“Tengo un dolor aquí, del lado de la patria” – Cristina Peri Rossi

Venezuela vive una dictadura. Quizás decir esto en pleno 2026 no representa una declaración demasiado reveladora. Vivimos una dictadura y la inflación lo confirma, el total de la deuda externa nos dice que además de vivir en una dictadura, la sociedad venezolana vive ahogada en un terremoto económico que se suma a la crisis humanitaria y cultural con el (no) funcionamiento del sistema de salud y la inoperatividad del sistema educativo. Las piezas de ese país son obvias evidencias de que vivimos en una dictadura, una que no tiene capacidad, en tanto la formación de sus miembros, la naturaleza de sus ideas o la sola falta de voluntad, para procurar un país más o menos funcional.

Las otras piezas del país son las que no se pueden tasar, que se solapan entre los indicadores y las cifras que el chavismo ha ocultado con tanto esfuerzo, a la par que las ciencias sociales y políticas han empeñado el mismo vigor por nombrarlo: autoritarismo, represión, pax bodegónica^[1], Estado gansteril^[2], violencia política, violación de derechos humanos, ¿ya dije dictadura?

Sin importar su nomenclatura el hilo conductor de todas estas formas de orden político tienen al dolor como característica común y como se ha visto en el caso venezolano, se trata de dolor humano, animal, ecológico, espiritual. Al menos desde el 2002, tomando como punto de partida el 11 de abril de ese mismo año, el chavismo ha desarrollado una capacidad de represión echando mano de los mecanismos instalados en el Estado y otros dispositivos extraestatales que han sido utilizados —en una primera instancia— para reprimir a quienes disienten; pero como ello no se hizo suficiente para generar control social, se llega entonces a extender dicha capacidad represiva contra cualquiera que fuese percibido como oposición al sistema o que fuese útil para sostener la narrativa del enemigo externo que identifica al chavismo desde su nacimiento.

Si la masificación educativa generada durante la democraciapropició ascenso social y generó un tejido social robusto, la violencia y la pobreza constituida bajo el chavismo se ha masificado igualmente de manera consistente en todos los sectores sociales y ello ocurre a medida que la mayoría de las instituciones de socialización que propician el desarrollo individual y colectivo, han sido vaciadas operativa y normativamente.

La masificación de la violencia y la crisis por diseño, revelan entonces la voluntad del Estado venezolano para hacer daño. No se trata de errores o de excesos, después de 27 años se hace notable un patrón que determina el funcionamiento y la identidad del chavismo: existen porque hacen daño, hacen daño porque existen.

El dolor no se ejerce de manera abstracta; como instrumento político y de control social constituye y transforma la vida de las víctimas. Hablar de un país de víctimas no es algo que naturalmente empodera por sí solo y ellas requieren articulación y organización para ser reconocidas, restituir sus derechos y recordar sus pérdidas, pero nada de esto puede pasar si no hay una admisión de que esta población existe, de que efectivamente fueron afectadas e incluso anuladas por acción, omisión y conveniencia del Estado.

Desde aquí, la regeneración del tejido social pasa entonces por algo anterior: que es recuperar un modus vivendi, es decir, elementos básicos de convivencia que partan sobre la idea revolucionaria de que nadie debe morir por las ideas que defiende.

Una sociedad organizada en torno al dolor, implica entonces no huir de él y ello es es algo que puede resultar contraintuitivo, pero la masificación de las víctimas en distintos niveles y manifestaciones, también pasa por entender que las soluciones meramente institucionales son necesarias, pero no suficientes para responder a las diversidades de dolores que hemos experimentado como sociedad durante la dictadura chavista.

El negacionismo, la revictimización, la banalización y la instrumentalización que en menor medida ya se empiezan a manifestar en la conversación pública, son elementos que no alcanzarán a ser integralmente atendidos por las políticas que se generan en el marco de la reparación, tales como la justicia especial y de memoria.

Depende de nosotros no huirle al dolor y hacerle frente para vivir con él de la forma más sana que nos podamos procurar, sin que eso implique una transformación del conflicto político hacia otra forma de generación de pena; en tanto no estaremos tampoco ante la transformación cultural de una sociedad que propicie el desarrollo de las libertades. Para alcanzar esto, se requiere que construyamos ecosistemas, es decir, interacciones de reconocimientos de nuestras existencias y capacidades diversas que apunten a la cooperación y no meramente competencia negativa.

Ahí radica la diferencia con los egosistemas, que se trata más bien de un conjunto de intereses personalísimos e individuales. Esto se vuelve relevante considerando que una de las principales consecuencias que ha traído la propagación del miedo y del dolor en la sociedad venezolana es el aislamiento y por ello, se forman entonces “sitios” de dolor, todo lo cual es un efecto planificado y ejecutado sistemáticamente contra amplios sectores sociales.

No tengo nada más que mi intuición y el patrón que se ha desarrollado durante 26 años de dictadura, represión y persecución para presumir que no hay un venezolano que no haya padecido en primera persona alguna expresión de la crisis y ninguna de ella compite entre sí. Sea físico, económico, emocional: el dolor tiene una capacidad igualadora, no jerarquiza, no hay uno que hace más víctima que su par, que nos hace más “puros”, mejores o peores con respecto a otros afectados por la crisis política.

Esa jerarquización sí corre el riesgo de ocurrir en la búsqueda de justicia, en tanto las brechas existentes en las capacidades comunicativas, económicas, relacionales, etc, de las víctimas pueden resultar determinantes ante un sistema institucional débil. Esa desigualdad en la exigibilidad se agrupa bajo la definición de privilegios, por condiciones de origen y de acumulación, en razón de las capacidades de agencia con la que las víctimas han ejercido su vida previo al hecho doloroso y posterior a este.

De esta forma aparece una relación inversamente proporcional entre los privilegios y el ser víctima: a medida de que se gozan menos privilegios, se corre el riesgo de vivir una mayor revictimización. Esa desigualdad puede construir una brecha que dificulta los procesos de reparación y puede llevar a instrumentalizar el dolor, en tanto los grupos de víctimas que cuenten con más privilegios conseguirán entonces mayor acceso a la restitución definida por dichas vías de justicia especial.

La gestión de la memoria y la reparación donde esta lógica impere, conlleva también el potencial que actores más privilegiados conciban que su dolor les hace merecedores de espacios políticos, sociales y económicos aún más relevantes y que nada tienen que ver con la reparación de la violencia generada —en el caso venezolano— por el Estado; la persistencia de esa aspiración no es otra cosa más que resentimiento y ello no puede ser saldado de forma pública, ni servirse de dichos caminos institucionales para resolver estos intereses que parecen venir más de una aspiración egosistemica.

El dolor en Venezuela hoy se distribuye en una curva normal y sus puntas —quienes han padecido la represión directa y del otro lado quienes ni siquiera lo reconocen— tienen también que acompañar el proceso de reparación y memoria sin propiciar prácticas negacionista, como tampoco, exaltar a las víctimas como mártires, dado que es una cultura que se convalida con la muerte trágica^[3].

A su vez, sería una forma de revictimización centrar esta conversación en la reconciliación y el perdón, cuando ello se trata de otra etapa del proceso, más aún porque estos dos elementos es una narrativa que hoy está iniciando desde el poder, como una forma de propiciar la impunidad de quienes dirigen las estructuras del Estado venezolano y desde donde se rechaza que el perdón es un acto personalísimo, aunque con implicaciones públicas que son determinantes para el desarrollo de un pacto social que propicie la libertad.

A fin de cuentas es, en defensa de las víctimas, su decisión ofrecer el perdón y por ello esto significa también un privilegio que no puede ser exigido por nadie.

^[1]     Raúl Stolk, Tony Frangie Mawad, “Is the Pax Bodegónica Coming to an End?” Caracas Chronicles, 1 de septiembre de 2022. https://www.caracas
chronicles.com/2022/09/01/is-the-pax-bodegonica-coming-to-an-end/

^[2]     Cfr. Paola Bautista de Aleman, “Tres rasgos del Estado gangsteril
en Venezuela”, Revista Democratización, n. 2, Octubre de 2019.

^[3]     Marjane Satrapi. Persepolis Persepolis: The Story of an Iranian Childhood,
Panteon Books, New York, 2003.