años, Espacio Público registró 2219 casos de violaciones a la libertad de expresión, casi triplicando los casos de los primeros tres años de gobierno de Maduro. Resalta que los hechos de intimidación fueron en este lapso los más recurrentes, con un total de 1362 casos.

Le siguen 844 eventos de censura, 497 restricciones administrativas, 427 agresiones, 313 amenazas, 350 hechos de hostigamiento verbal, 158 casos de hostigamiento judicial, 71 ataques, siete muertes y seis restricciones legales.

2017, el año fatídico

2017 fue el año del inicio de la autocracia electoral en el país, de acuerdo a las investigaciones comparativas desarrolladas por el politólogo John Magdaleno. Las principales señales de que el sistema político venezolano dio ese paso dramático, son:

• Ruptura del orden institucional propiciada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia⁷. 
• Represión generalizada contra protestas ciudadanas registradas entre abril y julio de 2017, causando la muerte de 150 personas, como lo recogen Provea⁸ y el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social⁹.
• Instalación de una Asamblea Constituyente en julio de 2017, ilegítima en su convocatoria y tras un proceso electoral amañado, según denunció posteriormente la empresa Smartmatic, antigua contratista del Poder Electoral venezolano.

• Supresión de la mínimas condiciones de competencia electoral por parte del CNE, minando cualquier posibilidad de acceso al poder para la oposición, tal como lo denunció la Mesa de la Unidad Democrática en octubre de 2017¹⁰.
• Invención de trámites y formalidades no previstas en la Constitución, para que los gobernadores y alcaldes electos ese año 2017 pudieran asumir sus funciones.
• Bloqueos de acceso a cada vez más portales digitales de noticias.
• Persecución, acoso y expulsión del país de los corresponsales extranjeros.
• Aprobación de una “Ley contra el Odio” por parte de la Asamblea Constituyente, para generar censura, autocensura y censura previa en las comunicaciones en redes sociales¹¹. 

En ese contexto, los casos de violaciones a la libertad de expresión se dispararon en 2017: un total de 708 casos, el registro más alto en toda la data de Espacio Público. Las acciones contra los periodistas y los medios fueron claras:

• 54 emisoras de radio y ocho canales de televisión regional salieron del aire. 
• 17 medios impresos que dejaron de circular por falta de papel. 
• Cinco canales internacionales fueron sacados de las operadoras de TV por cable.
• 13 sitios web informativos fueron atacados o bloqueados ese año.
• 17 corresponsales extranjeros fueron expulsados, se les impidió la entrada, o fueron detenidos e incomunicados por la policía aeroportuaria por varias horas. 
• 51 vulneraciones del derecho a la libre expresión en Internet.
• Más de 20 periodistas de Táchira, Mérida, Bolívar, Yaracuy, Nueva Esparta y Distrito Capital, y otros, no fueron acreditados por el CNE para cubrir las elecciones de ese año.
• Conatel advirtió a los medios de comunicación audiovisuales no utilizar la expresión ‘consulta popular’ para referirse a la convocatoria de la oposición para el 16 de julio y ‘tener cuidado con esa cobertura’, por considerar que la actividad estaba al margen de la Constitución¹². 
• El CNE emitió un documento denominado “Lineamientos de cobertura de medios de comunicación en centros de votación”, contentivo de una serie de prohibiciones para la cobertura de la elección constituyente del 29 de julio¹³.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) informó que solo entre el 31 de marzo y el 24 de junio de 2017, 376 trabajadores de prensa habían sido agredidos por las fuerzas de seguridad y otros 33 habían sido detenidos ilegalmente.

Los años posteriores a 2017 no fueron mejores para la prensa. En 2018 por ejemplo, aunque el número de casos bajó de 708 a 387 en comparación con 2017, el número de actos de intimidación apenas descendió desde 304 a 245. En 2019, los actos de intimidación superaron incluso los de 2017, llegando a un total de 334; y en 2020 la cifra de intimidación alcanzó los 356 casos.

El 26 de octubre de 2020 fue detenido el periodista venezolano y activista del partido Voluntad Popular, Roland Carreño. Para la fecha de su detención, Carreño formaba parte del equipo político del diputado Juan Guaidó, quien desde enero de 2019 se juramentó como presidente encargado de Venezuela, tras la declaratoria del vacío de poder en la presidencia de la República, por parte de la Asamblea Nacional.

A la fecha de redacción de este texto, julio de 2023, Carreño sigue tras las rejas y su juicio ha sido iniciado en cuatro oportunidades, pues conforme a la legislación venezolana, cuando un juicio cumple más de diez días sin audiencia, debe comenzar desde cero. El reinicio más reciente fue el 16 de enero de 2023.

IV

2021-2022. Reacomodo con miras a 2024, en medio de la investigación de la CPI

Entre enero de 2021 y diciembre de 2022, se realizaron tres procesos electorales: las primarias del PSUV en agosto de 2021, las elecciones de gobernadores, alcaldes y cuerpos legislativos estadales y municipales en noviembre de 2021; y la repetición de las elecciones para gobernador de Barinas, en enero de 2022.

Esta última se produjo luego de que una jugada política entre el TSJ y la Contraloría General, anulara la victoria del opositor Freddy Superlano del 21 de noviembre de 2021.

En términos de garantías políticas y electorales hubo una levísima mejoría de cara a la elección de noviembre de 2021:

• La coalición gobernante liberó a algunos presos políticos o levantó amenazas contra algunos dirigentes exiliados y les permitió la participación electoral.
• Por orden del Ejecutivo se frenó el arrebato de una de las tres tarjetas partidistas secuestradas en 2020 por decisión del TSJ, y se restituyó a la oposición el uso de la tarjeta electoral de la Mesa de la Unidad. 
• Y sobre todo, se permitió el ingreso de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea.

Es de hacer notar que estas concesiones puntuales se dieron, no por casualidad, en el contexto del inicio de una investigación de la Corte Penal Internacional contra los más altos dirigentes del Estado venezolano por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad, que incluyen la persecución sistemática contra la oposición política.

Testimonio: Alex Vásquez y cómo se ejerce el periodismo en autocracia

En términos de las garantías para el trabajo periodístico, no se registraron mejoras en este bienio. El testimonio que para esta investigación compartió el periodista venezolano, Alex Vásquez, sirve de ventana a esa realidad.

Para abril de 2013, cuando Maduro llega al poder, Vásquez tenía apenas tres años de graduado. En otras palabras, toda su práctica profesional en Venezuela la desarrolló bajo el modelo político y comunicacional diseñado por el chavismo-madurismo.

Mientras estuvo en Venezuela –vive en México desde finales de 2021 donde trabaja para una agencia internacional de noticias– él como muchos reporteros menores de 45 años, solo conoció una manera de ejercer la profesión: 

“Siempre ha habido persecución, intimidación y amenazas, eso ha sido una constante desde que ejerzo el periodismo. Se intensifica cuando se acercan elecciones particularmente desafiantes para el chavismo. Me ha tocado vivir ataques en campañas electorales: que nos lancen piedras, que tranquen el paso y golpeen los vidrios al carro donde nos movemos, tener que esconderme en una casa para evitar ser agredido. Cuando me tocaba cubrir algún acto de campaña cerca de la Asamblea Nacional, ir a la Asamblea en períodos electorales o en momentos donde aprobaría algo particularmente delicado para el chavismo, aparecían los colectivos que suelen amenazar con armas a los periodistas, perseguirnos, agredirnos”¹⁴. 

En 2021, a tres meses de las elecciones de ese año, estando Vásquez todavía en Caracas, fue víctima de hostigamiento verbal e intimidación por un alto funcionario del Estado. Las cosas ocurrieron así: el 16 de agosto fue convocado a una rueda de prensa del presidente Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores¹⁵. Vásquez hizo tres preguntas sobre asuntos de interés para la audiencia internacional, que Maduro respondió con una mal disimulada incomodidad.

Al día siguiente, el diputado del Partido Socialista Unidos de Venezuela ante la Asamblea Nacional electa en 2020, Mario Silva, dedicó 29 minutos de su programa de televisión, La Hojilla¹⁶, a descalificar a Vásquez y a otros periodistas y medios de comunicación presentes en la mencionada rueda de prensa. A todos los llamó “mercenarios de la comunicación”.

“Mario Silva me tildó de sinvergüenza, ridículo y estúpido; dijo que me paga el imperio, que Bloomberg me escribió las preguntas porque yo no pienso por mí mismo, etcétera”, contó el reportero.

Pero no fue lo único que le tocó vivir como periodista en Venezuela: “Hubo situaciones en las que tuve que cuidarme por trabajos que publiqué. Por ejemplo, en 2020 publiqué un trabajo sobre la Operación Gedeón (intento de ingreso a Venezuela por vía marítima de un grupo de mercenarios, en mayo de 2020) y otro periodista que había publicado algo similar me alertó que había pasado una noche entera retenido en el Sebín siendo interrogado. Opté por dormir fuera de mi casa durante un par de noches. Eso ha sido siempre”.

Dos prácticas relacionadas: la intimidación para generar autocensura y la censura directa

La intimidación contra los periodistas, como el caso de Alex Vásquez, tiene un objetivo central: generar autocensura. Es decir, que el periodista guarde silencio, que no escriba, que no reporte, que no firme sus notas o que se abstenga de hacer preguntas e interpelar a los altos funcionarios. 

De acuerdo a la data de V-Dem, entre 2018 y 2022 se incrementaron los casos de censura efectiva del gobierno en redes sociales, así como los esfuerzos del gobierno para censurar a los medios en general.

Veamos: desde 2000 hasta 2012 el indicador “Censura efectiva en redes sociales” se mantiene por encima de 3 en una escala de 0 a 4. En esta escala, mientras más se acerca a cero, más efectiva es la censura. Precisamente a partir de 2013 el indicador comienza a descender. En 2019 el índice es de 2.8; para 2020 baja a 2.6 y en 2022 cerró en 2.5. 

Cuando revisamos el indicador denominado “Esfuerzo del gobierno por censurar a los medios en general”, el panorama luce mucho más dramático. Para 1999 el indicador se ubicaba en 2.25 puntos en la escala de 0 a 4. A partir de ese año registra un descenso sostenido, hasta llegar a su pico más bajo en 2018, cuando fue de 0.07.

En la escala para este indicador, el valor 0 revela que los intentos de censura son directos y rutinarios; 1, que los intentos de censura son indirectos pero rutinarios; 2, que los intentos son directos pero limitados a asuntos especialmente sensibles; 3, que los intentos son indirectos y limitados a asuntos sensibles; y 4 que el gobierno raramente intenta censurar a los medios de comunicación en alguna forma, y que cuando esto ocurre, los funcionarios responsables son sancionados por ello.

Para este indicador V-Dem aclara que las formas indirectas de censura pueden incluir “la adjudicación de frecuencias de transmisión por motivos políticos, la retirada del financiamiento estatal, la influencia sobre las instalaciones de impresión y las redes de distribución, la asignación discrecional de publicidad, requisitos de registro onerosos, las tarifas prohibitivas y el soborno”. Fórmulas casi todas, por no decir todas, presentes en la realidad venezolana.

En su informe de 2021, EP ilustra el alcance de la devastación de los medios impresos con un dato: para 2015, el 38,8 % de la población utilizaba los diarios impresos nacionales para informarse; para 2021, ante la aniquilación de la prensa escrita, esa cifra era de apenas el 3,1 %.

La ONG agrega que 42 % de los casos de violaciones a la libertad de expresión en 2021 ocurrieron en Internet: “La relevancia de los medios basados en Internet (redes sociales, sitios y portales web, mensajería instantánea, servicios de vídeo) está asociada al debilitamiento progresivo del ecosistema mediático tradicional. Todo ello, propiciado por las políticas públicas impulsadas desde el gobierno nacional y en menor medida de los cambios en los patrones de consumo por la emergencia de nuevas modalidades de consumo cultural e informativo”. 

Un último dato, dramático sin duda: entre 2018 y 2022, el gobierno venezolano se enfocó en el cierre de emisoras de radio. De acuerdo a Espacio Público, más de 110 estaciones de radio fueron sacadas del aire por Conatel en ese lapso, bajo dos argumentos: incumplimiento de los trámites para renovar la concesión, o hacer uso del espectro radioeléctrico de forma clandestina o ilegal. 

Los dueños, representantes legales y directores de muchas de esas emisoras han denunciado públicamente que o no tuvieron acceso a un procedimiento administrativo donde se le permitiera exponer sus argumentos, o habían hecho las solicitudes de renovación de concesión de forma oportuna, pero no recibieron respuesta del Estado, sino la orden de cierre. 

Gráfico 3. Esfuerzo del gobierno para censurar a los medios tradicionales en general entre 1999 y 2022.

V

A modo de conclusión: el Informe de la MOE-UE

El Informe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea sobre la votación del 21 de noviembre de 2021, recoge y refleja de manera clara y objetiva el día a día del ejercicio del periodismo en Venezuela, y más específicamente de la cobertura electoral.

La MOE-UE que acompañó esa elección de 2021, fue la primera en 15 años. La anterior estuvo en el país en las presidenciales de 2006.

El informe sobre el 21-N consta de 88 páginas, de las cuales 19 se dedican a los medios de comunicación y la cobertura electoral. La expresión “medios de comunicación” aparece 60 veces en el documento¹⁷.

Entre los hallazgos de la Misión en materia de medios y comunicación durante la campaña, destacan:

• Autocensura en los medios de comunicación de 21 estados.
• Cambios de la línea editorial de los medios por presiones políticas en 13 estados. 
• La Comisión Nacional de Telecomunicaciones sanciona a los medios y/o les retira las licencias, sin una verificación judicial de la infracción. 
• Fuerte sesgo de los medios de comunicación nacionales, a favor del partido gobernante.
• Internet ha cobrado gran importancia como canal de comunicación en Venezuela tras la pérdida de confianza en los medios tradicionales. 
• Los intentos del gobierno por influir en los medios digitales incluyen el bloqueo de páginas web, campañas de desprestigio contra periodistas y operaciones propagandísticas.

De las 23 recomendaciones finales del informe, cinco se relacionan de manera directa con los medios de comunicación y la cobertura electoral:

1. Equilibrar la cobertura de los medios de comunicación estatales durante las campañas electorales.
2. Derogar la Ley contra el Odio para promover la libertad de expresión y evitar la autocensura.
3. Abandonar las políticas dirigidas a manipular la conversación pública en las redes sociales.
4. Aumentar las capacidades de monitoreo de redes sociales del CNE para sensibilizar a la población sobre las violaciones de las normas de campaña.
5. Establecer procedimientos claros para el control de entrada a los centros de votación y verificación de acreditaciones.

En el papel, la instrumentación de estas recomendaciones depende de que el CNE ejerza su autonomía y actúe como poder independiente. En la realidad venezolana, depende de acuerdos políticos entre los sectores del gobierno y la oposición democrática, en el marco de la negociación iniciada en agosto de 2021 en México, y paralizada desde noviembre de 2022.

Pero más allá de la implementación de las recomendaciones de la UE, el informe permite a la comunidad internacional, a los investigadores y demás actores interesados en el tema de libertad de expresión, tener la evidencia objetiva de que en el caso venezolano, las violaciones a la libertad de expresión y la persecución a la prensa y al periodismo independiente, son una práctica sistematizada, recurrente y orquestada de distintas formas y con distintos mecanismos. 

El periodista venezolano apenas tiene el recurso de la denuncia y la documentación. Organizaciones como Espacio Público, el Instituto Prensa y Sociedad, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, Provea, y tantas otras que defienden los Derechos Humanos y la libertad de expresión, sirven de altavoz para mostrar estas violaciones recurrentes que en la mayoría de los casos no obtienen justicia, y que atentan principalmente contra el ciudadano que tiene cada vez menos voces, menos espacios y menos medios donde informarse o dónde acudir para amplificar una denuncia, una queja o incluso, una propuesta.

Referencias Bibliográficas