A inicios de agosto de 2024 la organización Foro Penal reportaba más de 1102 detenciones arbitrarias^[1] en el marco de las protestas postelectorales en Venezuela. En septiembre del mismo año la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó esta situación y destacó que al menos 152 adolescentes^[2] fueron parte de los privados de libertad. Por su parte, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión^[3] en mayo de 2025 daba cuenta del “grave y progresivo deterioro del ecosistema mediático en Venezuela” y el crecimiento de lo que denominó un “clima de temor y autocensura entre periodistas y la ciudadanía que busca ejercer su derecho a la libertad de expresión”. Este informe significó una alerta a la comunidad internacional y reiteró el llamado al gobierno venezolano a respetar y garantizar el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, en particular, el derecho a la libre expresión.

Los casos anteriores ponen de manifiesto que la vulneración de los derechos humanos y en particular de la libertad de expresión en el contexto venezolano no son una novedad. El patrón de las violaciones no se limita a un grupo específico, sino que alcanzan a toda expresión de oposición, sin importar edad, género, condición socioeconómica o nivel de exposición mediática. Además, los informes y comunicados evidencian acciones de hostigamiento, persecución y uso de la fuerza por parte del Estado en contra de la disidencia, en su afán por controlar no solo la narrativa en el espacio público, sino también generar temor en el ámbito privado; favoreciendo la autocensura por miedo a represalias. Estos casos dan cuenta de la progresiva y sistemática vulneración de los derechos humanos en Venezuela, y por ende, del deterioro de los últimos vestigios de la democracia.

Estas situaciones no son aisladas; reflejan un problema estructural que exige examinar el valor de la libertad de expresión en las democracias contemporáneas viendo con atención el caso venezolano. En este sentido, el objetivo del presente artículo es destacar la importancia de los derechos humanos, y en especial de la libertad de expresión, para la defensa de la democracia. En primer lugar, abordaremos algunas bases conceptuales y normativas relacionadas con los derechos humanos y su relevancia en los sistemas democráticos. Luego, se analizará el rol de la libertad de expresión como garantía de pluralismo y control democrático. También se expondrán los riesgos que suponen para la democracia las vulneraciones a la libertad de expresión, y finalmente se abordarán los desafíos y caminos que la sociedad civil ha trazado para abrir espacios de participación ciudadana en colaboración con ONG y organismos internacionales en medio de las restricciones.

Empezaremos señalando que la democracia no se limita a la representatividad, las elecciones o la formalidad institucional, sino que también implica valores y prácticas que permiten la convivencia pacífica en medio de la pluralidad. No se agota en las instancias electorales; más bien, a partir de ellas, amplía las posibilidades de expresión sobre los asuntos comunes de manera libre y sin temor al castigo por hacerlo. En este sentido, es oportuno recordar que la democracia es “un régimen pluralista que implica la aceptación de la divergencia de intereses y opiniones, organiza la competencia electoral sobre esa base e institucionaliza el conflicto y su regulación” Rosanvallon (2008, 36)  El autor además, pone en relieve que “no existe democracia sin que se efectúen opiniones tajantes para resolver los diferendos”. Esto pone de relieve que cualquier régimen que se pretenda democrático debe aceptar no sólo la pluralidad, sino generar los espacios para que los individuos puedan expresar sus opiniones, por distintas y complejas que sean.

Es entonces la democracia, en un sentido más amplio, un sistema que permite a los individuos la expresión libre de sus ideas con la finalidad de resolver los conflictos inherentes a la convivencia humana. A partir de ello, se han creado instituciones y organismos que buscan promover espacios y establecer estándares que fomenten la convivencia pacífica con reglas de juego claras que dan espacio a la diversidad de opiniones y crean marcos institucionales para garantizarla y protegerla.

Estos estándares se han ido construyendo como parte del sistema universal y regional de protección de derechos y posteriormente incorporándose al sistema normativo interno, como es el caso de Venezuela, con rango constitucional^[4]. Empezaremos con la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) que busca proteger no solamente la libertad de palabra y pensamiento sino que enfatiza que nadie debería ser molestado por opinar, comunicar o investigar por cualquier medio que lo desee. De igual manera, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) establece que nadie puede ser molestado a causa de sus opiniones y reafirma el derecho a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras ni de los medios empleados para expresarse.

A nivel regional, la Convención Americana de Derechos Humanos^[5] reconoce el derecho de toda persona a la libertad de pensamiento y expresión, lo que incluye buscar, recibir y difundir información e ideas por cualquier medio y sin fronteras. Incluso en la Opinión Consultiva 5/85 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH 1985) la que amplía estos fundamentos dejando claro que la restricción ilegal de la libre expresión de un individuo no solamente violenta sus derechos como persona sino también el derecho de otras personas a recibir esa información. Esto se conoce como la doble dimensión de la libertad de expresión: por un lado, su carácter individual garantiza que ninguna persona sea arbitrariamente impedida de manifestar lo que piensa; por el otro, reconoce el derecho colectivo a conocer las ideas y opiniones de los demás.

Si retomamos los casos mencionados al inicio, es evidente que no solo se violentaron los derechos de las 1102 personas detenidas arbitrariamente por expresarse sobre los resultados de las elecciones; sino también los derechos del resto de los ciudadanos interesados en conocer esas opiniones y argumentos. Este hecho significó la limitación de derechos tanto individuales como colectivos y constituye una clara muestra de erosión de los derechos fundamentales en un país donde los estándares y los marcos institucionales son letra muerta frente a la fuerza y la arbitrariedad del poder.

Siguiendo con algunos de los instrumentos de protección de derechos, y en particular aquellos que evidencian la relación entre libertad de expresión y democracia, tenemos la Declaración y Programa de Acción de Viena (1993) que reconoce la interdependencia entre democracia, derechos humanos y libertades fundamentales. Considera que “la democracia se basa en la voluntad del pueblo, libremente expresada, para determinar su propio régimen político, económico, social y cultural, y en su plena participación en todos los aspectos de la vida”. De esta manera, se insiste en la importancia de la libre expresión de las personas como elemento esencial para participar activamente en ese proceso de definición colectiva del tipo de régimen político en el que desean vivir; precisamente el ejercicio que hicieron miles de venezolanos al manifestarse en el marco de las protestas postelectorales 2024 en Venezuela. No es posible pensar en una sociedad democrática si de ella está ausente la posibilidad de expresar libremente opiniones contrarias al poder, de hecho, la Carta Democrática Interamericana (2001) enfatiza que la promoción y protección de derechos humanos es “condición fundamental para la existencia de una sociedad democrática”.

Las referencias anteriores permiten comprender que la democracia, además de garantizar la expresión previa, durante y posterior a los ciclos electorales, exige que los ciudadanos participen activamente en la construcción de su sociedad. Esto implica que estén debidamente informados, puedan expresarse sin temor al castigo y tengan acceso a la información, incluso aquella en poder del Estado, siempre que su divulgación no genere perjuicios al interés general.

Ante todo esto ¿De qué manera la información, la posibilidad de expresarse y las garantías para hacerlo contribuyen a la democracia? Pues la democracia es también la posibilidad de ejercer control ciudadano de los asuntos públicos; contribuyendo al fortalecimiento de las instituciones democráticas que reconozcan la pluralidad e incentiven el debate permanente. Lo contrario, la ausencia de participación libre e informada, favorece el debilitamiento institucional y la erosión de los valores, mecanismos y fundamentos democráticos. Al respecto, la Corte IDH (2004, L116) señala que:

Sin una efectiva libertad de expresión, materializada en todos sus términos, la democracia se desvanece, el pluralismo y la tolerancia empiezan a quebrantarse, los mecanismos de control y denuncia ciudadana se empiezan a tornar inoperantes y, en definitiva, se empieza a crear el campo fértil para que sistemas autoritarios se arraiguen en la sociedad^[6]

Precisamente la cita describe el escenario que ha caracterizado a Venezuela en los últimos años. De hecho, el  Informe Anual 2024 de la CIDH,  en su capítulo sobre Venezuela, destaca la profundización de antiguos patrones de represión mediante nuevas formas de castigar la disidencia, persecución y castigo a la disidencia y erosión de las instituciones democráticas. Las protestas postelectorales 2024 desencadenaron lo que el informe denomina “tercera ola represiva”, caracterizada por el uso sistemático del temor como herramienta de control social, desapariciones forzadas breves, detenciones arbitrarias, torturas, tratos crueles e inhumanos, y graves violaciones a las garantías judiciales y a la libertad de expresión.

Pese a este sombrío panorama, existen valiosos esfuerzos e iniciativas desde la sociedad civil, ONG y organismos internacionales que contribuyen a la difusión y acceso a la información, promoviendo espacios de realización para los derechos fundamentales y la democracia a través de medios virtuales. Muchas de estas iniciativas se desarrollan desde el exilio o mediante redes sociales que permiten preservar la integridad de periodistas y activistas, ante la imposibilidad de hacerlo por medios tradicionales y por temor al castigo.

Un ejemplo de este esfuerzo desde el periodismo independiente es la creación de los avatares  “El Pana” y “La Chama” creados con inteligencia artificial para evadir la censura y el hostigamiento a través del noticiero virtual #OperaciónRetuit, surgido como alianza entre periodistas venezolanos y extranjeros durante el proceso electoral del 28 de julio de 2024^[7]. Este proyecto buscaba difundir información veraz en un contexto de autocensura de medios de comunicación locales y restricciones a medios digitales o redes sociales. Un intento de encontrar la manera creativa de informar sin poner en riesgo la vida de periodistas y agentes de prensa.

El periodismo de investigación también ha encontrado vías alternativas para difundir información relevante sobre casos de corrupción, medioambiente y derechos humanos. Destaca el portal Armando.info, activo formalmente desde 2014, que nació como iniciativa de periodistas venezolanos y hoy cuenta con colaboraciones regionales. Representa un esfuerzo por comunicar hechos y realizar investigaciones que, de ser realizadas en el país o en medios nacionales, habrían sido objeto de censura, persecución y encarcelamientos.

Asimismo, las ONG han contribuido no solo a difundir información, sino también a documentar y denunciar internacionalmente las violaciones a los derechos humanos amparados en los sistemas regionales y universal de protección. Entre ellas destacan Provea y Foro Penal, así como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, que han mantenido seguimiento constante de la situación venezolana.

Por su parte, los organismos internacionales —como la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, la CIDH (y en particular su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión) y la Corte IDH— han jugado un papel clave en la investigación, seguimiento y procesamiento de denuncias sobre violaciones a los derechos humanos.

Estas iniciativas surgen para atender las vulneraciones sufridas por los venezolanos, en un contexto en el que el Estado ha incrementado los ataques a la libertad de expresión, ha reforzado los cercos mediáticos y ha incumplido los compromisos internacionales en materia de derechos humanos y ha desmantelado sistemáticamente las instituciones democráticas. La persecución a la disidencia, el hostigamiento a quienes difunden información de interés público, el cierre de canales de comunicación y las detenciones arbitrarias constituyen prácticas incompatibles con un sistema democrático que respete la pluralidad y busque soluciones a los principales problemas de los venezolanos. Porque no es posible el disfrute y la garantía plena de los derechos sociales y colectivos, mientras se vulneren los  derechos civiles y políticos de las personas.

Como cierre, es importante reafirmar que la libertad de expresión constituye un pilar esencial para la existencia y sostenibilidad de la democracia. Su restricción, como ha ocurrido sistemáticamente en el contexto venezolano, no solo vulnera derechos individuales sino también colectivos, al impedir que la ciudadanía acceda a la información necesaria para ejercer control sobre los asuntos públicos. La evidencia de persecución, hostigamiento y censura confirma un proceso de erosión institucional que debilita no solo instituciones sino las prácticas y valores democráticos y favorece el autoritarismo, tal como ha señalado la Corte IDH y como se evidencia también en el informe más reciente de la misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela de la ONU^[8].

Sin embargo, frente a este panorama, la sociedad civil, el periodismo independiente y las organizaciones nacionales e internacionales han desempeñado un rol crucial al mantener abiertos canales de información y denuncia, incluso en condiciones adversas. Estos esfuerzos reflejan la persistencia de una ciudadanía activa que, mediante la comunicación, la documentación y la cooperación transnacional, continúa defendiendo los principios democráticos. En definitiva, la protección de los derechos humanos, y en particular de la libertad de expresión, no es solo una obligación jurídica, sino una condición indispensable para la reconstrucción democrática de Venezuela: una tarea riesgosa, pero profundamente valiosa para los venezolanos.

Recordar los estándares, subrayar el rol de la sociedad civil y recordar la importancia de la defensa de la democracia desde múltiples espacios no es poca cosa, es la reafirmación de los valores, instituciones y prácticas que deseamos retomar y en las que pretendemos vivir los venezolanos.

^[1]El Foro Penal es una ONG venezolana que brinda asistencia jurídica gratuita a víctimas de detenciones arbitrarias y violaciones de derechos humanos.

^[2] Ver más detalles en el Comunicado de Prensa 2024/212 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos OEA

^[3] Ver más detalles en el Comunicado de Prensa 2025/R088 de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión CIDH.

^[4] Para mayor detalle consultar artículo 23 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuel (1999)

^[5] Aunque Venezuela denunció la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 2012, con efectos en 2013 en el Comunicado de Prensa 61/2025 de fecha 26 de agosto de 2025 la Corte Interamericana de Derechos Humanos ratificó que “la Convención Americana se encuentra vigente para el Estado desde su acto de ratificación inicial de 9 de agosto de 1977”

^[6]  Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Herrera Ulloa (2004, julio 2), – Línea 116.

^[7] Se trató de una alianza creada por medios digitales como El Pitazo en colaboración con periodistas venezolanos y de toda la región. La trascendencia del proyecto le valió ganar el Premio Internacional Rey de España, en la categoría Cooperación Internacional y Acción Humanitaria.

^[8] La Misión ha presentado un informe en fecha 10 de septiembre de 2025 en el que da cuenta de las graves violaciones a los derechos humanos, dando cuenta de la actualización de los patrones de violaciones contra la población,en particular contra la oposición al gobierno.