Explicar a Venezuela durante la oscura época del chavismo es, sin lugar a dudas, un reto complejo. No porque falten elementos, sino porque sobran. Se puede hablar de la emergencia humanitaria compleja, diseñada desde el poder y utilizada como herramienta de control social. Se puede hablar de la mayor migración forzada del mundo contemporáneo que no es consecuencia de una guerra convencional ni de un desastre natural a gran escala, sino de una política deliberada de empobrecimiento. Se puede hablar de los fraudes electorales sistemáticos, siendo el del 28 de julio de 2024 el más burdo, obsceno y decisivo. Se puede hablar de la corrupción que ha despojado a los venezolanos de cientos de miles de millones de dólares y llenado los bolsillos de pequeños grupos dentro y fuera del país. Se puede hablar de la simbiosis entre la tiranía que secuestra nuestro territorio, el crimen organizado, el narco tráfico, el terrorismo internacional y otras autocracias aliadas. Se puede —y se debe— hablar de los crímenes de lesa humanidad investigados por la Corte Penal Internacional y del terrorismo de Estado, así definido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Todo eso es necesario. Pero esta vez, el foco deseo desarrollarlo en otro lugar: en el costo concreto, cotidiano y humano de hacer política en Venezuela. En lo que significa decidir dedicar la vida a la defensa de los derechos humanos en un país donde violarlos es política de Estado. En lo que implica ejercer el periodismo cuando la libertad de expresión es considerada una amenaza. En lo que supone analizar, escribir, investigar o pensar críticamente cuando el saber es visto como un enemigo. En definitiva, en lo que cuesta, en términos de seguridad, familia, libertad y vida, oponerse a la barbarie más terrible de nuestra historia.

Una tiranía sin eufemismos

Venezuela no vive bajo un “régimen autoritario híbrido”, ni bajo una “democracia antiliberal”, ni bajo una “dictadura imperfecta”. Mucho menos, claro está, vive bajo un modelo democrático “con problemas”. Venezuela enfrenta una tiranía, sin eufemismos ni medias tintas. Y no cualquier tiranía, sino una tiranía narcoterrorista, que combina los vicios clásicos del despotismo con las lógicas propias de las mafias y de los grupos terroristas.

Esto es clave desde el punto de vista narrativo e incluso académico. A diferencia de las dictaduras burocrático-militares del siglo XX, el chavismo mutó hacia un modelo donde el poder no solo se sostiene en la coerción estatal, sino en redes criminales transnacionales, economías ilícitas, grupos armados irregulares y alianzas con actores autoritarios globales. En este contexto, pensar es peligroso. Pensar distinto es subversivo. Y expresarlo públicamente se convierte, de hecho, en un delito.

Hacer política en Venezuela —o incluso estar cerca de ella— no es competir por ideas dentro de un marco institucional; es sobrevivir dentro de un ecosistema hostil diseñado para perseguir, amenazar y destruir toda disidencia.

El activismo como delito

Imaginar el activismo político en Venezuela exige desprenderse de las categorías tradicionales de la ciencia política comparada. No se trata solo de líderes nacionales perseguidos. Se trata de una persecución capilar, que desciende hasta el último eslabón de la organización social.

Hacer política implica riesgo desde el nivel más alto hasta el más básico: desde quien encabeza una candidatura hasta quien organiza una reunión vecinal en una parroquia, en una urbanización, en una calle o en barrio. Desde quien denuncia en foros internacionales hasta quien reparte volantes o moviliza votantes. Desde el que usa la academia como espacio de pensamiento crítico hasta que el que escribe en redes sociales. El poder entiende que la política democrática no se derrota solo encarcelando líderes visibles, sino rompiendo el tejido organizativo. Sembrando miedo. Obligando al silencio.

Después del fraude electoral del 28 de julio de 2024, esa lógica se radicalizó. De acuerdo con investigaciones periodísticas1, al menos 408 activistas, dirigentes, periodistas y defensores de derechos humanos tuvieron que pasar a la clandestinidad o salir del país de manera urgente tras esa fecha. No hablamos de exilio planificado, sino de huida: sin despedidas, sin garantías, sin retorno claro. Y, además, con el temor de lo que pueda ocurrir con la familia, pues hablamos de un régimen que comete Sippenhaft, esa práctica nazi de secuestrar a los familiares de los disidentes para presionarlos.

En muchos casos, el primer paso no fue el exilio, sino la clandestinidad: casas prestadas, teléfonos apagados, aislamiento absoluto, comunicación mínima, rutas de escape evaluadas en silencio. La política se convierte así en una vida paralela, marcada por la paranoia, la ansiedad y la pérdida total de normalidad.

La represión como política pública

Los datos confirman que no se trata de excesos aislados, sino de una política sistemática de Estado. De acuerdo con la ONG Foro Penal, a la fecha de redacción de este artículo hay 893 presos políticos en Venezuela (174 militares, 119 mujeres y cuatro adolescentes). Según la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, la cifra asciende a 1.081 personas secuestradas por el chavismo, entre ellas doce defensores de derechos humanos y veinte sindicalistas.

La cifra varía semana a semana, pero el patrón es estable: detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas temporales, tortura, tratos crueles y medidas cautelares que funcionan como castigos prolongados.

Entre esos presos se encuentran figuras emblemáticas como Javier Tarazona, director de Fundaredes, detenido por documentar la presencia de grupos armados irregulares y violaciones de derechos humanos en zonas fronterizas, y Rocío San Miguel, presidenta de Control Ciudadano, secuestrada por el Estado por analizar y denunciar la militarización del poder y la corrupción en la Fuerza Armada. En ambos casos, el “delito” fue ejercer el derecho a investigar, informar y advertir.

El concepto de “libertad” queda vaciado de contenido cuando miles de personas viven bajo régimen de presentación, prohibición de salida del país, vigilancia constante o amenazas directas contra familiares. En términos politológicos, esto constituye una forma de represión preventiva: no se castiga solo lo que se hizo, sino lo que se podría hacer. Y, por supuesto, no importa si existe o no un delito real —que nunca lo hay—, sino lo que el poder de facto decide castigar.

Tras el 28 de julio de 2024, la represión alcanzó niveles inéditos: más de 2.500 detenciones arbitrarias en apenas horas, decenas de muertos en protestas, allanamientos masivos y una campaña de terror destinada a sofocar cualquier reacción social. A ello se sumó la profundización de la infame “operación Tuntún”, anunciada sin pudor por el propio régimen como mecanismo de persecución.

Uno de los casos más brutales es el de Lauriannys Cedeño, una adolescente de 16 años secuestrada el 14 de agosto de 2024 en Carúpano, estado Sucre, por haber reenviado mensajes de WhatsApp expresando descontento con los resultados electorales. Denunciada por una militante oficialista vinculada a la UBCh local, Lauriannys sufrió un colapso nervioso durante su detención que le ocasionó daños neurológicos permanentes. Hoy padece convulsiones y ataques de pánico. Su “crimen” fue opinar.

Se castiga por hacer política y se castiga por hablar de política. Se castiga, en general, por intentar hacer república cuando la barbarie busca destruirla. Y no importa la edad, el sexo, la actividad o el lugar. Como escribió Milovan Djilas en La nueva clase: “a causa de su monopolio y de su totalitarismo, la nueva clase se encuentra inevitablemente en guerra con cuanto no administra o controla, y ha de aspirar deliberadamente a vencerlo o destruirlo”.

Hacer política fuera del país: el terror transnacional

El costo de hacer política contra la narcotiranía chavista no termina en las fronteras venezolanas. Por el contrario, en los últi mos años ha quedado en evidencia la proyección transnacional de la violencia política del régimen.

El asesinato del exteniente venezolano Ronald Ojeda en Chile, secuestrado y ejecutado con claros indicios de participación de redes criminales vinculadas al chavismo, marcó un punto de inflexión. Del mismo modo, el intento de asesinato de los activistas Luis Peche y Yendri Velásquez en Bogotá confirmó que el exilio no garantiza seguridad. El mensaje es inequívoco: la disidencia puede ser perseguida incluso fuera del país.

Esto configura un patrón de represión extraterritorial, propio de regímenes que ya no se conciben contenidos dentro del Estado-nación, sino como organizaciones criminales con capacidad operativa regional.

Defender derechos humanos en un Estado que los viola

Si hacer política es peligroso, defender derechos humanos lo es aún más. En Venezuela, las ONG no son vistas como actores civiles, sino como enemigos internos. Documentar abusos, acompañar víctimas, denunciar desapariciones o torturas es considerado una amenaza directa al poder.

Quienes trabajan en este ámbito no solo enfrentan riesgo de detención, sino también campañas de estigmatización, congelamiento de cuentas, allanamientos, criminalización legal y persecución a familiares. Defender presos políticos se convierte, paradójicamente, en una causa que genera nuevos presos políticos.

Esto responde a una lógica clara: destruir los mecanismos de rendición de cuentas y aislar a las víctimas. El régimen entiende que el mayor peligro no es la denuncia internacional en sí misma, sino la acumulación de pruebas, relatos y documentación que desmontan su narrativa.

El periodismo bajo asedio

El periodismo en Venezuela ya no se ejerce bajo censura previa, sino bajo censura por terror. No hace falta prohibir formalmente una palabra cuando se sabe que usarla puede implicar el cierre del medio, el despido, la cárcel o el exilio.

Hoy hay más de veinte periodistas presos en Venezuela. Otros tantos han sido obligados a huir. Decenas practican una autocensura forzada para sobrevivir. Pero lo más revelador es que ni siquiera la autocensura extrema garantiza protección.

En 2025, periodistas que llevaban años practicando una autocensura que rozaba la propaganda oficial (evitando temas sensibles, suavizando el lenguaje, reproduciendo comunicados del régimen) fueron despedidos de emisoras radiales por el solo hecho de mencionar que una venezolana había ganado el Premio Nobel de la Paz. Algunos no desarrollaron la noticia. Algunos ni siquiera mencionaron el nombre de María Corina Machado. Bastó con decir “una venezolana ganó el Nobel”. Solo eso.

El mensaje es brutal: ni callar es suficiente.

El costo no es solo profesional: es vital. El periodista mide cada palabra, cada titular, cada adjetivo. El error no es corregible: puede ser definitivo. Y, aun así, muchos siguen informando. Porque callar también tiene un costo moral insoportable.

Academia, pensamiento y palabra

Ni siquiera el análisis académico escapa a la persecución. Profesores, investigadores, escritores y analistas han sido hostigados, amenazados, forzados al silencio o al exilio. En algunos casos, el motivo fue tan simple —y tan brutal— como un post en redes sociales.

Esto revela un rasgo central del chavismo tardío: el miedo al pensamiento. No al pensamiento armado, ni al pensamiento conspirativo, sino al pensamiento crítico. La tiranía entiende que quien nombra la realidad la debilita.

Por eso, escribir se convierte en un acto de resistencia. Analizar, en una forma de militancia. Publicar datos, en una provocación.

El exilio como castigo político

Venezuela suma casi nueve millones de migrantes y refugiados. No todos son activistas, pero una parte significativa del exilio político reciente responde directamente a la represión post-28J.

El exilio no es solo un desplazamiento geográfico. Es una ruptura vital. Muchos se fueron sin despedirse de sus padres, de sus hijos, de sus hermanos. Otros sabiendo que no podrían volver a verlos. El costo emocional es incalculable.

Hay casos paradigmáticos: personas que salieron del país por primera vez en su vida a los sesenta años, no por elección, sino por supervivencia. Familias fragmentadas. Vidas puestas en pausa. Identidades suspendidas.

El exilio cumple una doble función para la tiranía: elimina opositores del territorio y dispersa la resistencia, obligándola a reorganizarse desde fuera.

Hacer política sin despedidas

Quizá el costo más cruel de hacer política en Venezuela sea ese: la imposibilidad de despedirse. No hay ritual, no hay cierre, no hay transición. La huida es abrupta. El silencio, obligatorio. El abrazo, postergado indefinidamente.

Hacer política implica aceptar la posibilidad real de no volver. De no enterrar a los padres. De no ver crecer a los hijos. De convertirse en un ausente.Y, aun así, miles siguen haciéndolo.

El precio de la dignidad

Hacer política en Venezuela no es una carrera, ni una ambición, ni una estrategia electoral. Es una decisión ética. Una que se paga con seguridad, con estabilidad, con familia, con libertad y, en muchos casos, con la vida.

El chavismo logró transformar la participación política en un acto de alto riesgo. Pero también logró algo más peligroso para sí mismo: crear una ciudadanía que sabe exactamente cuánto cuesta la libertad.

Y, aun así, la sigue pidiendo.

Porque si algo demuestra la experiencia venezolana es que las tiranías pueden controlar territorios, cuerpos y silencios, pero nunca logran controlar del todo las ideas. Ni la memoria. Ni la palabra.

 

1 https://storage.googleapis.com/qurium/armando.info/de-la-clandestinidad-al-exilio-el-trayecto-urgente-de-cientos-de-venezolanos-despues-del-28j.html