De milicos a capos: el narcotráfico como enemigo de la democracia en América Latina – Democratización

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“El fenómeno del narcotráfico es una de las amenazas más terribles que existen contra la libertad y la justicia en el mundo”

Luis Carlos Galán Sarmiento

El 30 de abril del año 1984, la República de Colombia recibiría una noticia que marcaría un antes y un después en su sistema político y, que generaría un cambio social en el país y en todo el continente.

Esa noche la historia se partió en dos, el Ministro de Interior fue asesinado^[1] por órdenes de un cartel de la droga, dando inicio a un nuevo fenómeno dentro de la sociedad: la guerra de los carteles de la droga y el Estado^[2].

Por primera vez en la historia de América Latina, la guerra no era entre ejércitos regulares o grupos guerrilleros. Las organizaciones criminales habían decidido desafiar al Estado con el único fin de arrodillarlo e instaurar una narcocracia en el país. El medio para conseguirlo era “la plata o el plomo”, frase atribuida a Pablo Escobar. La corrupción era un mecanismo de disuasión para penetrar a todas las instituciones del Estado y subordinarse al poderío de los carteles. Junto a la violencia buscaba doblegar, mediante el miedo, a quien por razones éticas y morales no aceptara el soborno de los criminales.

Esto generó una atmósfera de corrupción y violencia que permeó en América Latina. La situación política, económica y social de nuestro continente fue el perfecto caldo de cultivo para la instauración del narcotráfico como nueva forma de ascenso económico y social en nuestro continente. Con el paso de los años, esto ha evolucionado y los carteles de la droga han mutado de ser simples financistas dentro del sistema político, a ser una nueva élite política que toma decisiones sobre el rumbo de los países donde tienen influencia.

Durante años hemos visto cómo la democracia pierde peso a nivel mundial y se hace presente el anhelado “fin de la historia”, anunciado por Francis Fukuyama^[3], en donde el fin de la Guerra Fría y la derrota del comunismo lograrían la ola democratizadora. Y, así se establecería la democracia liberal como el modelo más utilizado en el mundo. Esto generó una excesiva confianza entre las élites políticas y económicas y, por consiguiente, un deterioro sistemático de la democracia como la forma de gobierno ideal para el ciudadano del siglo XXI. Las organizaciones políticas pasaron a ser meras maquinarias electorales: dejaron de responder a las demandas del ciudadano y, junto a la llegada de un mundo más globalizado, el discurso político fue banalizado, cambiando ideas por votos y trabajo real por likes en redes sociales.

Todo lo anterior ha generado una ola de autocracias que se diferencian de manera muy clara de las viejas dictaduras del siglo XX, tanto en América Latina como en Europa. Éstas parten de una apariencia democrática, mostrando la capacidad de celebrar algunas elecciones, la existencia de organizaciones políticas de oposición y ciertas libertades limitadas, como la libertad de expresión. Creando, de esta manera, la fachada democrática donde realmente se consolidan las autocracias en las que, mediante la vulneración de las instituciones, pervierten el sistema, dando paso a una dictadura perfecta, mucho más sofisticada y, en algunos casos, alcanzando altos niveles de aprobación debido a la polarización intencional, a través del discurso de buenos vs. malos o la “teoría de amigos y enemigos”, de Carl Schmitt^[4], que refiere a “si no estás conmigo eres un enemigo de la patria” y, no un adversario más, como en una democracia normal.

En este contexto, hemos visto el surgimiento de dos grandes fenómenos que afectan el mundo occidental: el terrorismo y el narcotrafico. Cada uno actuando desde la sombra y colándose desde los aspectos más irrelevantes para las sociedades occidentales: la cultura, la educación y las redes sociales. Asimismo y de manera agravada, aprovechándose de las fallas que se presentan en el sistema, como la corrupción de las élites gobernantes, los grandes problemas de desigualdad, la pobreza, la crisis económica y la crisis institucional. En donde la corrupción se ha vuelto sistémica, especialmente en las ramas judiciales y de seguridad, en las que los bajos sueldos y la falta de formación han generado que las fuerzas de orden público sean las organizaciones con mayor desconfianza dentro de la sociedad.

Según el Latinobarómetro^[5], los países con mayor nivel de aceptación policial en el año 2023, fueron Chile, Uruguay y Colombia. Por otro lado, naciones como México, El Salvador y Venezuela (países donde el estado de derecho no existe, considerados por algunos expertos como estados fallidos y, donde sólo México puede considerarse una democracia, aunque con altos índices de corrupción, desigualdad y abusos de poder) se caracterizaron por la baja confianza de la ciudadanía en sus cuerpos policiales.

En un continente donde la mayoría de sus países tienen estados tan débiles y un sistema político plagado de corruptelas, las organizaciones criminales ven una oportunidad de penetrar en el Estado para satisfacer sus intereses. Paola Bautista de Alemán, política y académica venezolana, hace un interesante análisis de cómo estas organizaciones se han consolidado y debilitan a la democracia. Si bien en el siglo XX la guerra entre los carteles o frente al Estado era el espacio donde se movían u operaban, en el siglo XXI este fenómeno ha evolucionado. La crisis política ha generado que muchos estados en América Latina vayan rumbo a ser estados fallidos^[6].

En este análisis podemos visualizar cómo la ausencia de Estado es el caldo de cultivo perfecto para la consolidación de organizaciones criminales. Pues un Estado que no sea capaz de garantizar el control y la seguridad de su propio territorio, donde los niveles de desigualdad se incrementan, hay aumentos considerables en la corrupción administrativa y debilitamiento de los mecanismos de elección popular; deriva en que las organizaciones criminales usurpen su función.

Un claro ejemplo de ello es la pérdida de territorio por parte del estado colombiano en los años 90^[7]. La gran mayoría de las vías de transporte terrestre, carreteras y autopistas fueron secuestradas por varios frentes de la organización narcoterrorista FARC EP. Las denominadas pescas milagrosas^[8] muestran cómo estas organizaciones son capaces de, a través de la violencia, adueñarse de espacios geográficos importantes, aunque el avance de estas bandas criminales no es exclusivo del plano territorial.

La principal estrategia de estas bandas en el siglo XXI ha sido penetrar en las instituciones del Estado. Ya los mecanismos de amenazas y sobornos no son la única estrategia para controlar a unos pocos funcionarios que hiciesen de la vista gorda ante sus crímenes. Estas organizaciones evolucionaron de tal manera que han penetrado en instituciones por completo y, poco a poco, han ido transformando estos estados fallidos en lo que Bautista ha denominado “Estados Gansteriles”^[9]. El objetivo de estas organizaciones no solo es el beneficio económico de una actividad delictiva, sino un mayor control del poder político para hacer más lucrativo su negocio y obtener el control total del Estado.

Esta nueva forma de ejercicio de la política donde la violencia, la corrupción y el control social permiten la consolidación de criminales en el poder se puede palpar en varios países de América Latina, siendo los más notorios México, Colombia y Venezuela. En el norte de México vemos cómo los carteles tienen el control total de municipios, en ejemplos puntuales como cuando las fuerzas de seguridad capturan a un capo de la droga y las milicias de este cartel hacen una revuelta tan grande que obligan al Estado a liberar al capturado^[10]. A su vez, en algunos municipios fronterizos de Colombia y Venezuela, las monedas de sus países no tienen ningún valor y, en algunos establecimientos comerciales como pequeños abastos, las compras se realizan con material de contrabando, como: drogas, oro, gasolina y gasoil^[11]. Explicando que, los alcaldes o no tienen ningún tipo de autoridad, o los que resultan electos han sido designados por voluntad de estos grupos irregulares, obligando a la población a votar por los candidatos que disponga la organización.

Pero, ¿cómo se logran estos niveles de obediencia en las poblaciones? La verdad es que la violencia tiene una importante responsabilidad, pero no es un factor definitivo. La ausencia de Estado genera carencias en la población que el dinero de estas organizaciones suple, ganando lealtad y legitimidad.

Desde el año 2016, el estado venezolano se ha dedicado a explotar de manera criminal los recursos naturales del sur del Estado Bolívar. Esto ha derivado en el famoso arco minero del Orinoco^[12], minas legales e ilegales donde se extraen principalmente oro, diamantes y coltán. En muchas de esas localidades, la ausencia de servicios es absoluta; abriendo paso al control de la zona por bandas criminales que se encargan de ejercer de autoridad: ellos arreglan carreteras, acueductos e instalaciones eléctricas, garantizan seguridad y limpieza de los lugares públicos y, a grandes rasgos, aseguran que exista el orden tradicional al que uno aspira en su comunidad.

Este sistema criminal, bastante retorcido, juega a dos cosas: el pago por estos servicios de facto y una lealtad absoluta ante cualquier amenaza externa. Ahora veremos cómo se presentan estas dos realidades. En la primera, cada habitante debe contribuir con algo denominado “vacuna”, que es una extorsión en la que, si no pagas mensualmente, recibes un castigo -en algunos casos llegando a la muerte-. Esta sustitución del poder político tradicional -por ejemplo, un alcalde- genera una dependencia de los habitantes hacia los criminales y, así cuando para el Estado son incómodos y deciden actuar sobre estas organizaciones, los habitantes juegan papeles de informantes, cooperadores o miembros de sus familias pasan a trabajar en las organizaciones criminales; viendo al Estado o sus cuerpos de seguridad comos los que están rompiendo el orden establecido. Todo esto recae en que ese territorio se pierda por completo y deje de ser parte del monopolio de la violencia legítima, así como que este teatro de operaciones se use a beneficio de la criminalidad.

Este ciclo se multiplica en muchas más zonas, y en algunos casos son los criminales los que deciden ser parte activa de la vida política, bien sea por influencia económica o participando activamente en la vida pública. Poco a poco, los narcotraficantes tienen más y más influencia: controlan medios de comunicación, grandes cadenas de almacenes de ropa, electrodomésticos, supermercados, centros comerciales, restaurantes y equipos deportivos. La ciudadanía sabe de dónde vienen esas riquezas, pero prefiere callar o pasarlo por alto. El mismo Estado aupa el crecimiento de estos grandes narcotraficantes porque gracias a ellos, mediante estas economías sumergidas^[13], pueden financiarse campañas electorales y contribuir al enriquecimiento ilícito para sus arcas personales y en países sancionados, a través del lavado de activos, esquivar sanciones de personeros del estado. Poco a poco vemos como van tomando mayor influencia en los distintos poderes.

En países con regímenes democráticos el proceso es gradual y lento, e incluso puede tomar muchos años. Inicia desde el poder ejecutivo en tercer grado: desde los municipios en donde, o se van comprando concejales, o se hacen elegir afines para tener mayor influencia. Luego, escalamos a tener alcaldías y, en algunos casos, gobernadores. En este punto, controlan importantes espacios de territorio, pues se establecen rutas y laboratorios que cuentan, en su mayoría, con la protección de cuerpos de seguridad del Estado. Posteriormente, inicia la segunda fase: penetrar al poder legislativo y judicial, con el objetivo de promulgar leyes afines, sentencias que los absuelva de crímenes o amnistías, acompañado de grandes dosis de corrupción y violencia. Entre cárteles se disputan quién puede tener mayor control político y el Estado beneficia al cartel que lo ayude a tener mayor control político y social de la población. Y, en el peor de los casos -y el más común en estos tiempos- el cartel que tiene más apoyo es aquel donde existe mayor cantidad de miembros que controlan las instituciones, haciendo que estos carteles tengan un poder nunca ante visto.

Existe una tercera fuente de crecimiento de estos carteles, se trata de cuando los miembros de las instituciones fundan un cartel desde adentro de la organización, generando la normalización de la criminalidad desde los organismos que deberían ser ejemplo para la ciudadanía. Estos carteles de la droga -que se sustentan bajo un manto de legalidad y legitimidad- usan las instituciones para facilitar la obtención de ganancias ilícitas y así normalizar sus fortunas y, para conseguir más poder económico y político.

Dado a las circunstancias de las instituciones y su esquema de organización piramidal, las élites van corrompiendo de arriba hacia abajo a todos sus miembros, generando una corrupción institucional que no es nueva en nuestros sistemas latinoamericanos, pero que por primera vez el input no viene del exterior, sino de la misma institución. Las élites políticas, económicas y empresariales son las primeras en corromperse y van esparciendo la enfermedad por cada rincón de la sociedad. Logrando que, poco a poco el daño antropológico se acreciente y el valor de las personas no se clasifique por sus sistemas de creencias o de valores, sino por el peso de su posición económica o social.

Es así como el narcotráfico y sus corruptelas lograron lo que Rubén Blades -a finales de los años 70- relató con la canción Plástico sobre nuestras sociedades, que se vacían por completo y sólo se llenan con falsos estatus sociales de dinero y postureo y, las injusticias dejan de importar: “mientras la política no afecte mi bolsillo, no me debería importar”. A su vez, las instituciones encargadas de defender y combatir al narco no son más que la máscara de estos nuevos carteles.

Hace tiempo quedaron atrás los grandes carteles de la droga, como Medellín, Cali, El Norte del Valle o Sinaloa. Si bien todavía existen carteles de la vieja escuela -como en las series de televisión- lo cierto es que las estructuras criminales han evolucionado y ahora prefieren tener un perfil más bajo, que pase totalmente desapercibido dentro de las propias instituciones; específicamente en las relacionadas al orden público y la defensa territorial. Estas son corrompidas y luego pasan a ser parte activa de la distribución de drogas y armas, donde el peso de la legalidad que les brinda el Estado les permite tener control absoluto sobre grandes espacios territoriales, vías de transporte como carreteras, pistas de aterrizaje, puertos y hasta centros penitenciarios. Los países donde estos fenómenos han tomado mayor fuerza son Ecuador^[14], México^[15], Venezuela y Colombia^[16]; mientras que en países como Argentina^[17] y Chile se ha empezado a presentar este fenómeno en menor medida.

Gracias a los elementos expuestos es posible definir al narcotráfico como un pulpo que toca con sus tentáculos todos los sectores de la sociedad, especialmente la esfera política y económica, con la compra de las élites como factor fundamental para la destrucción sistemática de la sociedad y de todo orden existente. Una nación con una institucionalidad fuerte y una ciudadanía activa y consciente tiene menos probabilidades de dejarse comprar por los tentáculos de los narcos, ofreciendo mayor resistencia porque las políticas son más eficaces para el combate de la corrupción, la violencia y el narcotráfico.

Para nadie es un secreto que la historia republicana de América Latina está marcada por una gran inestabilidad política, en un limbo entre autocracias de cortes militares y democracias endebles, con grandes niveles de corrupción y élites desconectadas de la población.

En ese contexto, las fuerzas militares eran un factor fundamental para legitimar a través de las armas a los gobiernos o para derrocarlos. Los militares no eran figuras institucionales sino actores políticos activos con gran influencia que, por razones ideológicas, quitaban e imponian gobernantes, siendo los enemigos más flagrantes del sistema democratico. Ejemplo de esto fueron las dictaduras^[18] como las de Videla en Argentina, Strogner en Paraguay, Pinochet en Chile y Somoza en Nicaragua, siendo las más sonadas, igual que Uruguay, Brasil, Bolivia, Ecuador, Colombia y Venezuela, países que también vivieron sus dictaduras militares^[19].

La forma de actuar fue similar en todos los países, con pequeños matices, pero mediante un golpe de Estado los militares tomaban el poder, sometiendo a cualquier disidencia politica mediante el terrorismo de Estado e imponiendo un sistema dictatorial sin ningun tipo de libertades, con grandes violaciones de DD.HH. y bajo la excusa del reestablecimiento del orden interno, permaneciendo largos períodos de tiempo en el poder.

Estos, sin duda, eran los principales enemigos de las democracias latinoamericanas. Con el paso del tiempo todo cambió y los autoritarismos se nutrieron de otras formas para alcanzar el poder: ya no son los golpes de Estado o las rebeliones militares los mecanismos para derrotar al sistema democrático. Hoy en día, el populismo y la corrupción son mecanismos para desmembrar a las instituciones y, por la rendija de la cloaca de la inmoralidad, se ha colado el narcotráfico como mecanismo, no solo para alcanzar el poder sino para mantenerse en él bajo el apoyo de los gobiernos de extrema izquierda, pertenecientes al Foro de Sao Paulo o Grupo de Puebla, que han visto al narcotráfico como un mecanismo ideológico para la destrucción del enemigo más grande, Estados Unidos y, para alcanzar el poder definitivo en sus respectivos países.

Lo que al principio era un pequeño pacto de financiamiento y facilitamiento de operaciones en los territorios, se ha convertido en un matrimonio indivisible, en donde se pierde el rastro entre los narcotraficantes y los representantes del Estado. Habiéndose convertido, los países, en una especie de carteles abstractos donde se confunden la criminalidad y las instituciones.

Esto sin duda nos da un cambio de perspectiva sobre la lucha contra el narcotráfico y la democracia. Durante muchos años se creyó que era más fácil acabar con el narco desde regímenes con políticas autoritarias, sin respeto a los DD.HH. y sin un estado de derecho sólido, con cuerpos de seguridad sin control y sin ningún tipo de formación en materia de debidos procesos.

Para muchos expertos en materia de seguridad era más fácil triunfar en regímenes autoritarios que en democracia, pero la realidad es que el autoritarismo, al no existir ningún tipo de control entre las instituciones, genera más corrupción que la propia democracia. No existe lo que Giovani Sartori definiría como Demo-Control, que no es otra cosa que las instituciones limitando el Demo-Poder^[20] de otras instituciones. Todo se vuelve grisáceo en cuanto a las auditorías que deberían recibir las organizaciones del Estado y, poco a poco sus miembros gozan de impunidad total, lo que facilita que, por mantener el poder, todo sea permitido y el dinero del narcotráfico se vuelva atractivo.

La forma de funcionamiento de los carteles es llevada a las instituciones y es esa jerarquía la que predomina, donde la lealtad va más allá del mérito, y todo aquel que adversa pasa a ser un enemigo, lo que lo convierte en un riesgo para el sistema y por tanto debe ser aniquilado. Estas prácticas, en democracia, reciben un rechazo generalizado, pues existen medios para contrarrestar tales corruptelas y la sociedad se une en rechazo total a estos fenómenos. Pero en el autoritarismo no existen voces que se eleven en contra del sistema, las pocas que se elevan buscan ser silenciadas y desaparece el espacio público porque el miedo controla todas las esferas de sociedad -sobre todo la de los más pobres- donde el abuso policial es una constante y la dignidad, junto a la conciencia, es castigada por parte de las bandas criminales que buscan aprovecharse de la ausencia de progreso y desarrollo que el mismo sistema político ha generado. Vendiendo de esta manera, que la única forma de progresar es a través de la corrupción y la criminalidad en sus distintas formas.

A modo de conclusión, es fundamental que todas las personas que nos dedicamos al ejercicio de la política, asumamos el compromiso de reconocer el narcotráfico como un adversario real, que está acabando con la democracia y se está instaurando como una nueva forma de hacer política. Donde -mediante el dinero y las conexiones- se compran curules, puestos en partidos e influenciadores para lavar la imagen. Y es que el objetivo no es alcanzar el poder para robustecer sus negocios, sino acabar con el sistema democrático para consolidar el modelo político del socialismo del siglo XXI: autoritarismo puro y duro. En el que, bajo una excusa ideológica, pretenden acabar con la democracia del continente, consolidando un pensamiento único y sin disidencia, lleno de sociedades superfluas y sin sentido de pertenencia, desprovistas de valores o moralidad.

El mejor remedio a este fenómeno no es otro que la libertad. No puede haber progreso ni desarrollo en América Latina sin libertad y democracia. No existe otro modelo que pueda vencer al narcotráfico que no sea una sociedad fuerte, con partidos políticos firmes y formados, que entiendan que aceptar al narcotráfico no es otra cosa que tomar voluntariamente veneno para su autodestrucción. Un modelo en el que las elites empresariales puedan entender que el blanqueo de activos del narco es el caldo de cultivo para el fin de las libertades financieras y el incremento de crímenes comunes como extorsión, secuestro y sicariato. También una ciudadanía formada y decidida a rechazar la corrupción, desde las esferas más altas hasta las más bajas, donde el soborno sea mal visto y el Estado se vea obligado a actuar contra las corruptelas a través de sus funcionarios.

La receta contra el narco no es otra cosa que los valores democráticos que ya conocemos y que no son extraños para nosotros: libertad, transparencia, honestidad, ética empresarial, institucionalidad y respeto al estado de derecho. Algo que damos por sentado, como la libertad de expresión, es fundamental en esta lucha, pues se trata de uno de los pilares para vencer al autoritarismo impulsado por el narcotráfico: periodistas valientes, institutos de formación, medios de comunicación, Organizaciones No Gubernamentales -dedicadas a luchar por la transparencia del Estado y el respeto al estado de derecho-, así como organizaciones dedicadas a vencer la normalización de la violencia y restablecer el tejido social, sobre todo en territorios afectados por la violencia generada por el narcotráfico.

Es un deber irrevocable la formación en materia de DD.HH. a los funcionarios de orden público, pues las organizaciones no pueden aprovechar la guerra contra las drogas para seguir acrecentando la brecha en un tejido social tan vulnerado por la violencia.

La libertad es el mayor valor inherente a la democracia. Es el principal medio para defender a nuestras sociedades del autoritarismo impulsado por el narcotráfico. Ya no son los militares con golpes de medianoche y bandos militares en viejas emisoras. Los enemigos del sistema democrático son los narcotraficantes vestidos de políticos, empresarios, outsiders o criminales, reinsertados a la sociedad mediante el blanqueo de sus crímenes gracias al dinero. La labor de estos enemigos es lenta, pero incesante. Son silenciosos y cautos y, sobre todo, autoritarios. Para ellos, la democracia es su enemiga y por tanto no descansarán hasta vencerla.

La pregunta que debemos hacernos es, ¿hasta qué punto estamos dispuestos a tolerar al nuevo enemigo?

^[1] https://www.infobae.com/colombia/2024/04/30/la-muerte-de-rodrigo-lara-40-anos-del-magnicidio-por-el-que-comenzo-la-guerra-contra-el-narcotrafico-en-colombia/

^[2] https://www.comisiondelaverdad.co/guerra-contra-el-estado-extradicion-y-sometimiento-de-los-narcos

^[3] Fukuyama, El Fin de la Historia y el Último Hombre: La Interpretación más Audaz y Brillante de la Historia Presente y Futura de la Humanidad, Barcelona, Editorial Planeta, 1993.

^[4] https://www.filosofia.net/materiales/pdf23/CDM11.pdf

^[5] https://revistas.uniandes.edu.co/index.php/colombia-int/article/view/2983/1763

^[6] https://elordenmundial.com/que-es-estado-fallido/

^[7] https://revistas.uniandes.edu.co/index.php/res/article/download/5060/4868/23173

^[8] https://www.elcolombiano.com/colombia/paz-y-derechos-humanos/asi-funcionaban-las-pescas-milagrosas-de-las-farc-FE15007534

^[9] https://red-forma.com/edicion-2/tres-rasgos-del-estado-gangsteril-en-venezuela-paola-bautista-de-aleman/

^[10] https://www.eluniversal.com.mx/tendencias/ovidio-guzman-la-captura-y-liberacion-del-hijo-de-el-chapo-raiz-del-primer-culiacanazo /

^[11] https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-63323077

^[12] https://www.dw.com/es/el-arco-minero-venezolano-una-pol%C3%ADtica-depredadora/a-61934013

^[13] https://es.weforum.org/stories/2019/12/la-economia-sumergida-y-su-papel-en-el-mundo/

^[14] https://www.bbc.com/mundo/articles/cw0llyjqllro

^[15] https://www.infobae.com/mexico/2023/06/01/homicidios-asociados-al-narco-han-aumentado-300-segun-el-indice-de-paz-mexico/