En medio de su visita a Chile en marzo de 1992, el sociólogo y escritor francés, Alan Touraine, declaró que “esta no es una transición perfecta, pero es la mejor que yo haya conocido”^[1]. Sus palabras ilustran bien el modo en que el mundo observó el proceso
de transición a la democracia en Chile. Debajo de ese asombro mundial, se tejieron tensiones de gran magnitud entre los actores políticos involucrados, tanto civiles como militares. Había demasiado en juego, y una mala decisión, por más insignificante que pareciera, podía desencadenar el fracaso de la transición y posterior consolidación democrática. En los 17 años de dictadura militar, cuya huella permanece hasta hoy, se cometieron —como en la mayoría de los regímenes autoritarios del mundo— graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, se quitaron de raíz la libertad de prensa y expresión, se intervino el Poder Judicial y se clausuró el Congreso Nacional. Hasta hoy, cientos de familias, con una profusa ayuda del Estado, buscan los cuerpos de sus detenidos desaparecidos. Este es probablemente uno de los problemas morales más importantes del Chile de la transición^[2]. Conscientes de esa fractura, amplios sectores políticos y sociales comprendieron que la derrota al régimen no se limitaba a la contienda electoral, sino también implicaba reconstruir gradualmente las condiciones de convivencia pacífica, incluso si ello suponía aceptar las condiciones impuestas por los militares.

El temor al retroceso autoritario influyó profundamente en las élites políticas de la época, tanto en el modo en el que diseñaron la transición como en la forma en que la sociedad chilena se relacionó con las nuevas instituciones democráticas. La preocupación por las formas republicanas, la moderación discursiva, el respeto a los procedimientos institucionales, la lógica de los acuerdos amplios y sobre todo, los estables y ordenados mecanismos de traspaso de mando, son expresiones simbólicas de esa estabilidad democrática y continuidad institucional que estuvo en el seno de las preocupaciones de la transición. Y si bien no es posible designar como causa única y principal de la configuración republicana chilena a ese hito político —puesto que Chile contaba desde antes del colapso de 1973 con una cultura estatal democrática relativamente consolidada en comparación con otros países de América Latina—sí se le puede considerar como un episodio histórico que relevó la importancia de los mecanismos institucionales de alternancia en el poder. Basado en lo anterior, el presente artículo examina cómo las tensiones y complejidades de la transición chilena influyeron en la consolidación de una cultura política particularmente consciente del valor—y de la fragilidad— de la democracia representativa y de los procesos pacíficos de transferencia del poder político.

La tradición republicana de Chile y su colapso en 1973

Después del caos político de los primeros años de la independencia, Chile logró construir un poder central relativamente estable. Tempranamente en 1830, a diferencia de las experiencias en otros países latinoamericanos, surge un “gobierno fuerte, extraño al militarismo y al caudillismo”, que luego proclama en la Constitución de 1833 que “Chile es una República democrática representativa” y que le otorga legitimidad a quién ha sido elegido según mecanismos legales e institucionales^[3]. La introducción de esta forma de organizar la esfera pública, aun cuando no excluye todos los vicios autoritarios, sí ponía de relieve la importancia de un poder democrático y legítimo. Ese elemento estuvo desde los inicios de la configuración republicana del Estado de Chile. Así las cosas, en la Constitución y en la cultura se advierte una pretensión por legitimar el poder no por la vía militar, el carisma o el linaje —cuestiones que eran recurrentes en los países vecinos—, sino a través de procedimientos, normas y elecciones. Entre 1833 y 1925 Chile desarrolló una cultura política fuertemente legalista, que convivía con el “ethos republicano” tan característico de la aristocracia de la época^[4]. No obstante en la imperfección de ese diseño, la estabilidad coexistió con mecanismos oligárquicos de control político y episodios recurrentes de violencia civil.

Sin embargo, desde 1925 hasta 1973 Chile vivió probablemente su período más plenamente democrático. Al alero de la Constitución del 25’ —que surgió después de una fuerte crisis del régimen político— se buscó fortalecer el presidencialismo, separar formalmente a la Iglesia y el Estado, modernizar el aparato estatal y dar mayor estabilidad institucional. Además, desde la perspectiva sociológica, este entramado institucional se legitimó a través de la inclusión de una proporción importante de la población a la experiencia de la modernización^[5], que antes de su instauración estuvo fuertemente limitada por el control casi absoluto de la aristocracia criolla sobre la vida política y económica de Chile^[6].

En este periodo de casi 50 años se destacó la alternativa pacífica en el poder, un fuerte sistema de partidos políticos, respeto a los resultados electorales, libertad de prensa y una presencia civil predominante. En contraste con la realidad de los demás países de la región, donde abundaban los golpes militares, las dictaduras y los caudillismos, Chile logró tener por décadas un sistema político competitivo e institucionalizado. No obstante, nada de ello fue suficiente para evitar el quiebre de la democracia en 1973. El análisis de las causas que provocaron el colapso institucional chileno es probablemente una de las materias más discutidas e investigadas de la última mitad de siglo, no solo en el espacio académico,sino también en el plano social y político donde aún no existe consenso sobre su explicación, ni tampoco sobre su legitimidad.

Con todo, el golpe militar de 1973 que derrocó al socialista Salvador Allende se produjo luego de un aumento progresivo de la temperatura social del país. Desde 1970 la tensión y la polarización solo creció: amplios sectores del país percibían que estaba en disputa el modelo completo de sociedad, economía y convivencia política. El proyecto revolucionario de Allende incluía una transformación total de las cadenas productivas, de la intervención del Estado en el mercado y una redistribución económica de gran magnitud. La lógica maniquea se tomó la discusión pública, mientras se asomó una profunda crisis económica que se manifestó en una alta inflación, desabastecimiento, mercado negro y paralización de sectores productivos^[7].

Aunque existe documentación que avala la tesis de un apoyo popular mayoritario al golpe de Estado, este se esfumó en la medida que la dictadura tomó la decisión de prolongar su estadía en el poder, negándose a llamar a elecciones libres que restauraran el orden democrático. Más bien, a poco andar, se toma la decisión de realizar una transformación política y económica, cuyo arquitectura se le atribuye principalmente a Jaime Guzmán^[8]. El objetivo trazado por el régimen fue por un lado, “ampliar en el mayor grado posible las libertades económicas”^[9], y por otro, limitar las libertades políticas toda vez que podrían constituir un potencial peligro en función de la amenaza marxista^[10]. Esos objetivos se concretaron en miles de decretos y leyes publicadas, y en la Constitución Política de la República de 1980.

La transición como política de contención

¿Cómo el régimen militar sufrió tal nivel de debilitamiento que lo llevó a entregar el poder a un Presidente opositor? Para esa pregunta, conviene mirar la crisis económica de 1983. En ese año, se desplomó el sistema financiero, provocando como nunca una masiva protesta ciudadana que obligó al régimen a realizar profundos cambios que ampliaron la arena política: se autorizó el funcionamiento de partidos políticos y se levantó la censura a la prensa^[11]. La ampliación de la participación política debilitó los planes del régimen de perpetuarse en el poder. Si bien la Constitución del 80’ consideraba un plebiscito para el año 1988, donde la Junta Militar propondría un único candidato a la ciudadanía, este siempre fue considerado como una manera de legitimarse en el poder, consolidar la senda de transformaciones globales y descomprimir la presión internacional sobre la dictadura^[12].

En el cumplimiento del itinerario constitucional que los mismos militares trazaron, se desarrolló el plebiscito que incluía como único candidato al general Pinochet. A poco andar, la campaña del “No” se transformó en ocasión de reunión de millones de chilenos, más del 90% de las personas en edad de votar se inscribieron en los padrones electorales, empujados fundamentalmente por los partidos opositores en lo que fue una real escuela cívica para toda una generación que jamás había participado de un proceso electoral^[13]. La algarabía se desató cuando el 5 de octubre de 1988 el rechazo se impuso con un 55% de la votación, muy lejos de las expectativas del régimen. La pregunta era si Pinochet y sus aliados reconocerían la derrota, harían un llamado a elecciones presidenciales y parlamentarios, junto con una entrega pacífica del poder en 1990. Aunque existen reportes que dan cuenta de una discusión interna, finalmente la balanza se inclina por cumplir lo prometido y aceptar el triunfo del No, sin antes delimitar muy bien lo que vendría en el periodo de la transición y el margen de acción del nuevo gobierno democrático.

Los 17 meses formales que duró la transición estuvieron marcados por dos elementos claves. Primero, el régimen tomó la decisión de ejercer sus funciones hasta el último día, publicando una sarta de normas legales y administrativas con el fin de constreñir al máximo la acción de la próxima administración^[14]. Hubo al menos 69 leyes de amarre sobre el sistema político, el régimen económico y el estatuto de las Fuerzas Armadas^[15]. A esto, habría que sumar las disposiciones de la Constitución de 1980 que, aun cuando logró ser reformada en 1989 con acuerdo de la oposición, incluía un sistema electoral binominal^[16], perpetuaba a Pinochet como Comandante Jefe del Ejército, establecía senadores designados y perpetuos, instauraba quórums supra mayoritarios para modificar leyes y otorgaba importantes atribuciones al Consejo de Defensa Nacional (COSENA) para ejercer una verdadera tutela militar sobre la democracia. Todo lo anterior da cuenta que, si bien en el papel aceptó su derrota eleccionaria, en la práctica intentó, por medios diversos, que el gobierno entrante no pudiera ejecutar acciones muy distintas a lo que ellos mismos hubiesen querido.

¿Cuál fue la estrategia opositora en su relación con el régimen? ¿Se adecuó sin presión interna a las reglas establecidas por Pinochet? ¿Actuó con pragmatismo o se aferró a sus consignas ideológicas? ¿Construyeron una coalición programática o se alinearon únicamente por la recuperación de la democracia? Todas estas preguntas remiten a la segunda dimensión característica de la transición. Aquí nos detendremos más en detalle, pues su análisis constituye la base fundamental para comprender el Chile actual y sus procesos de traspaso de mando.

Para comenzar, incluso antes del plebiscito, la oposición no tenía resuelta la vía por la cual quería derrocar al régimen. La alternativa electoral no fue necesariamente de consenso. Existían grupos que ejecutaron actos de extrema violencia, y que consideraban que la única forma efectiva de salir de la tiranía era a través de la lucha armada. Dentro de esos grupos, se encontraban el Partido Comunista y el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Desde la posición contraria, Patricio Aylwin —quien luego se convertiría en el Presidente de Chile del primer periodo democrático post dictadura— estaba convencido que la única forma de evitar el enfrentamiento entre chilenos y lograr la salida de Pinochet era a través de la vía institucional: aceptar la Constitución de 1980 y admitir como indispensable el acuerdo de los uniformados en las materias de la transición^[17]. Aylwin sabía que los militares tenían poder de veto y estaba dispuesto a transar cuestiones fundamentales, porque era consciente de la existencia de bienes superiores en juego. Nada debía interponerse en el deseo nacional de tener una salida pacífica y ordenada. Su tesis no generó siempre consenso al interior de la oposición; sin embargo, con el paso del tiempo se volvió la única alternativa viable, aunque eso supusiera morigerar las expectativas maximalistas de parte importante de quienes veían con alegría la caída del autoritarismo y el regreso de la democracia.

El pragmatismo de Aylwin no sustituye algunos triunfos en la negociación, sobre todo en torno a aminorar el efecto de algunos enclaves autoritarios de la Constitución^[18]. Con todo, como toda dictadura que termina, el solo paso a un gobierno democrático no la consagra como una democracia plena. En el caso chileno, la inauguración del gobierno de Patricio Aylwin que lideraba la Concertación de Partidos por la Democracia supuso coexistir con un importante volumen de enclaves autoritarios que limitaban, restringían o directamente prohibían las acciones que cualquier gobierno democrático debería poder impulsar, sin tutelaje de las Fuerzas Armadas ni otros organismos legítimos para ello.

Luego de constatar que un régimen militar se termina no con el derrocamiento popular, sino con la lucha dentro de la institucionalidad disponible, la pregunta por lo que sigue es consustancial. Las fuerzas opositoras entendieron rápidamente que la fórmula de unión no era a través de cuestiones ideológicas —que podría resultar excluyente e infructífera—, sino más bien bajo la convicción de que la coyuntura era de tal nivel que requería construir una mayoría sociopolítica entre el centro y la izquierda, en torno a dos tareas fundamentales: lograr las condiciones más democráticas posibles para el futuro gobierno y transformar la coalición victoriosa del plebiscito en una coalición de gobierno^[19]. Ello implicaba un único candidato presidencial, acompañado de un pacto parlamentario y “un programa que asegurara completar la transición en términos institucionales”^[20]. Fue así como la Concertación de Partidos por la Democracia logró aglutinar a 17 partidos y asociaciones políticas opositoras a la dictadura.

Qué hacer con la enorme herida social en materia de violaciones a los derechos humanos fue también un asunto de grandes discusiones. No solo se trataba de temas procedimentales para el esclarecimiento de la verdad. Su complejidad radicaba, sobre todo, en su componente moral: era insostenible pensar que la impunidad de los victimarios se consolidara en medio de un gobierno cuya principal lucha había sido la causa de los derechos humanos. Por supuesto, Pinochet tenía un especial interés en que ni él ni sus colaboradores fueran juzgados por causas de delitos de lesa humanidad. De hecho, poco antes de dejar el poder, sostuvo que si le tocaban a uno de sus hombres, se acababa el Estado de derecho^[21]. Aquello ilustra bien la fragilidad de la transición y por qué, aunque existiese un profundo anhelo de hacer justicia por las miles de víctimas de tortura y asesinato, debía combinarse con una dosis de realidad. Simplemente no era imaginable un juicio a Pinochet ni a sus principales colaboradores en los primeros años de los 90’.

Si bien al inicio, Patricio Aylwin recibió duras críticas de organizaciones de derechos humanos, sobre todo cuando sostuvo que buscarían “toda la verdad  y justicia en la medida de lo posible”^[22], el resultado final fue un reconocimiento de expertos internacionales a Chile como uno de los países que ha alcanzado mayor grado de justicia. Jorge Correa Sutil, secretario de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (1990-1991) reconoce que “ha sido necesario que pasemos por lentas y largas etapas, por hitos largamente ansiados, pero que tomaron muchos más años en llegar de los que muchos habríamos esperado”^[23].

El costo de la estabilidad

La transición chilena logró consolidar uno de los procesosde recuperación democrática más estables y exitosos^[24] de América Latina. Con todo, esa estabilidad no estuvo exenta de costos políticos y culturales. El temor persistente a un nuevo quiebre institucional —heredado del trauma de 1973 como de la experiencia autoritaria posterior— generó una cultura política orientada a la moderación, la lógica de los acuerdos amplios y la contención del conflicto. Como tradicionalmente se le designa en estudios políticos, la “democracia de los acuerdos” permitió importantes niveles de gobernabilidad, estabilidad y crecimiento institucional.

Esa misma lógica produjo también un progresivo proceso de despolitización de la ciudadanía^[25], que redujo el espacio para la deliberación política, privilegiando el acuerdo técnico y las cuestiones administrativas de la gestión del Estado. El costo de evitar una repolarización fue el silencio doctrinal e ideológico de los sectores políticos^[26] y la desmovilización progresiva de la sociedad civil. Aun así, sería injusto desconocer los efectos positivos que dicha cultura política tuvo sobre la continuidad institucional chilena. La lógica de los acuerdos postransición, contribuyó a consolidar una valoración transversal de los procedimientos democráticos y de los mecanismos pacíficos de alternancia en el poder. Los cambios de mando presidenciales, incluso entre sectores opuestos, fueron adquiriendo un fuerte valor simbólico como expresiones visibles de estabilidad republicana y legitimidad democrática. La alternancia entre gobiernos de centroizquierda y centroderecha se desarrolló durante décadas dentro de marcos ampliamente aceptados por todos los actores relevantes del sistema político, cuestión poco frecuente en la historia latinoamericana reciente.

Por supuesto, esta continuidad no puede explicarse únicamente por el legado político de la transición. Chile mantiene todavía un sistema de partidos relativamente institucionalizado pese a la creciente fragmentación política de los últimos años. Del mismo modo, instituciones como el Servicio Electoral de Chile han logrado construir amplios niveles de confianza pública gracias a la prolijidad técnica y transparencia de sus procesos electorales, otorgando certeza a los distintos sectores políticos y haciendo prácticamente inviable cualquier intento serio de desconocer la legitimidad de los resultados electorales.

La experiencia chilena demuestra, finalmente, que las democracias no se sostienen únicamente sobre normas constitucionales o equilibrios institucionales. También dependen de memorias históricas compartidas, de aprendizajes políticos colectivos y de la capacidad de las sociedades para reconocer el costo de perder la convivencia democrática. Durante décadas, el recuerdo del colapso institucional de 1973 operó en Chile como una advertencia silenciosa frente a los riesgos de la polarización extrema. Quizás allí radique una de las claves más profundas de la persistente valoración chilena por las formas republicanas y por los procesos pacíficos de transferencia del poder político.

 

^[1]      Ignacio Walker, “Transición y consolidación democrática en Chile”, Revista de Ciencia Política 14, núms. 1-2, 1992, 89.

^[2]2    Gonzalo Vial Correa, “Un problema moral”, en: Gonzalo Vial, Política y crisis social, Ed. Emilia García Cox, 2.ª ed. ampliada, Ediciones IdeaPaís, Santiago, 2023, 137-139.

^[3]      Mario Góngora, Ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile en los siglos XIX y XX, Ediciones La Ciudad, Santiago, 1981, 13.

^[4]      Ibíd.

^[5]      Para más detalles, ver Aldo Mascareño, “La Constitución de 1925: crisis y legitimación constitucional en perspectiva sociológica”, en 1925. Continuidad republicana y legitimidad constitucional: una propuesta, de Arturo Fontaine et al., Catalonia, Santiago, 2018.

^[6]      Para más detalles, ver Alberto Edwards Vives, La fronda aristocrática en Chile, EditorialUniversitaria, Santiago, 2022.

^[7]      Alfredo Sepúlveda, La Unidad Popular: los mil días de Salvador Allende y la vía chilena al socialismo, 2.ªed., Sudamericana, Santiago, 2020.

^[8]      Renato Cristi, El pensamiento político de Jaime Guzmán, LOM, Santiago, 2020, 34.

^[9]      Daniel Mansuy, Nos fuimos quedando en silencio: la agonía del Chile de la transición, Instituto de Estudios de la Sociedad, Santiago, 2016, 32.

^[10]    Ibíd.

^[11]    Véase Carlos Huneeus, La democracia semisoberana: Chile después de Pinochet, Taurus, Santiago, 2014, 67–72.

^[12]    Inicialmente, el régimen consideró que para el plebiscito ratificatorio no era necesario contar con registros electorales, una condición elemental para que los resultados fueran fidedignos. Esto continuaba la lógica del año 1980 en el plebiscito constitucional. Sin embargo, un fallo del Tribunal Constitucional obligó al régimen a aceptar ciertas condiciones, como la construcción de los registros electorales y la entrada en vigencia del Tribunal Calificador de Elecciones. Véase Rafael Otano, Crónica de la transición, Planeta, Santiago, 1995, 44.

^[13]    David Vásquez Vargas, “Patricio Aylwin Azócar 1970–1990,” en Patricio Aylwin Azócar: una vida republicana: convicción, política y doctrina, ed. David Vásquez Vargas y María Teresa Corvera Vergara, Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, Santiago, 2015, 150.

^[14]    Siempre fue sabido que la probabilidad de la derecha (que en su mayoría respaldó al régimen en el plebiscito constitucional, salvo contadas excepciones como Sebastián Piñera) de ganar la elección presidencial de 1989 era prácticamente cero. Se avizoraba un gobierno de los opositores a la dictadura y eso impregnó gran parte de las decisiones de la Junta.

^[15]    Carlos Huneeus, El régimen de Pinochet ,Taurus, Santiago, 2016, 611.

^[16]    En la práctica, este sistema electoral generaba un empate de dos fuerzas políticas aunque una tuviera clara predominancia sobre otra. La modificación de este sistema fue una de las grandes banderas de la centroizquierda, hasta que lograron instaurar un sistema proporcional en el año 2017.

 

^[17]    Mansuy, Nos fuimos quedando en silencio, 60.

^[18]    En la reforma constitucional del 89’ la oposición logró flexibilizar el sistema de reforma de la Constitución, reducción del periodo presidencial a cuatro años, disminución de la importancia de los senadores designados, cambios en las atribuciones del COSENA, mayor protección de los derechos humanos, entre otros. Ver “Manuel Garretón, La redemocratización política en Chile: transición, inauguración y evolución”.

^[19]    Véase Manuel Antonio Garretón M., “La redemocratización política en Chile: transición, inauguración y evolución,” Estudios Públicos, núm. 42, 1991.

^[20]    Ibíd.

^[21]    Jorge Correa Sutil, “Justicia transicional”, en A 50 años del 11 de septiembre de 1973: diecisiete académicos opinan, Ediciones Universitarias de Valparaíso, Valparaíso, 2023, 81.

^[22]    Ibíd.

^[23]    Ibíd.

^[24]    La calificación de exitoso está lejos de querer hacerlo parecer perfecto. Como hemos visto, el proceso de transición estuvo repleto de nudos y conflictos, también de imperfecciones. Sin embargo, el proceso terminó por conducir a Chile a una democracia plena y a un importante desarrollo social, político y económico.

^[25]    Tomás Moulian, Chile actual: anatomía de un mito, 3.ªed., LOM, Santiago, 2002.

^[26]    La izquierda, por un lado, aceptó el sistema económico del régimen y dedicó sus esfuerzos a perfeccionarlo en los 20 años que estuvo en el poder. Mientras tanto, la derecha, cómoda por el sistema binomial, no tuvo la necesidad de argumentar políticamente su matriz de pensamiento. Para ahondar en ello, véase Mansuy, Nos fuimos quedando en silencio.