Desde 2010, América Latina ha sufrido cambios considerables en los flujos migratorios relacionados directamente con la crisis humanitaria compleja que atraviesa Venezuela. En el 2025, la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) señaló a Venezuela como el país del mundo con más refugiados. Aproximadamente, 7,9 millones de personas han salido de ese país.De ellas, cerca de 6,71 millones se encuentran en algún país de la región, siendo Colombia, Perú, Estados Unidos y Brasil los mayores receptores de migrantes provenientes de este país.

Si bien en el marco de Cartagena +40 —espacio que tuvo lugar en Santiago de Chile en 2024 para conmemorar la Declaración de Cartagena sobre Refugiados de 1984— se estableció el Plan de Acción de Chile (2024–2034), una hoja de ruta de diez años orientada a abordar los desafíos actuales del desplazamiento forzado, incluido el éxodo venezolano, integrando buenas prácticas y con la participación de numerosos países de la región, este instrumento no tiene carácter vinculante. En consecuencia, los gobiernos pueden incorporar de manera voluntaria los acuerdos alcanzados.

Aunque en los primeros momentos del éxodo provocado por la crisis, los países de la región respondieron de una manera que podría calificarse como solidaria, el aumento sostenido de la migración y el desarrollo de diferentes procesos electorales —especialmente presidenciales— evidencian una brecha entre los compromisos asumidos en espacios multilaterales y la forma en que la migración es gestionada al interior de cada país.

1. Los tiempos de la regularización en la región

Hace algunos años, el panorama era sustancialmente distinto al que se observa en la actualidad. Los esfuerzos institucionales se centraban principalmente en la regularización migratoria, más que en la adopción de medidas de carácter restrictivo o represivo.

En las primeras etapas de la crisis, la mayoría de los países de la región flexibilizaron los procesos de obtención de visas o impulsaron mecanismos extraordinarios de regularización, al reconocer las dificultades que enfrentaban las personas provenientes de Venezuela para cumplir con los requisitos ordinarios de los regímenes de visado.

En este contexto, se promovieron a lo largo del continente diversas políticas de regularización temporal, como el Carné de Permiso Temporal de Permanencia (CPP) en Perú, la visa VIRTE en Ecuador o el Permiso Temporal de Permanencia (PTP) en Panamá. Asimismo, destacan el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV) en Colombia, así como mecanismos implementados en Estados Unidos, como el Estatus de Protección Temporal (TPS) y el Parole Humanitario.

El ETPV en Colombia es un mecanismo de protección complementario al sistema de refugio, desarrollado por el gobierno del presidente Iván Duque (2018–2022). Este instrumento fue reconocido internacionalmente por su carácter temporal y por su objetivo de facilitar la transición de las personas migrantes hacia el sistema ordinario de visados en un plazo de hasta diez años y con opción de obtener posteriormente la residencia y la nacionalización. El ETPV está compuesto por el Registro Único de Migrantes Venezolanos (RUMV), que funciona como sistema de identificación y caracterización de la población migrante, y por el Permiso por Protección Temporal (PPT), que actúa como documento de identificación.

Hasta la fecha, a cerca de 2,1 millones de personas se les ha aprobado el PPT y aproximadamente 1,9 millones ya cuentan con el documento físico. No obstante, el plazo para solicitar el PPT venció a finales de 2023, con apenas algunas excepciones limitadas.

En el caso de Estados Unidos, de acuerdo con datos del Departamento de Seguridad Nacional, alrededor de 117.000 venezolanos se acogieron al Parole Humanitario, un permiso de permanencia temporal que permite la admisión de personas extranjeras al país por razones humanitarias urgentes o por un beneficio público significativo, aun cuando no cumplan con los requisitos ordinarios para solicitar una visa, según el Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos. Adicionalmente, aproximadamente 600.000 venezolanos obtuvieron el Estatus de Protección Temporal (TPS) desde 2021.

Los casos de Brasil y Argentina son excepcionales en la región. En particular, Brasil implementó la Operación Acogida (OperaçãoAcolhida), una iniciativa humanitaria del Gobierno Federal lanzada en 2018 para recibir y atender a migrantes y refugiados, principalmente venezolanos, que ingresan al país. Esta política se desarrolla en coordinación con agencias de las Naciones Unidas y organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de ofrecer protección e impulsar la integración socioeconómica de esta población.

Asimismo, Brasil permite a las personas venezolanas solicitar un permiso de residencia temporal por dos años —renovable y con posibilidad de acceder a la residencia permanente— incluso en casos de ingreso irregular, y acepta documentos de identidad vencidos. En la actualidad, se estima que más del 80 % de la población venezolana en Brasil cuenta con un estatus migratorio regular.

En cuanto a Argentina, este país tiene una tradición migratoria que le ha facilitado tener políticas de regularización más abiertas que otros países de la región. En este contexto, desde hace años Argentina venía ampliando la posibilidad de que ciudadanos venezolanos pudieran solicitar una residencia temporal para luego pasar a una permanente con requisitos más flexibles que en otros países. Sin embargo, por la lejanía y la crisis económica de los últimos años, el país suramericano no representaba la principal opción para muchos migrantes venezolanos. En el contexto actual, eso está cambiando.

2. El aumento de la migración y los cambios políticos

Desde hace varios años, en Venezuela convergen una serie de condiciones políticas, económicas y sociales que permiten afirmar que el país atraviesa una crisis humanitaria compleja, la cual impacta gravemente todas las formas de vida y los distintos ámbitos de la sociedad. Entre los principales factores que configuran esta situación se destacan el colapso de los servicios públicos, la escasez de bienes básicos, las afectaciones macroeconómicas —como la hiperinflación—, la migración forzada, la violación sistemática de los derechos humanos, el aumento de la inseguridad y un profundo debilitamiento institucional.

De acuerdo con el informe Brechas de privación social en la crisis humanitaria compleja en Venezuela de HumVenezuela1, el acceso estable al agua potable constituye la necesidad más urgente, seguido de la falta de servicios de salud de calidad y de las fallas persistentes en la prestación del servicio eléctrico. El informe señala que la multidimensionalidad de la crisis implica que las personas afectadas enfrentan múltiples privaciones de manera simultánea, las cuales tienden a reforzarse entre sí. Si bien algunos indicadores de calidad de vida evidencian un deterioro sostenido desde hace más de dos décadas, la movilidad de ciudadanos venezolanos hacia otros países registrada en los últimos años dan cuenta de una clara agudización de la crisis.

Al observar los flujos de personas que transitaron de manera irregular por la selva del Darién en los últimos diez años, se evidencia un aumento sostenido y acelerado a partir de 2020. Mientras que ese año se registró el paso de cerca de 8,5 mil personas, en 2021 la cifra superó las 130 mil, en 2022 ascendió a más de 248 mil y, en 2023, año en el que se alcanzó el mayor nivel de tránsito por esta ruta, el número de personas que cruzaron el Darién, buscando llegar a la frontera sur con Estados Unidos, se aproximó a las 520 mil.

A medida que aumentaron los flujos de personas en situación de movilidad humana en la región, las campañas presidenciales y los enfoques de las políticas públicas de acogida comenzaron a experimentar transformaciones significativas. Uno de los casos más visibles fue el de Estados Unidos, particularmente durante la campaña del presidente Donald Trump, en la que se enfatizó de manera reiterada la necesidad de restringir la migración. No obstante, los distintos procesos electorales desarrollados en la región evidenciaron que este giro discursivo y político no fue un fenómeno aislado y que, por el contrario, se está produciendo de manera amplia y generalizada.

Con la llegada de nuevos presidentes a Panamá, Perú, Ecuador y recientemente a Chile, se evidenció no solo el mal uso de la migración como tema de campaña, relacionándolo sobre todo, con problemas de seguridad, sino también la inestabilidad de los procesos de integración y regularización que dependen directamente de la voluntad del presidente de turno.

En este contexto, desde este año el Parole Humanitario ya no se encuentra vigente y cerca de 170 mil personas han sido deportadas desde Estados Unidos, de las cuales más de 4 mil son de nacionalidad venezolana. Asimismo, la mayoría de los permisos especiales y de las flexibilizaciones en los requisitosmigratorios que se habían implementado en la región para facilitar la integración de ciudadanos venezolanos ya no están en vigor.

Esta situación no se limita a gobiernos con orientaciones políticas de derecha. En Colombia, por ejemplo, durante la presidencia de Gustavo Petro, la política migratoria no ha ocupado un lugar prioritario en la agenda gubernamental. Si bien el gobierno anterior logró avanzar en la protección de cerca de dos millones de personas, a seis meses de la finalización del actual mandato presidencial no se ha formulado una política integral que atienda a las personas que han ingresado al país posterior al vencimiento del plazo para acogerse al ETPV.

3. Cambio de narrativa: criminalización de la migración

Al panorama incierto en torno a la regularización e integración de la población migrante venezolana en la región se suma una narrativa creciente de estigmatización y criminalización a lo largo del continente. El cambio en las políticas migratorias de Estados Unidos ha generado una mayor presión sobre los países de América Latina, lo que ha intensificado las tensiones internas y ha llevado a varios gobiernos a adoptar medidas más restrictivas.

En este contexto, Perú, Ecuador y Chile han anunciado recientemente la militarización de algunas de susfronteras, con el objetivo de reforzar los controles sobre el ingreso de personas migrantes a sus territorios.

Durante el último año han sido recurrentes las alocuciones de funcionarios públicos y mandatarios que establecen un vínculo entre la migración —en particular la proveniente de Venezuela— y el aumento de los problemas de seguridad. Un ejemplo de ello fue el pronunciamiento de la ministra de Comercio Exterior y Turismo de Perú, Úrsula León, quien defendió la declaración del estado de emergencia en Lima en marzo de 2025 como una medida para contener el incremento de la delincuencia, el cual atribuyó principalmente a la presencia de criminales venezolanos que han emigrado en los últimos años. En este contexto, diversos delitos cometidos en Suramérica han sido asociados al Tren de Aragua, organización criminal de origen venezolano que ya opera en diferentes países del subcontinente.

Es cierto que la región enfrenta diversos desafíos, entre ellos problemas de seguridad, particularmente aquellos asociados al crimen organizado transnacional. No obstante, se trata de un fenómeno previo al éxodo venezolano y que no puede explicarse exclusivamente a partir de los flujos migratorios recientes. Sin embargo, para muchos gobiernos del continente resulta políticamente más sencillo atribuir la compleja situación actual a grupos de personas extranjeras que han llegado en los últimos años a susterritorios. Esta criminalización de la población migrante no solo alimenta el temor y la xenofobia en las sociedades de acogida, sino que también genera barreras sociales que dificultan los procesos de integración.

4. Un futuro incierto

De acuerdo con lo expuesto hasta aquí, puede concluirse que las respuestas a la migración derivada de la crisis humanitaria compleja que enfrenta Venezuela —incluso en aquellos países con marcos de política migratoria más desarrollados— han sido predominantemente respuestas de gobierno y no de Estado. Esta situación genera inestabilidad en los procesos de integración de las personas en situación de movilidad humana y contribuye al aumento de su vulnerabilidad.

Si bien existen programas de repatriación voluntaria y algunas personas han optado por regresar a su país de origen, lo cierto es que las condiciones de vida en Venezuela no han experimentado mejoras sustantivas ni muestran señales claras de cambio en el corto plazo. Ello permite anticipar que los flujos de salida del país continuarán en el futuro cercano.

La criminalización de la migración incrementa la presión sobre las personas migrantes —en particular sobre aquellas en situación irregular— y no contribuye a la construcción de respuestas sostenibles de largo plazo que beneficien tanto a los países de acogida como a la población en movilidad humana. En contraste, una mayor coordinación regional orientada a la regularización podría permitir una atención más eficaz de una problemática con claros efectos transnacionales. La evidencia disponible ha demostrado que un enfoque demigración bien gestionada y organizada genera beneficios económicos, sociales y culturales para las sociedades receptoras. En este sentido, la migración venezolana regularizada, como ya ha ocurrido en otros contextos, puede constituirse en un motor de desarrollo para las sociedades de acogida. La pregunta entonces es si se puede volver a un enfoque de solidaridad y acogida en el contexto político regional actual.

1 HumVenezuela, Brechas de privación social en la crisis humanitaria compleja en Venezuela, Junio 2025.