América Latina atraviesa en 2026 uno de sus calendarios electorales más densos y políticamente significativos en mucho tiempo. Millones de ciudadanos ya empezaron a acudir a las urnas para elegir gobiernos en un contexto marcado por la extrema polarización, el retorno y avance de la derecha, y una creciente hegemonía estadounidense cada vez menos disimulada. Esa renovada influencia estadounidense se expresa no solo en decisiones estratégicas, sino también en conferencias de prensa y decisiones que, de forma cada vez más reveladora, emanan desde Mar-a-Lago, el club privado de Donald Trump.

El telón de fondo regional lo dio Chile en diciembre de 2025, cuando José Antonio Kast, el candidato de derecha obtuvo el 58,16% de los votos frente a la candidata de izquierda, Jeannette Jara. El resultado en Chile no fue una anomalía, fue la confirmación de un cambio de ola ideológica que recorre la región, pero también una expresión de voto castigo para el gobierno saliente de Gabriel Boric. Honduras también celebró elecciones presidenciales en noviembre de 2025, en un proceso marcado por la abierta interferencia del presidente Donald Trump, quien declaró públicamente su respaldo al candidato de derecha y empresario, Tito Asfura, y aseguró que tanto él como Asfura podían trabajar juntos para combatir a los narcos y procomunistas^[1]. De igual manera, las elecciones legislativas en Argentina en octubre de 2025 estuvieron marcadas por una injerencia sin precedentes: Trump advirtió explícitamente que Estados Unidos retiraría su apoyo económico al país si los candidatos afines a Milei^[2] no salían victoriosos. Una vez se dio la victoria oficialista, Trump no la celebró como un triunfo argentino, sino como propio: declaró públicamente que el resultado fue, en realidad, gracias a él.

El año 2026 no tardó en comenzar con un calendario electoral intenso. Costa Rica abrió el año el 1° de febrero con elecciones generales, en las que Laura Fernández, candidata del centroizquierdista Partido Pueblo Soberano, ganó en primera vuelta con el 48,33% de los votos, evitando una segunda vuelta. Perú celebró sus elecciones presidenciales y legislativas el 12 de abril, las primeras con Congreso bicameral desde 1992, en un contexto de profunda desconfianza institucional, con un presidente, José María Balcázar, que llega al final de su mandato con una de las aprobaciones regionales más bajas^[3]. Keiko Fujimori, candidata de derecha de Fuerza Popular, encabezó la primera vuelta con el 17,07% de los votos, asegurando su lugar en el balotaje del 7 de junio. En segundo lugar, se ubicó Roberto Sánchez, candidato de izquierda de Juntos por el Perú, con el 12,04%, partido cercano al expresidente Pedro Castillo, quien pasará a disputar la segunda vuelta en una contienda que se perfila como una polarización entre los extremos del espectro político peruano^[4]. Colombia enfrentó sus elecciones legislativas el 8 de marzo de 2026 en el cual el partido de Gustavo Petro se vio beneficiado, y convocará la primera vuelta presidencial el 31 de mayo, con figuras como el senador Iván Cepeda (izquierda, Pacto Histórico) y el abogado Abelardo de la Espriella (derecha, defensores de la patria) como favoritos iniciales. Brasil, la mayor economía de la región, cerrará el ciclo electoral el 4 de octubre con votaciones simultáneas para presidencia, Congreso y gobernadores, en una contienda que ya perfila a Lula da Silva buscando un cuarto mandato, enfrentando a Flávio Bolsonaro en un contexto polarizante y de grandes disputas políticas y legales^[5].

Y mientras la región debate el rumbo de sus democracias y liderazgos, Venezuela vive su propia paradoja: un régimen que sigue siendo autoritario pero que perdió a su líder de trece años, capturado por fuerzas estadounidenses el 3 de enero de 2026 y trasladado a Nueva York para enfrentar cargos penales. Ahora el régimen de Venezuela opera bajo el liderazgo de Delcy Rodríguez, una presidenta de facto cuya permanencia en el poder depende de Washington. En estas líneas se examina el panorama electoral de 2026 en América Latina, los posibles escenarios políticos y sus implicaciones para la democracia regional y Venezuela en particular.

Escenarios: El mapa electoral de América Latina en 2026.

Lo que este ciclo electoral hace visible es que los cambios de gobierno en la región no operan en el vacío: cada resultado retroalimenta la configuración de poder en Venezuela. Lo que antes era objeto de conspiraciones sobre injerencia encubierta se ha convertido en política exterior declarada, ejecutada en tiempo real por redes sociales, conferencias de prensa y amenazas económicas explícitas. A partir de este contexto, hay dos escenarios posibles para el cierre del ciclo electoral de 2026, y un riesgo estructural que los atraviesa a ambos.

Escenario 1: La consolidación del eje derechista.

Si las elecciones en Colombia y Brasil producen victorias de derecha o centroderecha, 2026 cerraría con el mapa ideológico latinoamericano más volcado hacia ese polo desde los años noventa^[6].En este posible escenario, el eje Kast-Milei-De la Espriella-Bolsonaro se consolidaría como el bloque hegemónico regional, con implicaciones directas para organismos regionales, y con una política de alineamiento casi total con Washington. Para Venezuela, ese contexto significaría el cierre definitivo de los márgenes de maniobra regional: sin Colombia de Petro como interlocutor y sin Lula como contrapeso normativo, Rodríguez quedaría completamente expuesta a los términos que Washington defina unilateralmente para la transición.

Asumir que una Colombia o un Brasil de derecha operarían como un vector de presión democrática sobre Venezuela sería un error. Particularmente bajo la presidencia de Petro en Colombia, Bogotá actuó como interlocutor regional con Caracas, incluso en sus momentos de mayor tensión bilateral. Sin embargo, un gobierno colombiano de derecha, pese a su retórica antichavista, tendería a alinearse con la lógica pragmática de Washington: preservar la estabilidad del régimen de Rodríguez mientras fluye el petróleo, sin exigir cambios de condiciones políticas. El caso particular de De la Espriella es claro. Su vínculo previo con el entorno de Maduro^[7] y su necesidad de ganarse la confianza de la administración Trump lo colocarían en una posición de subordinación a la agenda energética estadounidense antes que en la de exigencia democrática en Venezuela. Paradójicamente, una Colombia de derecha no endurecería el cerco sobre Venezuela en términos políticos: lo que haría es cerrar el único canal diplomático que Bogotá mantenía con Caracas, dejando a Washington como el único interlocutor real y sin contrapesos. En un escenario de hegemonía derechista regional, ningún actor tendría la voluntad para presionar a Washington a acelerar una transición política en Venezuela, dejando el calendario venezolano enteramente a discreción de los intereses estadounidenses.

Escenario 2: La resistencia de la izquierda en los dos grandes.

Si Colombia elige un gobierno de izquierda y Lula retiene el poder en Brasil, la región quedaría dividida en dos bloques ideológicos, aunque no a partes iguales. Esa división, sin embargo, no debe leerse automáticamente como una ventaja para la democracia venezolana. Los gobiernos de izquierda latinoamericanos han privilegiado históricamente el principio de no intervención y el diálogo sobre las exigencias de condiciones electorales verificables, y cuando han formulado condiciones, la distancia entre el discurso normativo y la presión operativa real ha sido, sistemáticamente, amplia. La izquierda regional puede hablar de democracia en Venezuela sin exigirla, y ese patrón no tiene razones estructurales para cambiar en el ciclo actual.

Brasil es la excepción parcial, y conviene precisar aquí en qué sentido. Lula ha condicionado retóricamente el reconocimiento internacional pleno del gobierno de Rodríguez a la celebración de elecciones libres, una posición más exigente en el discurso que la de Washington, cuya agenda ha privilegiado el acceso al petróleo sobre la reforma institucional. Pero Brasilia tiende a articular principios en foros multilaterales sin traducirlos en condiciones concretas y verificables sobre el terreno. Su peso es normativo y diplomático, no coercitivo: puede complicar el diseño unilateral de Washington e introducir exigencias en distintos organismos multilaterales, pero no tiene los instrumentos, ni históricamente la voluntad, para forzar a Caracas a cumplir un calendario electoral con estándares reales.

Colombia, por su parte, aportaría la continuidad del canal diplomático con Caracas, aunque las posturas dentro de la izquierda colombiana no son homogéneas frente a Venezuela. Ese canal, bajo Petro, sirvió como válvula de comunicación regional, pero nunca como mecanismo de presión democrática efectiva. En la práctica, mantenerlo abierto beneficia a Rodríguez: le ofrece legitimidad relacional y reduce su aislamiento sin exigirle nada a cambio. Pero la relación colombo-venezolana no es solo diplomática ni ideológica: es operativa, y esa dimensión complica el margen de maniobra de cualquier gobierno colombiano independientemente de su signo político. El ELN y la Segunda Marquetalia han mantenido durante años una presencia importante en territorio venezolano, y varios de sus mandos más relevantes se refugiaron allí con la tolerancia del régimen de Chávez y Maduro. La captura de Maduro y la llegada de Rodríguez al poder los dejó en una posición de vulnerabilidad: según inteligencia militar colombiana^[8], el ELN ha comenzado a revisar rutas y logística para repatriar mandos desde Venezuela, ante la percepción de que el nuevo régimen ya no garantiza su seguridad. Ese repliegue tiene consecuencias directas para la seguridad interna colombiana: los mandos guerrilleros que regresan pueden reactivar estructuras y alterar los procesos de paz en curso, precisamente durante el período electoral. Bajo Petro, Venezuela fue además un actor indispensable en las negociaciones con el ELN, los diálogos dependían de que Caracas tolerara y facilitara el acceso a los mandos en su territorio. Con Rodríguez bajo tutela estadounidense, esa función mediadora queda en suspenso: ni el nuevo régimen tiene el mismo capital político con los grupos armados, ni Washington tiene incentivo para facilitar procesos de paz que impliquen reconocimiento de la guerrilla colombiana. Cualquier gobierno colombiano que llegue en junio heredará ese vacío.

El riesgo transversal: movimiento sin transición.

Independientemente de quién gane en Colombia o Brasil, hay un riesgo que atraviesa ambos escenarios y que constituye la amenaza más profunda al ciclo democrático de 2026: que una posible normalización económica de Venezuela avance sin condiciones políticas verificables, convirtiendo el proceso en lo que el analista Benigno Alarcón Deza describe como “normalización sin transición”^[9].

Cuatro meses después del 3 de enero, lo que está ocurriendo en Venezuela no es una transición: es movimiento sin dirección democrática verificable. El chargé d’affaires estadounidense John Barrett confirmó al llegar a Caracas que implementaría el plan de tres fases, pero solo la primera muestra señales de actividad, y aun esa de manera selectiva. La segunda fase, reactivación económica y reconciliación nacional, no ha comenzado formalmente, y la tercera fase, establecer un nuevo gobierno basado en la voluntad popular, permanece deliberadamente sin definir. En el mejor de los casos, las elecciones se situarían para mediados de 2027, después de las elecciones de medio término estadounidenses de noviembre de 2026, momento en que la prioridad política de Washington hacia Venezuela podría diluirse considerablemente.

Las condiciones sobre el terreno no respaldan el optimismo que se proyecta desde Washington. Venezuela sigue siendo sancionable: no posee Estado de derecho, no tiene cortes independientes, mantiene presos políticos, y el sector militar, que controla empresas estratégicas, puertos y la distribución de servicios y productos básicos, no ha iniciado ningún proceso de reestructuración ni profesionalización. Proyecciones del FMI para 2026 sitúan el crecimiento del PIB venezolano en -3,0% y la inflación en 682,1% anual^[10]. Las inversiones no están llegando a la velocidad que algunos actores en Washington quisieran hacer creer al mundo: mientras sectores como el petrolero, el gasífero y el minero sí podrían recibir capital externo en el corto y mediano plazo, dado que ya empiezan a existir algunos marcos contractuales con Chevron y las licencias OFAC, amplios sectores de la economía formal, la pequeña empresa, la agricultura y los servicios básicos no vislumbran inversión real en el futuro cercano. Igualmente, los venezolanos no perciben cambios materiales concretos de su vida cotidiana.

Cambios estructurales hace de la segunda fase del plan estadounidense el momento más crítico y estratégicamente valioso del proceso. Es precisamente en esa fase donde la presión internacional tiene mayor palanca: la reactivación económica debería condicionarse a reformas verificables en el sector militar y policial, en el sistema judicial, en la autoridad electoral, y en la liberación total de los presos políticos como precondición para avanzar hacia la tercera fase. Sin esa vinculación explícita, la normalización económica avanzará sin garantías políticas, fortaleciendo a Rodríguez mientras debilita el poder negociador de Washington y de la oposición democrática.

El mayor riesgo, entonces, no es simplemente la ausencia de transición: es su simulación. Como señala Benigno Alarcón^[11], Venezuela podría llegar a una elección en 2027 con Rodríguez ya normalizada internacionalmente, sus instituciones formalmente restructuradas, pero materialmente capturadas, el Tribunal Supremo, el Poder Ciudadano, la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo siguen siendo designados por el propio régimen, el calendario electoral impuesto unilateralmente, y una comunidad internacional agotada. Ese escenario no sería una transición democrática: sería una transacción^[12] o una formalización del autoritarismo bajo ropaje electoral, un modelo que América Latina ya conoció en el siglo XX.

Implicaciones para la Venezuela bajo Delcy Rodríguez: el autoritarismo con nuevo rostro.

La naturaleza del arreglo político entre Estados Unidos y el régimen de Rodríguez fue descrita por el propio Trump con una franqueza inusual. “Estamos gobernando Venezuela hasta que podamos realizar una transición segura, adecuada y sensata,” declaró. Sobre Rodríguez fue aún más explícito: “Está dispuesta a llevar a cabo lo que consideramos necesario para hacer Venezuela grande de nuevo. No tiene más opción.” Días después lanzó la amenaza directa: “Si Rodríguez no actúa correctamente, pagará un precio muy alto, probablemente mayor que el de Maduro.” El lenguaje no es el de un aliado: es el de un ocupante que nomina a un administrador. Su reconocimiento de Rodríguez como única líder del país le ha dado a ella tiempo para cambiar su imagen personal y prepararse como eventual candidata, mientras la segunda administración de Trump opera con un horizonte temporal limitado: si las elecciones venezolanas no se celebran antes de enero de 2029, la presión de Washington podría atenuarse o cambiar de objetivo ante un posible cambio de administración. Lo que Venezuela presenta hoy es una paradoja política de manual: un régimen que sigue siendo autoritario en su naturaleza, controla los medios, mantiene, mata o desaparece presos políticos^[13] bajo custodia, pero que ha perdido su soberanía efectiva hacia el exterior. No es una transición democrática: es un cambio de liderazgo bajo tutela externa, evocando los llamados puppetregimes o regímenes títeres del pasado.

La oposición venezolana, representada por María Corina Machado y Edmundo González, fue deliberadamente marginada del proceso posterior al 3 de enero. Sin embargo, la oposición no ha desaparecido del tablero: las reuniones de Machado en el exterior, incluyendo reuniones con oficiales de alto rango de la administración estadounidense, confirman que conserva apoyo internacional clave. La administración Trump mantiene así un doble canal: relación operativa con Rodríguez y contacto formal con la oposición. Esa ambigüedad beneficia a Washington en el corto plazo, pero crea una incertidumbre estructural sobre qué tipo de proceso resultará de esa ecuación. Venezuela ha sido, durante más de dos décadas, el arquetipo del debate latinoamericano sobre democracia y autoritarismo. Su situación actual, un régimen madurista en el nombre, tutelado a distancia por la Casa Blanca de Trump, descoloca los marcos ideológicos habituales con los que la región ha procesado ese debate. Esta paradoja venezolana es reveladora de un problema más amplio: cuando la presión por la democracia viene de una potencia que simultáneamente interfiere en otras elecciones, condiciona apoyo financiero a resultados electorales y declara que “gobernará” un país hasta que la transición le sea conveniente, la credibilidad del argumento democrático colapsa. Trump no defiende la democracia en Venezuela: defiende los intereses de Estados Unidos en Venezuela, y esa distinción es crucial para entender tanto la situación venezolana como la legitimidad del orden regional que se está viviendo.

El año 2026 pudiera pasar a la historia como un año bisagra para la democracia latinoamericana. El volumen del calendario electoral es impresionante pero la cantidad de elecciones no garantiza la calidad de la democracia en la región, como bien saben los venezolanos. Lo que se está jugando en 2026 es si la democracia latinoamericana puede seguir siendo un proyecto autónomo o si se convertirá en un sistema de fachadas electorales donde los resultados son condicionados desde afuera y los líderes gobiernan bajo tutela, al menos mientras exista una administración en Washington que quiera tutelar. Para América Latina, la pregunta de 2026 no es solamente quién gana las elecciones: ¿los de derecha o los de izquierda? La tensión entre una derecha ascendente en el Cono Sur y una izquierda que pudiera retener dos de los países más grandes de América del Sur, Brasil y Colombia, no produciría necesariamente presión democrática coordinada sobre Venezuela: produciría un empate diplomático en el que Rodríguez navegaría con comodidad, usando a unos y a otros según convenga, sin verse obligada a concretar ninguna de las tres fases que Washington ha prometido pero que aún no ejecuta cabalmente. La pregunta más profunda es si la región es capaz de articular una respuesta colectiva a la erosión de su soberanía democrática. Y para Venezuela, la pregunta es más concreta: ¿es posible una transición democrática real cuando el actor que la impulsa lo hace por intereses energéticos y geopolíticos, sin exigir las condiciones institucionales mínimas que hacen de una elección algo más que un procedimiento?

^[1]      Reuters, “Trump backs conservative Asfura in Honduras’ tight presidential race”, November 26, 2025, https://www.reuters.com/world/americas/
trump-says-he-hopes-honduras-elects-conservative-national-partys-
asfura-2025-11-26/

^[2]      Real Instituto Elcano, “Las razones de la victoria de Javier Milei”,
Carlos Malamud, Octubre 29, 2025, https://www.realinstitutoelcano.org/comentarios/las-razones-de-la-
victoria-de-javier-milei/

Noticias DW, “Trump felicita a Milei por su «victoria aplastante»”, Octubre
27, 2025, https://www.dw.com/es/trump-felicita-a-milei-por-su-victoria-
aplastante-en-legislativas-de-argentina/a-74506558

^[3]      Mariana Quilca Catacora, “Presidente José María Balcázar tiene la aprobación más baja de Latinoamérica, incluso menor que la de Delcy Rodríguez”, Infobae, Abril 20, 2026, https://www.infobae.com/peru/2026/04/20/presidente-jose-maria-balcazar-tiene-la-aprobacion-mas-baja-de-latinoamerica-incluso-menor-que-la-de-
delcy-rodriguez/

^[4]      ONPE, “Elección de fórmula presidencial”, https://resultadoelectoral.onpe.gob.pe/main/resumen

^[5]      Esther Solano, Alexandre Fuccille, “Brasil bajo la polarización: balance y perspectivas”, Nueva Sociedad, Marzo-Abril 2026, https://nuso.org/
articulo/322-brasil-bajo-la-polarizacion/

^[6]      Victoria Dannemann, “Derecha en alza: el nuevo mapa político de América Latina”, DW, Diciembre 19, 2025, https://www.dw.com/es/derecha-en-alza-el-nuevo-mapa-pol%C3%ADtico-de-am%C3%A9ricalatina/a-75243248

Michael Reid, “America Latina gira a la derecha”, The New York Times,
Febrero 2, 2026, https://www.nytimes.com/es/2026/02/02/espanol/opinion/america-latina-derecha-elecciones-trump.html

^[7]      Carlos Cuevas, “¿Qué está en juego en la relación de Colombia con Venezuela y Ecuador en las elecciones?”, Bloomberg Línea, Mayo 6, 2026, https://www.bloomberglinea.com/latinoamerica/colombia/que-esta-en-juego-en-la-relacion-de-colombia-con-venezuela-y-ecuador-en-las-elecciones/

^[8]      José David Rodríguez, “Inteligencia advierte posible éxodo de cabecillas del ELN desde Venezuela hacia Colombia”, W Radio / Caracol Radio, enero 3 de 2026, https://www.wradio.com.co/2026/01/04/inteligencia-advierte-
posible-exodo-de-cabecillas-del-eln-desde-venezuela-hacia-colombia/

^[9]      Benigno Alarcón Deza, “Normalization without transition:
Delcy Rodríguez’s playbook”, Americas Quarterly, April 29, 2026, https://www.americasquarterly.org/article/normalization-without-
transition-delcy-rodriguezs-playbook/

^[10]    Emile Sweigart, “Venezuela: A 2026 snapshot”, Americas Quarterly,
Enero 20, 2026, https://www.americasquarterly.org/article/venezuela-
a-2026-snapshot/

^[11]    Benigno Alarcón Deza, “Normalization without transition:
Delcy Rodríguez’s playbook”, Americas Quarterly, April 29, 2026, https://www.americasquarterly.org/article/normalization-without-
transition-delcy-rodriguezs-playbook/

^[12]    International Crisis Group, “Venezuela después de Maduro: ¿Transacción
o transición?”, Enero 9, 2026, https://www.crisisgroup.org/es/stm/latin-america-caribbean/venezuela-
united-states/venezuela-after-maduro-transaction-or-transition

^[13]    Efecto Cocuyo, “Carmen Navas, la madre de 83 años que recorrió las cárceles en busca de su hijo que el estado ya había enterrado”, Mayo 7, 2026, https://efectococuyo.com/la-humanidad/carmen-navas-la-madre-de-86-
anos-que-recorrio-carceles-buscando-a-un-hijo-que-el-estado-ya-habia-
enterrado/