La promesa del proyecto democrático: suelo fértil para la libertad y la justicia social
Hildebrand Breuer
De un modelo que no le sirve a las mayorías, a la política como bien común
Dos fenómenos han sido persistentes en el modelo político instalado en Venezuela desde hace más de dos décadas: el carácter iliberal y el patrimonialismo en el ejercicio del poder público. La opacidad en el ejercicio del gobierno, el irrespeto a la dignidad humana y a los derechos fundamentales, la ineficiencia del aparato estatal en la gestión de los asuntos públicos y el incumplimiento de obligaciones fundamentales del Estado, son epifenómenos de los primeros y consecuencias del usufructo arbitrario del poder. Esta forma de ejercer el poder público es contraria a los principios de la democracia, proyecto político anclado en el reconocimiento, el respeto y la garantía de los derechos humanos y por lo tanto, es una forma de ejercer el poder que no puede servirle a las mayorías.
Si el proyecto democrático es, en esencia, un proyecto de derechos, podemos decir que la crisis venezolana es una crisis política y de derechos en todas sus dimensiones.
El que la defunción de la democracia liberal en Venezuela, se haya dado de la mano de procedimientos electorales¹, al menos en una dimensión formal, y que lo que algunos han llamado la no-república², caracterizada por la corrupción del discurso público, el gobierno de hombres y no de la ley, el poder convertido en un fin y no en un medio, parezca ser la definición adecuada del estado de las cosas, da cuenta de la complejidad de lo que enfrenta nuestra sociedad.
Es en esta realidad concreta en la que la socialdemocracia venezolana, si desea rehacer su rumbo, debe revisar su relación práctica con las dos principales fuentes de las que ha bebido hasta hoy: el liberalismo político, del cual extrae su compromiso ineludible con la libertad en un sentido amplio y el rechazo a cualquier forma arbitrariedad, némesis de la idea básica del Estado de Derecho; y con el socialismo democrático, del cual toma como suyo la lucha inquebrantable contra la desigualdad y los efectos que esta pueda llegar a tener en el acceso efectivo a derechos fundamentales. Esta revisión implica continuar la evolución que ya había transitado el propio proyecto democrático y que tendría dos momentos, el político y el social: el primero es el supuesto inexcusable para conseguir el segundo y este es, a su vez, la plena realización de los valores de libertad e igualdad proclamados por aquella³.
Si la socialdemocracia tiene en otras sociedades desafíos inmensos por delante, en Venezuela encuentra condiciones que acrecientan las dificultades comunes. A clichés habituales, como aquel según el cual los gobiernos socialdemócratas despilfarran el dinero público⁴, el caso venezolano agrega, por citar un ejemplo no menor, la percepción equivocada de acuerdo a la cual la socialdemocracia estaría emparentada de algún modo con el modelo que controla el poder en Venezuela, lo que pone obstáculos simbólicos potentes a la incorporación de narrativas que graviten sobre la justicia social como uno de sus ejes.
Algunas preguntas son necesarias ante cualquier proyecto de Estado construido desde la socialdemocracia en un contexto como el nuestro:
¿Puede la socialdemocracia ser útil a la República en su intento por hacer de la sociedad y los individuos que en ella hacen sus vidas, sujetos verdaderamente libres, dada la desequilibrada relación entre ésta y el Estado, como consecuencia del rol histórico del petróleo en nuestro modelo de desarrollo? Asumiendo, además, que el desarrollo debe lograr que sus frutos hagan posible el aumento del bienestar para todos⁵.
Ante el carácter ineludible de los valores fundamentales de la socialdemocracia, libertad, igualdad y solidaridad, ¿qué tipo de modelo institucional será el más adecuado para materializar esos valores en la sociedad?
Este último punto nos parece vital, ya que introduce en la discusión la necesidad de pensar a fondo sobre el andamiaje que sostendrá, no a la socialdemocracia, sino a la democracia misma, haciendo de ella y de la política un bien común.
La práctica de las virtudes democráticas y el sentido de la política
La democracia necesita demócratas, esta es una frase que se atribuye a Friedrich Ebert, socialdemócrata y primer presidente de la llamada República de Weimar en la Alemania de entreguerras. Que la democracia necesita demócratas es tan evidente como necesario recordarlo. Ser demócrata es un hacer, un practicar; es hacer de las virtudes públicas la norma y de su inobservancia, la excepción; es construir certezas desde el respeto absoluto a la dignidad de las personas y desde el anhelo de una vida buena para todos los miembros de la sociedad.
La pérdida de la validez, al menos práctica, de muchas de esas certezas que le son inherentes a un sistema democrático liberal, nos exige tener que pensar en las bases que servirán para el sistema en el que todas las fuerzas políticas democráticas puedan encontrarse, plantear sus diferencias y asumir las disputas que definirán los rumbos de la sociedad. Creemos que es muy importante preguntarnos sobre las condiciones que deben crearse para que una dinámica democrática pueda desarrollarse en el país, pues, es imprescindible un espacio de acuerdos básicos y legítimos, que permita una administración democrática de los conflictos propios de la vida en sociedad.
La redemocratización de la sociedad venezolana precisa, por esto, de una previa reliberalización política en un sentido rawlsiano, una reliberalización de la sociedad toda. John Rawls plantea, como componente de su idea sobre el Liberalismo Político, una noción que parece necesaria de cara a establecer los cimientos de cualquier sociedad democrática moderna:
La idea de un consenso traslapado de doctrinas comprensivas razonables. En tal consenso, las doctrinas razonables suscriben la concepción política, cada una desde su punto de vista. La unidad social se basa en un consenso sobre la concepción política; y la estabilidad es posible cuando las doctrinas que forman el consenso son afirmadas por los ciudadanos políticamente activos, y cuando los requisitos de la justicia no entran demasiado en conflicto con los intereses esenciales de los ciudadanos, según se forman y promueven mediante sus acuerdos sociales⁶.
En este sentido, la socialdemocracia no es, sino una doctrina en disputa con tantas otras como sea posible, siempre que estas no pongan en peligro la existencia misma de un consenso que debe ser legítimo para todas ellas, y sobre todo, para la sociedad. Preservar tal consenso es un reto en sí mismo, claro, y dependerá de las capacidades que tengan las organizaciones políticas y sociales para mantenerlo vigente.
Es por esto que la lucha por la restitución de las instituciones democráticas en el país parece imposible sin la participación activa de la sociedad venezolana junto a los partidos políticos, siendo aquellos, idealmente, expresión genuina de las aspiraciones de bienestar de la gente. Esta acción colaborativa entre sociedad y organizaciones partidistas, sin embargo, parece poco probable sin que antes exista una transformación profunda en el ethos de los partidos, es decir, en el carácter y la cultura de las organizaciones políticas que las haga merecedoras de la confianza de tantas personas y tantos sectores como sea posible. Creemos que una parte importante de esta transformación consiste en hacer de la empatía, la creatividad y la inspiración, emociones y actitudes que pasen a ser componentes de la acción política y del funcionamiento de las organizaciones partidistas, de modo que les sea posible ser genuinas en su relación con la sociedad, y así, lograr que se deje atrás la idea tan generalizada y nociva según la cual estas organizaciones tenderían a instrumentalizar a las personas y a las comunidades a las que se acercan. Esta variable, la transformación de la cultura de las organizaciones políticas es, desde nuestra perspectiva, imprescindible para generar los cambios necesarios para lograr la democratización del país, y es transversal a todas las organizaciones partidistas y debe ser atendida con la prioridad que merece. Es una tarea ineludible superar el abismo que existe entre lo que dicen quienes hacen vida en los partidos cuando se encuentran en espacios, por ejemplo, de formación y capacitación, y lo que hacen las organizaciones políticas en su cotidianidad y de cara a la sociedad. Mientras ese abismo exista, la construcción de confianza entre sociedad y partidos parece poco probable. No llevar a cabo estas transformaciones puede llevarnos al entumecimiento de nuestras propias capacidades como sociedad, como organizaciones, como partidos y como individuos.
Esta reliberalización, anclada en una vuelta radical a la libertad y a las nociones de igualdad sin las cuales no podemos ser verdaderamente libres, es la expresión de la necesidad por poner en el centro de nuestras angustias, pero también de nuestras acciones, el límite al poder, los mecanismos de la rendición de cuentas que hagan contención a la arbitrariedad, y la congruencia entre aquello que proclamamos y lo que, en efecto, practicamos; todos, partidos políticos y sociedad civil.
Socialdemocracia: Libertad y justicia social para que la vida sea buena
El proyecto democrático de la socialdemocracia es, de manera simultánea, un proyecto de derechos y un proyecto de desarrollo. Ahora bien, como no se diseña ni se implementa política sobre terrenos ideales, sino sobre condiciones materiales concretas, es necesario que la discusión sobre el tipo de sociedad e instituciones que podremos construir en Venezuela, incorpore elementos concretos de nuestra realidad material, institucional, organizacional, de modo que nuestra aproximación supere una mirada estática de la democracia, y que reconozca la idea del conflicto como parte ineludible de la realidad social.
A la agenda común que la socialdemocracia global ha venido diseñando durante las últimas décadas y ante los desafíos que representan fenómenos como las transformaciones demográficas que socavan las capacidades de sostenimiento clásico del estado de bienestar, dadas las presiones fiscales que se generan sobre todo el sistema de seguridad social; la digitalización de la economía y la vida, con las nuevas brechas de desigualdad que pueda conllevar; el cambio climático y la necesidad de mitigar sus efectos, lo que exige abordar las discusiones sobre los modelos de desarrollo desde perspectivas que incorporen la justicia social y ecológica; las nuevas identidades, que requieren de nuevos acuerdos sociales que garanticen sus reconocimientos; las inequidades vinculadas al género, que tienen efectos concretos en el ámbito de los derechos laborales o de cuidados; se suman las debilidades estructurales de la institucionalidad pública venezolana. Para la socialdemocracia, el reto en Venezuela no se agota, entonces, en la pregunta sobre cómo acceder al poder, que en el caso venezolano está determinada por condiciones que la diferencian de la mayoría de los casos del hemisferio, sino que en ella subyace la interrogante sobre cómo hacer para que ese poder, el público, sirva en el futuro y cuando sea administrado democráticamente, para responder de manera efectiva a los grandes temas de las agendas, global y también doméstica. Hablamos de las capacidades que serán necesarias entre el funcionariado del Estado para poder cumplir con su parte, en la tarea que tiene la sociedad venezolana en cuanto al desarrollo del país.
El enfoque sobre la democracia que tienen las organizaciones socialdemócratas requiere, en el caso venezolano, repensar seriamente los factores fundamentales de un aparato económico y público que deberá contribuir con el financiamiento de las garantías de derechos sociales. Cualquier diseño de políticas públicas en el ámbito social que no se detenga a reflexionar sobre el origen del financiamiento necesario para ello, será simple demagogia, en especial, en un país en el que desde el inicio de la democracia se ha tenido una dependencia tan importante del aporte fiscal de origen petrolero, y una baja presencia de la tributación progresiva⁷. Valdrá la pena sumar también a las reflexiones en este sentido, las experiencias de aquellos países pioneros en la implementación de políticas de intervención social dirigidas a garantizar derechos como la salud, la educación, la vivienda, derechos laborales y vinculados a la seguridad social, etc. y que no habrían estado para el momento de tal implementación todavía desarrollados, sino que, por el contrario, habrían apalancado sus propios procesos de desarrollo sobre estas políticas⁸.
En todo caso, este punto nos parece de gran importancia, porque pretende responder a cuestiones de fondo y muy básicas sobre aquello que puede plantearse en el escenario venezolano en relación al sostenimiento de un Estado que, por un lado, asumirá una deuda social inmensa y, por el otro, en el caso de la perspectiva socialdemócrata, deberán evitarse fenómenos como el de la mercantilización de derechos fundamentales.
A las preguntas que nos planteamos antes es necesario, ahora sí, sumar otras: ¿Qué pueden ofrecerle la socialdemocracia y las organizaciones políticas que se inscriben en el espectro de sus planteamientos, por ejemplo, a la juventud y a las mujeres de Venezuela siendo estos, probablemente, los grupos más profunda y negativamente afectados por las políticas de los últimos años? ¿En qué debe distinguirse una propuesta económica y de modelo de desarrollo que elabore la socialdemocracia venezolana? Teniendo en cuenta la necesidad de generar y promover la creación de riqueza, en la medida de lo posible, a través de ecosistemas de innovación, incorporación a cadenas de valor globales, diversificación, etc.
Hallazgos como el de la reciente Encuesta de Condiciones de Vida⁹, según la cual, si bien los indicadores de pobreza habrían decrecido, la brecha de desigualdad se habría ensanchado, haciendo de Venezuela uno de los países más desiguales del mundo, encarna una tarea política titánica para cualquier gobierno de corte socialdemócrata. Esta edición de la ENCOVI pone en la mesa, además, la condición étnico-racial como un factor que influye de manera concreta en el modo en el que se experimenta la pobreza o, en las capacidades reales de materializar derechos como el de la educación, lo cual representa una verificación de lo que muchos sospechábamos, y que representa desafíos importantes en materia de política pública si somos coherentes con el compromiso con la justicia social.
No puede olvidarse, además, la necesidad imperiosa que tendremos como sociedad de que el Estado venezolano esté en las condiciones que le permitan implementar las reformas institucionales que garanticen, no solamente la justicia necesaria para las víctimas de violaciones de derechos humanos y su reparación, sino, de alguna manera, la no repetición en el futuro de este tipo de violaciones en contra de los derechos humanos, cometidos por funcionarios del Estado o con la anuencia de estos. También ésta es una dimensión sobre la que habrá que diseñar planteamientos y, muy probablemente, las posiciones al respecto serán diversas.
La tarea de las organizaciones políticas que se definen a sí mismas como socialdemócratas o demócratas sociales en el contexto venezolano, trasciende largamente, como hemos visto, la sola conquista del poder y el desplazamiento político de las fuerzas que hoy lo controlan. El acceso al poder es la carrera de los 100 metros planos, mientras que un diseño ampliado de las transformaciones social, económica, política, energética y ecológica que necesita el país, debe pensarse en clave de maratón, con base en esfuerzos y en compromisos de largo aliento.
La socialdemocracia debe incorporar a su propia lectura del conflicto venezolano, la lectura que hacen sobre este las comunidades de base y de la periferia de nuestra sociedad, según los cuales, el conflicto está fuertemente marcado por la ausencia de garantías para sus derechos fundamentales, principalmente, salud y educación de calidad, trabajo digno, seguridad personal, servicios básicos, etc. Sobre esta interpretación debe construirse buena parte del mensaje político. Este mensaje debe ser afirmativo, capaz de representar a los más diversos sectores de la población de manera transversal y por encima de segmentaciones ideológicas.
La idea de que la vida puede ser buena, de que puede ofrecernos a todos oportunidades reales de autorrealización y de que el Estado puede ser útil para estos fines, es una idea que tiene algo que decirle a todos, por la sencilla razón de que todos queremos que nuestra vida sea buena. No hace falta convencer a nadie de ello. Lo que sí será necesario, además de aterrizar en clave de derechos y aspectos de la cotidianidad lo que significa esa vida buena, será hacer creer a la gente el hecho de que la política y las organizaciones que hacen vida en ella, quieren y pueden hacer algo en esa dirección. El tamaño y la profundidad de la crisis venezolana ha hecho que el receptor del mensaje sea toda la sociedad.
La recomposición de nuestra sociedad pasa de manera simultánea, por un lado, por ámbitos materiales y concretos, como la prestación de servicios sin los cuales cada día tiene un peso enorme, salarios dignos, oportunidades reales para acceder a derechos como la educación y la salud de calidad; pero, al mismo tiempo, tiene que ver con la esfera de lo simbólico y de lo abstracto, que no deja de tener un impacto sobre las vidas de la gente. Es necesaria en un modo existencial la construcción de confianza, la centralidad de la dignidad humana y la pluralidad como un valor. Hagamos que para todo esto, la política, los partidos y el Estado sean útiles.
English 
Spanish