Venezuela (1983-1995). Una mirada política al país de fin de siglo – Luis Fernando Castillo Herrera

La década de los noventa fue particularmente compleja para un país que desde 1958 había experimentado un franco progreso institucional, económico y político. La consolidación de la democracia como sistema había abierto un panorama de múltiples posibilidades, todas ellas, aparentemente positivas. Sin embargo, una sucesión de desafortunados acontecimientos encendió las alarmas, muchas fueron desoídas. 

Cabe destacar que la democracia en Venezuela y puntualmente el segundo proyecto democrático, iniciado luego del derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez, tuvo que enfrentar una dura oposición. Primero, por parte de los militares, seguido por los civiles y miembros de los partidos de izquierda, quienes aprovechando la ola revolucionaria cubana perfilaron duras embestidas personificadas en las intentonas golpistas de la década de los sesenta. De manera que:

La segunda República liberal democrática no se inició sin contrincantes, ni escepticismos acerca de sus objetivos e institucionalización; se advertían los riesgos potenciales que su implementación tendría en la vida republicana. Desde muy temprano, la crítica fundamental hacia el sistema democrático se concretó en los partidos políticos.¹

Los partidos políticos y en especial Acción Democrática, fueron duramente criticados durante todo el periodo democrático. Ya entre 1945 y 1948 habían sido señalados de ejercer el poder con un marcado sectarismo, a partir de 1958 las críticas y acusaciones giraron en torno a la corrupción y el bipartidismo con el partido COPEI como segunda fuerza política. No obstante, el sistema parecía perfilarse más allá de los partidos y las elecciones. La presencia del petróleo una vez más, ocupó un rol preponderante, al punto de cobijar los más alucinantes deseos, de los gobernantes y los ciudadanos. Guillermo Tell Aveledo, explica que, tras la entrada de la década de los setenta, Venezuela ingresaría en un nuevo contexto, uno donde la sociedad había endosado sus variadas necesidades a la figura del estado y la acción mesiánica del oro negro: “A partir de los años setenta, la sociedad que sin distingo de clase se le había estimulado a la bonanza, no se le había exigido ser más productiva, ni más eficiente, ni más autónoma”.²

 La despedida de la década de los ochenta, sería igual de dramática que el inicio de aquellos diez años. En 1983, la economía nacional tendría que asimilar las evidencias concretas de una crisis que se presentaba en su forma más impactante, la devaluación monetaria:

A fines de los años 70 se inició para la sociedad venezolana un proceso sostenido de deterioro económico, que significaría una dramática involución en la calidad de vida de vastos sectores de la población (…) La recesión económica va a producir retrocesos en importantes logros sociales obtenidos durante el desenvolvimiento del modelo de sustitución de importaciones, creando las condiciones para el malestar de diversos actores sociales y políticos, que protagonizarán las intensas y confrontacionales movilizaciones de fin de siglo.³

En el recuerdo de los venezolanos ha quedado la fecha del 21 de febrero de 1983 como un hito marcado con la tinta de la recesión, se trataba de la confirmación del declive de un sistema que requería de importantes y complejos ajustes, muchos de ellos difíciles de asimilar para una sociedad que poco a poco había olvidado la expresión “crisis”: “Esa fecha se conoce en Venezuela como el Viernes negro y fue la primera señal de alerta para la sociedad sobre la crisis económica que se prolongaría con altibajos hasta entrado el siglo XXI.”⁴

A partir de aquella fecha y de su significado profundo, se desprenderán una sucesión de acciones, algunas buscarán resolver problemas otras terminarán generando nuevos obstáculos. Tanto los ciudadanos y los representantes políticos estaban conscientes de que una nueva realidad se aproximaba en el país, recordemos cómo un electo Presidente de la República, en pleno acto de juramentación dijo en su momento “…recibo una Venezuela hipotecada…”, no era un discurso que procuraba ensombrecer la gestión del presidente anterior; Luis Herrera Campins sabía que las nubes que ensombrecían el horizonte no eran pasajeras. 

Margarita López Maya, en su obra Del viernes negro al referendo revocatorio expone que una de las razones que ralentizó el proceso de crisis del sistema político, económico y social del país, estuvo asociado a la aplicación de medidas destinadas a evaluar y corregir los desajustes. Por tanto, aquella expresión que indica que los gobernantes venezolanos de las décadas de los ochenta y noventa estuvieron de brazos cruzados admirando el fuego devorador, es absolutamente falso, de manera que: “el hecho de que la sociedad venezolana haya podido sortear la severa crisis política (…) recurriendo a mecanismo institucionales y sin que se haya producido el quiebre de su sistema democrático se debe, entre otros factores al proceso de reforma del Estado que se inició en 1984 con la constitución de la Copre.⁵

La Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE) creada en 1984, estuvo integrada por un nutrido grupo de figuras, profesionales y políticos de diversas posiciones, todas tenían un objetivo común, “…llevar a cabo un estudio sistemático y profundo que permitiese ofrecer propuestas contundentes a la descentralización y reforma del Estado, y que diese lugar a crear mayor espacio para la participación ciudadana.”⁶ La COPRE fue importante, demostraba que el país y aún más la democrático venezolana no era infalible ante el deterioro, como cualquier otro sistema requería de atención. No obstante, aquellas apreciaciones emergidas de la comisión terminaron por ser desoídas, siendo probablemente la elección para gobernadores la única sugerencia estimada y aplicada.  

Para 1988, Venezuela presenciaría una nueva contienda electoral, marcada por varios factores, todos ellos asociados a la crisis estructural que vivía el país. El candidato llamado a obtener la victoria era Carlos Andrés Pérez del partido Acción Democrática. En torno a él existía un aura triunfalista, no solo en lo concerniente a los votos que pudiese obtener, sino, además, a los cambios que generaría en el país; para el ciudadano la elección de CAP podría traducirse en la posibilidad de revertir los efectos de la crisis. Las sensaciones eran tan esperanzadoras que la juramentación del presidente se realizó fuera de los espacios habituales, el Congreso había quedado vacío y una sala teatral fue habilitada para ungir al nuevo gobernante:

El 2 de febrero de 1989 el escenario semihexagonal de novecientos metros cuadrados de la Sala Ríos Reyna fue ocupado casi en su totalidad por una réplica del estrado del Senado (…) A Pérez le tomó juramento un copartidario, Octavio Lepage, que era el presidente del Senado, y por si fuera poco recibió el mando de otro compañero de partido, Jaime Lusinchi, un antiguo amigo. El camino lucía despejado para el nuevo gobierno. La fiesta tenía que ser con pompa.⁷

Un poco más de veinte días tardaría la gestión de Carlos Andrés Pérez en recibir los primeros conflictos, en esta ocasión, de orden social. Luego de anunciar las medidas económicas que el gobierno asumiría: liberación de precios, incremento de los servicios, aumento de la gasolina y del transporte público hasta un 30%. Con ello, un grupo de transportistas haciendo gala del más desproporcionado de los excesos, cobrarían el aumento sin la anuencia de ningún organismo, desatando así la irá colectiva un 27 de febrero de 1989. 

El celofán estaba roto, la luna de miel había terminado y el país reclamaba nuevas y eficientes acciones, mientras disminuía significativamente la popularidad de los principales partidos políticos del país, en especial Acción Democrática. Esta situación dejaría la escena servida para el desarrollo de las primeras elecciones regionales en el país.

Gloria Lizárraga de Capriles y Lolita Aniyar de Castro, al rescate de la política

Con el asfalto todavía humeante por los sucesos iniciados el 27 de febrero, el gobierno anunciaría una serie de reformas destinadas al reajuste y buen funcionamiento del sistema, se trataban de medidas ya sugeridas por la COPRE en 1984. De esta manera, el Congreso de la República señalaría el visto bueno de las siguientes leyes: Ley sobre Elección y Remoción de Gobernadores de Estado, Ley sobre el Período de los Poderes Públicos de los Estados, Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público, Ley Orgánica de Régimen Municipal. Todas esas nuevas leyes se unían a las ya sancionadas en 1988, como la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, el objetivo estaba fijado no sólo en el modelo amparado en la descentralización, sino además en la necesidad de crear confianza en la ciudadanía.

La potestad de selección de los gobernadores atribuida al Presidente de la República, pasaba desde ese momento a las manos del pueblo, los votantes ahora tenían el derecho y el deber de elegir sus representantes regionales; sin embargo, no era para el votante una novedad que en gran medida llamara su atención. Esos hombres y mujeres observaban con desdén el rito electoral, y las futuras elecciones fijadas para el mes de diciembre, lucían en gran medida como un espacio para el “voto castigo” sobre el partido de gobierno. 

Con respecto a este punto, el politólogo Luis Salamanca en su obra ¿Por qué vota la gente? comenta que, próximo a las elecciones de 1989 y posteriormente en 1993 se apreció entre los electores “…una dinámica de desalineamiento electoral sin realineación, por cuanto los electores no se sentían atraídos por ninguna oferta electoral, sino que se refugiaba en una actitud antipolítica y, más precisamente, antipartidista”. ⁸

Ese desaliento del que nos habla Salamanca quedará evidenciado claramente en los resultados de aquel 3 de diciembre de 1989. El presidente Pérez había llegado a la silla de Miraflores obteniendo la victoria en 19 de los 20 estados que componían al país. Para el momento de las elecciones regionales el partido Acción Democrática perdería en 9 de las 20 gobernaciones posibles, seguidos por COPEI quienes obtuvieron 7 gobernaciones, La Causa R y el MAS dividieron las dos entidades restantes. Claramente, AD se mantenía como la principal fuerza política del país, sin embargo, sus derrotas en estados como, Anzoátegui, Miranda, Zulia, Bolívar y Carabobo era un claro indicador de que las cosas no estaban en su mejor dinámica. 

Aunado a lo anterior, existió un factor más contundente que demostraba el malestar del ciudadano, su desinterés por el rito electoral, el partido AD y el estado de cosas que envolvió aquel proceso, hablamos del fenómeno de la abstención: 

Tanto el voto de oposición como la abstención electoral, que alcanzó la cifra de 54,85%, actuaron como mecanismos de desahogo del descontento político y malestar social reinante, enviando un mensaje claro, pero no escuchado entonces por los actores hegemónicos.⁹

En medio de aquel panorama que a todas luces lucía caótico y desastroso, nuevas representaciones se presentaban en el concierto político, entre esas nuevas figuras no solo encontramos a los partidos emergentes como el Movimiento al Socialismo (MAS) o La Causa R (LCR), también emergieron liderazgos femeninos importantes. Ya en las elecciones de 1988 se había presentado como candidata Ismenia de Villalba. Aunque esta primera presentación de una mujer como candidata presidencial no pudo ser del todo rutilante, quedaba muy claro que, el escenario electoral ya no estaría expresado exclusivamente por las tradicionales figuras políticas masculinas. 

Bajo las condiciones de crisis, la experiencia de las elecciones de 1988 con la presencia de Ismenia de Villalba, una población molesta con las últimas medidas y acciones desarrolladas desde el gobierno, se llevó a cabo el proceso electoral de 1989, las primeras para elegir gobernadores. En ellas, fue electa Gloria Lizárraga de Capriles.

Baruta no existía como municipio independiente, producto de las nuevas reformas destinadas al proceso de descentralización obtendría su autonomía en aquel año de 1989, todo ello, producto de la aprobación de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, con ello, Baruta se separaba del Distrito Sucre e iniciaría una nueva senda, una nueva historia. Las páginas políticas del novísimo municipio se inauguraban con la firma de su primera alcaldesa. 

Gloria Lizárraga antes de su elección ya venía desarrollando actividades y promoviendo cambios en su comunidad, el partido COPEI observa en ella las cualidades necesarias para alzarse con la victoria e iniciar un proyecto social en el municipio. El partido verde obtuvo un total de 101 alcaldías en aquellas elecciones, entre ellas Baruta. 

Si bien es cierto, en Venezuela ya habíamos tenido miembros femeninos en el Congreso, nunca una entidad municipal ni estadal habían estado bajo el mando de una mujer producto del sufragio directo, secreto y universal. Se trataba sin lugar a dudas del triunfo más importante hasta ese momento para el movimiento femenino que había surgido a principios de siglo, cuando un grupo de mujeres le dirigía una carta al presidente Eleazar López Contreras para exigir una serie de reformas. Aquel grupo que más adelante lograría la consagración del voto femenino para las elecciones presidenciales en 1947, encontraba de cierta manera su reflejo en la victoria obtenida por Gloria Lizárraga. 

De las celebraciones y los vítores pasaban al plan de acción. El equipo de la nueva alcaldesa debía ponerse manos a las obras. Pronto, entenderán que las cosas no serían para nada sencillas. Aquel viejo adagio “trabajar con las uñas” calzaría perfectamente para los recién instalados en el poder:

Dado que el antiguo Distrito Sucre concentraba sus poderes en Petare, a Lizárraga le tocó asumir la labor de levantar desde cero la institucionalidad e identidad de Baruta, en medio de un país que ya mostraba síntomas de crisis económica e inestabilidad política luego de El Caracazo. La propia dirigente contó que la primera sede de la Alcaldía de Baruta operó en el tercer piso del centro comercial Plaza Las Américas, en un local con sillas alquiladas y cajas en lugar de archiveros y escritorios. Relata que, debido a la falta de recursos, se vio en la necesidad de llamar a las empresas ubicadas en el municipio para que adelantaran el pago de sus impuestos y así poder cancelar las nóminas de su personal obrero. Ni ella ni los funcionarios administrativos cobraron hasta tener ingresos estables.  ¹⁰

 “Fue una experiencia hermosa, he sido muy feliz siendo la primera alcaldesa de Baruta y del país”¹¹ comentó Lizárraga en una entrevista. Su trabajo social y político había iniciado muy joven, 

a los 14 años de edad, con el florecer de la democracia en Venezuela, Lizárraga se inició en las filas del partido socialcristiano Copei. Allí fue una miembro activa donde abogó por los sectores más vulnerables de la sociedad, faceta que mantuvo durante su Administración y en sus labores humanitarias una vez alejada del foco político.¹² 

Mercados a cielo abierto, organización y apoyo al desarrollo de diferentes disciplinas deportivas en el municipio y la creación de la policía municipal durante su primer año de gestión, constituían parte del legado indeleble de Gloria Lizárraga. Al mismo tiempo, su presencia como gobernante abría una ventana que reafirmaba (si es que aún había alguna duda) que la misión de la mujer como ciudadano debía ser global, no era suficiente con la participación como votante, era preciso extender las acciones hasta el acto mismo de gobernar. Luego de 1992 cuando concluye su periodo de gobierno, aparecerían nuevas candidatas y nuevos respaldos por parte de los votantes, tal es el caso de Ivonne Attas, quien se convertiría en la segunda alcaldesa del municipio un periodo posterior.  

Llegamos así, al año de 1992, tristemente recordado por los venezolanos. Miembros de las Fuerzas Armadas bajo una nocturnal operación intentan deponer al presidente Carlos Andrés Pérez, quien el día del alzamiento se encontraba de regreso luego de su participación en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. Los alzados intentaron controlar varios estados importantes del país, incluyendo la ciudad capital. Sin embargo, a medida que avanzaba la mañana y con el amanecer, se fueron disipando las opciones del grupo de complotados.

Aquella mañana, los venezolanos conocerían al para entonces Teniente Coronel Hugo Chávez Frías, su efigie desconocida pronto se convertiría en el vehículo para canalizar las distintas críticas hacia el gobierno de Pérez. Los diferentes opositores al gobierno enfilarían sus más duras críticas e incluso, más adelante, surgiría una contundente denuncia de peculado en contra del propio presidente.   

En medio de aquel clima convulso se desarrollaron nuevas elecciones regionales, aquellos comicios marcaron el fin de la carrera gubernativa de Gloria Lizárraga. El municipio quedaba en manos de Ángel Enrique Zambrano, y en los anales de Baruta quedaría inscrito por siempre el nombre de su primera alcaldesa. Aquella primera experiencia de una mujer electa por el voto popular se replicaría prontamente en el estado Zulia.

El entorno electoral mantendría la misma aguda situación. Las elecciones regionales de 1992, al igual que aquellas desarrolladas en 1989, estaban precedidas por convulsos acontecimientos que dinamitaba las aspiraciones del partido blanco, pero más allá de eso, quebrantaban el sentimiento hacia el carácter institucional representado en las elecciones populares. Las intentonas golpistas de 1992, habían creado un turbio ambiente previo al 6 de diciembre de aquel año, cuando los venezolanos debían acudir a las urnas para elegir nuevos gobernadores o reelegir aquellos que habían demostrado gestiones más o menos decentes. Los resultados serían contundentes en dos lecturas, en primer lugar, el carácter abstencionista se mantenía, aun cuando descendió un 4% (ver cuadro A y B), por otro lado, Acción Democrática perdía aquella posición como principal fuerza electoral en el ámbito regional, perdiendo cuatro de las once gobernaciones obtenidas en 1989.  

Cuadro. – A

Cuadro. – B