Las elecciones legislativas y presidenciales en Colombia se han desarrollado en un entorno de grandes presiones de seguridad y económicas nacionales, fuertes tensiones con el gobierno de Estados Unidos, en medio de una debilitada institucionalidad regional. Globalmente, prevalecen la confrontación geopolítica, la volatilidad económica y el debilitamiento del derecho en todos los ámbitos.

En Latinoamérica el proceso colombiano se inserta en el ciclo electoral 2025-2027, de marcada tendencia a la polarización, en el que ha predominado la derrota de los oficialismos[1].

La tendencia a la polarización se acompaña con el atractivo de liderazgos fuertes: en la vertiente populista de izquierda que en nombre de la justicia social desafía y debilita a las instituciones de control democrático y en la del extremo que reta a la institucionalidad desde el populismo de nuevas derechas que, privilegiando el orden y la seguridad, también confrontan a la institucionalidad democrática.

La tendencia a la alternancia de opciones políticas en el poder se manifiesta en la secuencia de las elecciones presidenciales que perdieron las candidaturas de izquierda en El Salvador (2019), Ecuador y Argentina (2023), Venezuela (2024), Chile, Honduras y Bolivia (2025). Sin embargo, varias elecciones presidenciales recientes también supusieron alternancia a la izquierda en Brasil y, por primera vez, en Colombia (2022), en Uruguay (2024), y en su continuidad en el caso de México (2024).

En ese contexto, la elección presidencial de 2026 en Colombia tiene especial interés: por lo que significa para los colombianos y para la institucionalidad democrática nacional, y por lo que proyecta regionalmente.

Panorámica de izquierda a derecha

Las opciones electorales con mayor apoyo sostenido incluyen en la izquierda a Iván Cepeda, el candidato del oficialista Pacto Histórico que se ha mantenido en el primer lugar de preferencia en las encuestas desde finales de 2025 [2]. Su partido logró la mayor cantidad del total de senadores (25 de 108) y representantes (37 de 161), pero lejos de la mayoría simple en ambas cámaras. Abelardo De la Espriella, de derecha nacional-populista, se mantuvo en el segundo lugar y su partido Salvación Nacional solo obtuvo 4 senadores y 1 representante. Tras la consulta de marzo lo alcanzó rápidamente la candidata Paloma Valencia, de la derecha tradicional del Centro Democrático, partido que obtuvo 17 senadores y 28 representantes. Es de mencionar que la candidatura centrista de Sergio Fajardo, pasó del tercero al cuarto lugar de las encuestas, con muy pocas posibilidades de entrar a la segunda vuelta y escasos escaños de su coalición, Ahora Colombia, en el Congreso. Los partidos tradicionales, Liberal y Conservador, han perdido proyección política por si solos, pero cuentan con votos para facilitar o complicar la fluidez de la agenda del Ejecutivo con, respectivamente, 13 y 10 senadores, y 28 y 19 representantes.

En el espectro de izquierda a derecha, la opción de Paloma Valencia tan identificada con la figura polarizante del expresidente Álvaro Uribe, ha buscado su acercamiento al centro político y su electorado. A ello han contribuido su proyección política personal, su experiencia de negociación parlamentaria, su selección de Juan Daniel Oviedo como compañero de fórmula y su contraste con el extremismo de las posiciones y propuestas de De la Espriella.

Los índices de rechazo a los candidatos —medidos dos meses antes de la primera vuelta— añaden pistas sobre la complejidad del cuadro electoral y postelectoral. En el conjunto de las opciones electorales con mayor apoyo, encabezan esta lista las opciones más polarizantes: la fórmula del Pacto Histórico y la de Salvación Nacional. Es menor el rechazo a la del Centro Democrático, y es mínimo a las opciones de centro propiamente dichas[3].

Los resultados legislativos y la evidente polarización de posiciones y propuestas presidenciales que han empujado a los extremos hacen previsibles ciertas continuidades. De un lado, la necesidad y dificultad que seguirá teniendo la negociación de acuerdos para desarrollar la agenda de gobierno. Del otro, la tentación de tensar la institucionalidad y, desde las posiciones extremas, intentar alterarla por la vía de decretos presidenciales o de la convocatoria a una Asamblea Constituyente.

La elección para los colombianos y la institucionalidad democrática

La violencia y las amenazas durante las campañas legislativa y presidencial —que tuvo su episodio más traumático en el atentado de junio de 2025 que costó la vida al precandidato del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay— proyecta su sombra sobre la campaña y para el momento mismo de la elección. A ello, como preludio de las tensiones institucionales, contribuyen las dudas sembradas por el presidente Gustavo Petro sobre el proceso electoral y su manejo por el Consejo Nacional Electoral. La desinformación alimenta el riesgo de desbordamiento de protestas en desconocimiento de resultados, como ya se vio en Estados Unidos en 2021 y Brasil en 2023, particularmente ante un resultado estrecho.

Es diverso el orden que en las encuestas se asigna a los temas que más preocupan a los colombianos, pero entre ellos se encuentran visiblemente los de orden público (seguridad, delincuencia, violencia y pérdida creciente de control territorial por el Estado); las preocupaciones sobre la economía, el desempleo y la cobertura de necesidades básicas, así como la corrupción, el acceso a la salud, la calidad de la educación y, en un registro diferente, los problemas de gestión gubernamental. Esas preocupaciones, con base en lo que confirman hechos, informes y análisis en cada uno de sus ámbitos, hacen que predominen los temores sobre el futuro de Colombia y prevalezca la desconfianza en instituciones políticas fundamentales. Así lo evidencia el bajo nivel de credibilidad del Congreso, el sistema judicial y los partidos políticos, junto a la preocupación por el futuro de la democracia colombiana[4].

Con este telón de fondo y teniendo en cuenta lo poco que en materia internacional indican los discursos y propuestas de los candidatos presidenciales con mayores opciones de triunfo, se perfilan tres orientaciones muy generales pero relevantes para Latinoamérica. La primera sería de continuidad del desafío-administrado frente a Estados Unidos, con énfasis en afinidades ideológicas regionales y extracontinentales revisionistas; la segunda, sería de acercamiento hemisférico desde una alianza muy estrecha con Washington y relaciones preferentes con gobiernos regionales de posiciones afines; la tercera, buscaría el equilibrio entre el cuidado de los vínculos con Estados Unidos, la región y la diversificación internacional. Es lo que han asomado las propuestas de Iván Cepeda desde la primera orientación, Abelardo de la Espriella en la segunda y Paloma Valencia entre la segunda y tercera.

El impacto de las elecciones colombianas se hará sentir regionalmente, para comenzar, por lo que proyecte el desarrollo mismo de las elecciones: acerca de la institucionalidad colombiana y sobre su modo de resolver las tensiones de un proceso electoral acompañado por amenazas y violencia. Esto es particularmente importante en un entorno regional y hemisférico en el que se han debilitado los contrapesos institucionales —nacionales e internacionales— ante las prácticas violatorias del Estado de derecho y la democracia.

Tres grandes temas: relaciones y condicionamientos regionales.

Las propuestas que tienen especial relevancia regional —conocidas a partir de programas, discursos y declaraciones de los candidatos con mayores apoyos según las encuestas— pueden agruparse en tres grandes conjuntos: seguridad, relaciones económicas e integración, foros e institucionalidad regional, atravesadas todas por la incidencia de relaciones críticas.

En materia de seguridad, es notable la relevancia de la situación y las tendencias nacionales para la región. Así es en el calamitoso balance de la política de “paz total”, manifiesto en el crecimiento de los grupos armados, en integrantes, en capacidades y en control territorial[5] y en incremento de la violencia. Se añade, estrechamente asociado al despliegue de los actores ilícitos, el incremento sostenido de las hectáreas de cultivos de coca desde 2021, que alcanzan más de la mitad mundial[6]. Se trata de una economía en la que en torno a la explotación ilegal de oro y otros tráficos ilícitos, se desarrollan y compiten grupos armados en busca del control territorial en regiones como las fronterizas de Arauca, Norte de Santander (Catatumbo), Putumayo, Nariño, Chocó y la región amazónica.

Ninguna de las estrategias esbozadas por los tres candidatos con mayor opción permite prever la reducción del impacto transfronterizo de las acciones de las organizaciones y actividades ilícitas de los grupos armados. Su incidencia es particularmente grave en ausencia de contenciones institucionales y materiales, como ha estado ocurriendo en Venezuela[7]. Así se proyecta con la continuidad-ajustada de Cepeda, que propone retomar diálogos con sus garantías correspondientes, procurar la presencia del estado en las regiones críticas y desarrollar una política contra las drogas menos militar y más socioeconómica. También resultaría así con la seguridad total que plantea Valencia, aumentando la presión institucional y militar sobre los grupos armados y sus finanzas, y endurediendo la política contra las drogas ilícitas. Lo mismo ocurriría con el plan de choque de De la Espriella de someter en corto plazo a los grupos armados mediante la fuerza, destruir los cultivos ilícitos y recuperar el control territorial. En lo inmediato, es previsible la continuidad de los desbordamientos transfronterizos, lo que se verá agravado por las divergencias estratégicas regionales —como las manifiestas en las tensiones con Ecuador— y en la falta de acuerdos efectivos con Venezuela en esta materia, necesarios para ofrecer transparencia en el diagnóstico y genuina cooperación estratégica.

En cuanto a relaciones económicas e integración con la región, es poco lo que asoman las propuestas de los candidatos. Entre ellos hay visibles divergencias sobre la economía nacional que, ante la presión de la deuda y el déficit fiscal se ubican entre el rechazo a la “austeridad liberal” y las propuestas de reducción del gasto[8]. En lo más relevante para la proyección de tensiones y afinidades en posiciones regionales, se han puesto sobre la mesa la continuidad de la orientación hacia la transición energética y la agenda ambiental en el plan de Cepeda, y el impulso al sector minero-energético en los de Valencia y De la Espriella. Pese a las pocas referencias a la integración regional es inocultable la importancia de impulsar las exportaciones a la región en proporción, diversificación y complejidad. Esto hace relevante la participación de Colombia en acuerdos regionales y subregionales diversos: Alianza del Pacífico con México, Perú y Chile, la propia CAN y la Comunidad del Caribe y varios acuerdos bilaterales, entre ellos con Chile, Panamá y el reactivado con Venezuela. De ello es revelador que los planes de De la Espriella y Valencia insistan en el fortalecimiento de la vertiente comercial de la Cancillería.

Tampoco es de ignorar el gran peso de los intercambios con Estados Unidos y con China, los principales socios comerciales para Colombia: con una balanza levemente superavitaria en el primer caso y fuertemente deficitaria en el segundo. Esto seguirá teniendo una fuerte incidencia y generando tensiones en las relaciones internacionales de Colombia: entre, por un lado, las orientaciones oficialistas de impulsar el acercamiento geopolítico a China incluyendo la participación en la Iniciativa de la Franja y la Ruta firmada por Petro y, por el otro, las reservas y rechazos ante afinidades que puedan afectar las relaciones con Estados Unidos, que adicionalmente a lo comercial es la principal fuente de inversión extranjera directa y de cooperación en áreas críticas de seguridad y humanitaria. Con más fluidez se proyectan los significativos vínculos financieros, comerciales y de una amplia agenda de cooperación bilateral y regional con la Unión Europea.

En el ámbito político regional, a partir de lo comentado sobre seguridad e integración y con las pocas referencias explícitas a la institucionalidad regional de los tres candidatos con mayor opción de triunfo, puede esbozarse muy brevemente lo previsible en el tratamiento político de acuerdos y foros regionales.

Sobre la institucionalidad regional, Cepeda ha apoyado el perfil político de afinidades ideológicas de izquierda que tuvo Unasur y promueve en ese sentido la reorientación de la CAN y el fortalecimiento de Mercosur, si bien dentro de las limitaciones que impone el balance político regional y hemisférico presente. En cuanto al sistema interamericano, no hace llamados a retirarse y, por razones personales semejantes a las de Petro, favorece su protección de los derechos humanos, pero sin referencias a su alcance supranacional.

De la Espriella, desde la propuesta de una alianza y estrecha afinidad con el gobierno actual de Estados Unidos, se opone al multilateralismo en todas las instancias señalando que ninguna de ellas ha traído beneficios a Colombia.  Por su parte, Valencia ha defendido a la Comunidad Andina, no favorece el acercamiento al Mercosur y mantiene una posición crítica a acuerdos políticos regionales y subregionales, como Unasur, que considera ideologizados. Favorece el acompañamiento de la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante los riesgos para la democracia, los derechos humanos y las elecciones y, en términos semejantes, busca la cooperación de la ONU en materia electoral y de seguridad.

En conjunto, la tendencia de posiciones sobre la institucionalidad regional, en todos sus ámbitos, sería a la continuidad de su debilitamiento, sea que por la defensa de posiciones antiliberales, con o sin el abandono de los acuerdos, o por el reconocimiento de las limitaciones de su alcance. Esto último deja, políticamente, el margen para su persistencia en materia de observación electoral y seguimiento y denuncias sobre derechos humanos: los que ha sostenido Valencia con referencias explícitas a Venezuela para advertir sobre los peligros para la democracia en Colombia.

…Y Venezuela

Venezuela es y seguirá siendo una suerte de nudo en los tres conjuntos de temas ya esbozados. La extensa y porosa frontera en la que se mueven grupos armados, sus actividades criminales y flujos ilícitos hacia y desde territorio venezolano son parte del problema de seguridad colombiano. En el ámbito humanitario, de derechos humanos y de seguridad, las dimensiones de la diáspora venezolana, un tercio de la cual está en Colombia, y los temores a su aumento, son parte de esa agenda por atender. También lo es la importancia de la relación económica transfronteriza, en medio de las dificultades para sostener los intercambios y el cumplimiento venezolano de los términos acordados. En cuanto a la institucionalidad y los foros regionales, la participación de Venezuela ha complicado la construcción de acuerdos y consensos en todos los ámbitos.

A facilitar la transición democrática venezolana no contribuiría la ambigüedad normalizadora de la continuidad del interinato chavista que proyectan los dichos de Cepeda, pero tampoco la ruptura y omisión que asoma De la Espriella. Sí podría contribuir, coherentemente con su atención a los tres grandes conjuntos de temas, que Valencia hiciera de sus advertencias domésticas sobre la situación venezolana una agenda nacional y regionalmente constructiva, comenzando por reconocer la trascendencia que la recuperación de Estado de derecho y democracia en Venezuela tiene para la seguridad, prosperidad y democracia de Colombia y toda la región.

^[1]      Jorge Sahd, Daniel Zovatto eds., “Riesgo Político en América Latina 2026”, Diálogo Político, https://dialogopolitico.org/documentos/riesgo-politico-en-america-latina-
2026/

Carlos Malamud, Rogelio Núñez Castellano, “Elecciones en América Latina (2026): del «giro a la derecha» y el voto de castigo al factor Trump”, Real Instituto Elcano, 26 enero 2026, https://www.realinstitutoelcano.org/analisis/elecciones-en-america-latina-2026-del-giro-a-la-derecha-y-el-voto-de-castigo-al-factor-trump/

^[2]      Según la encuesta de AtlasIntel, “Elecciones Presidenciales Colombia 2026”, abril 2026, https://atlasintel.org/polls/exclusive-polls: la intención de voto sería de 37,8% para Cepeda, 27,2% para De la Espriella y 22% para Valencia. No muy lejanos de los datos de fines de marzo de Guarumo Ecoanalítica, “Elecciones Presidencia de la República 2026”, marzo 2026, https://www.lasillavacia.com/wp-content/uploads/2026/03/Encuesta-
Electoral-Guarumo-Ecoanalitica-marzo-27-2026-.pdf

^[3]      Ibíd.

^[4]      Alianza Cuidar la democracia, “Así perciben los colombianos su democracia: claves y propuestas para cuidarla”, febrero 2026, https://www.cesa.edu.co/news/elecciones-2026-alianza-cuidar-democracia-colombia/#:~:text=El%20CESA%2C%20junto%20a%2010%20universidades%20privadas%2C,vive%2C%20percibe%20y%20valora%20la%20democracia%20e

^[5]      Fundación Paz y Reconciliación, Vivamos Humanos, “La paz ¿cómo vamos?”, 2026, https://vivamoshumanos.org/wp-content/uploads/
2025/06/INFORME-LA-PAZ-COMO-VAMOS.pdf

^[6]      Nota Oficina de las Naciones Unidas para las Drogas y el Delito, Colombia. Monitoreo de Territorios con presencia de cultivos de coca 2023, febrero 2025, https://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Colombia/Colombia_informe_monitoreo_2023.pdf

^[7]      Ramón Cardozo, “Los desafíos para Venezuela de la paz total en Colombia”, DW, 10 abril de 2026, https://www.dw.com/es/los-desaf%C3%ADos-para-venezuela-de-la-paz-total-en-colombia/a-76739883

^[8]      LLYC IDEAS, “Escenarios de gobierno de candidatos presidenciales”,
Colombia, febrero 2026, https://llyc.global/wp-content/uploads/2026/
02/Escenarios-de-Gobierno_LLYC_IDEAS.pdf