Nos aproximamos a inaugurar la democracia venezolana. La posibilidad ya no es una conjetura remota, sino un horizonte que empieza a definirse con contornos más precisos. Y esa cercanía obliga a pensar con mayor profundidad lo que está en juego. Venezuela no necesita únicamente un cambio de gobernantes, y ni siquiera un reajuste institucional más o menos exitoso. Lo decisivo es otra cosa: si el país está en condiciones de sostener la libertad cuando esta deje de ser un sueño y se convierta en una realidad social. O, dicho en otras palabras, si podemos revertir el daño causado por la injusticia en el alma singular de cada venezolano^[1].

La democracia no se agota en elecciones ni en acuerdos, aunque ambos sean indispensables. Es, antes que nada, una forma de vida pública que se sostiene en hábitos, en límites de concordia interiorizados por los ciudadanos, en una cierta disciplina moral que permite convivir sin recurrir a la imposición. Sin ese sustrato, la libertad se vuelve inestable, se desgasta, pierde espesor, se convierte en una ilusión que no logra consolidarse en el tiempo.

Por eso, el problema que tenemos por delante no es solo político en sentido estricto. Es, en buena medida, un problema educativo. Se trata de formar ciudadanos capaces de vivir en democracia, no solo de ganarla o de recibirla; de educar el alma cívica del país en el hábito de la justicia, de modo que la libertad no sea un episodio aislado en nuestra historia patria, sino una experiencia que pueda proyectarse en el tiempo para perdurar. Porque la libertad puede llegar como un acontecimiento coyuntural y efímero, pero solo se la mantiene estructuralmente con virtud cívica.

Conviene, entonces, ordenar una reflexión de trazos gruesos sobre qué significa educar para la democracia: primero, un examen de conciencia de pueblo, para comprender qué ocurrió y cómo fue posible; segundo, una educación de la memoria, que preserve la experiencia vivida como lección aprendida, como un escarmiento republicano; tercero, una educación para la ley, como base de la vida en común; y, en cuarto lugar, una formación para la justicia social en libertad, que evite tanto la dominación por parte del Estado como la indiferencia por parte de los ciudadanos.

Veamos cada uno de estos aspectos.

Examen de conciencia de pueblo

Aquí el punto de partida no es cómodo, pero es necesario. La autocracia que hemos padecido no puede explicarse únicamente como la irrupción de un grupo que capturó el poder, sino en una enfermedad cívica en el todo que es el pueblo de Venezuela^[2]. Eso ocurrió, sin duda, pero no basta. Ese proceso encontró condiciones que lo hicieron posible, y esas condiciones estaban, en alguna medida, en la sociedad venezolana, en su manera de entender la política, en su relación con el poder, en sus hábitos cotidianos.

Reconocerlo no significa diluir responsabilidades. Quienes dirigieron la destrucción institucional del país deben responder por ello. Pero el fenómeno no se comprende si no se mira también hacia abajo, hacia el cuerpo social en el que esa forma de poder echó raíces, se expandió y logró sostenerse durante un tiempo prolongado, aprovechando grietas que ya existían desde los años finales de la democracia de Puntofijo.

Durante años se fue erosionando lo esencial. El privilegio dejó de ser excepción y empezó a ser regla, el abuso dejó de escandalizar socialmente y la mentira se hizo lo ordinario en la vida pública. La voluntad de los autócratas se acostumbró a imponerse sin límites ni contrapesos y ese acostumbramiento fue minando lentamente la idea misma de autoridad legítima.

Al mismo tiempo, se consolidó una expectativa desproporcionada sobre el Estado. Todo debía venir de ahí, todo debía resolverse desde ahí. Y, paradójicamente, mientras se le pedía todo, se dejaba de exigirle límites. Se fue perdiendo el reflejo de contención que caracteriza a una sociedad que se sabe libre y que entiende que el poder, para no desbordarse, debe ser contenido.

En ese contexto, la democracia empezó a verse como algo dado, no como algo que exige cuidado, vigilancia y compromiso constante. Esa fue, quizá, una de las fallas más graves de los venezolanos. Porque desde Hugo Chávez abrió la puerta a una forma de poder que no encontró resistencia suficiente en sus primeras manifestaciones^[3].

Es verdad que hubo responsabilidades diversas. No todos hicieron lo mismo, pero quizás todos (o casi todos) dejamos de hacer lo que correspondía. Algunos impulsaron la injusticia. Otros la justificaron. Otros callaron ante ella. Otros se adaptaron a convivir con ella. Otros pensaron que nada de eso los alcanzaría. Otros dejaron de formar criterio en los espacios que les atañían, debilitando así la capacidad de reacción de ese conjunto que llamamos ciudadanía e implica un estatus activo en el ejercicio de derechos y deberes^[4].

No se trata, por tanto, de repartir culpas de manera indiscriminada ni de someternos a autoflagelaciones sin sentido. Se trata de entender que un país que no se examina su conciencia cívica queda expuesto a repetir lo que ya vivió. La degradación no comienza cuando los tribunales dejan de servir a la justicia o cuando la disidencia es perseguida. Comienza antes, en un punto más sutil: cuando se pierde la noción de lo justo y se relativizan aquellos presupuestos que deberían ser firmes rocas de la vida común.

Educar para la democracia supone asumir ese diagnóstico sin evasivas, hacer examen de conciencia para establecer responsabilidades cívicas y poner diques de contención a la potencialidad autocrática que pueda reaparecer en el futuro.

Educar la memoria

Sin memoria —memoria ágil— no hay defensa posible ante renovadas pretensiones autocráticas. Un país que olvida queda desprotegido frente a cualquier intento de repetición, porque la experiencia se disuelve y con ella desaparecen los criterios morales que permiten distinguir lo justo de lo injusto y resistir el mal en la vida cívica de un pueblo.

Venezuela tiene demasiado que recordar como para permitirse la amnesia respecto de las casi tres décadas de chavismo, madurismo y rodrigato. La persecución política, la prisión sin garantías, el exilio forzado, la fragmentación de las familias, la conversión de las instituciones en instrumentos de control, el robo de elecciones y el secuestro de la soberanía popular: todo ello forma parte de una experiencia que no puede ser borrada sin costo, sin empobrecimiento moral, sin debilitamiento político y sin desaprovechamiento de anticuerpos cívicos en contra de la injusticia.

Pero la memoria no cumple una función de revancha. Cumple una función de conocimiento propio, de realismo frente a aquellas justicia e injusticias de las que somos capaces como pueblo. Traza una frontera de lo que no debe cruzarse de nuevo, y que debe ser reconocida como tal por la sociedad en su conjunto, no solo por quienes la padecieron de forma directa.

La memoria permite, en concreto, distinguir entre poder y abuso, entre autoridad y sometimiento, entre ley y arbitrariedad. Sin esas distinciones, la política pierde orientación moral y se vuelve susceptible a repetir sus peores formas, aun cuando cambien los nombres o las circunstancias. Por eso, es necesario formar lo que la tradición republicana antigua denominó horror injustitiae: no como latinazgo retórico, sino como disposición política real, como rechazo efectivo a la injusticia, a la arbitrariedad, a la violación de derechos, sin matices interesados ni cálculos de conveniencia que deformen el juicio moral de los ciudadanos: que el abuso no encuentre justificación, que la arbitrariedad no sea tolerada, que la violación de derechos no sea normalizada.

Y en este punto debe advertirse que ese tipo de disposición no surge de manera espontánea. Requiere formación, transmisión, relato, comprensión; requiere incluso expresión literaria libre^[5]. Porque la memoria no es solo acumulación de hechos. Es interpretación, es continuidad, es una forma de integrar el pasado en la conciencia presente para orientar el futuro. Pero también debe incluir la bondad, el bien en la historia y la experiencia de la resistencia, pues no todo fue sometimiento: hubo quienes sostuvieron principios, quienes asumieron costos, quienes no cedieron. Sin esa dimensión, la memoria dejaría de ser integral. El mal no es de la raza, como dijese Cecilio Acosta^[6].

Educar para la ley

La democracia presupone la ley. Sin ley, lo que existe es otra cosa, algo más cercano a la dominación que al orden.

En este sentido, la crisis venezolana ha sido, en buena medida, una crisis de legalidad y de carestía de estado de derecho ^[7]. La norma dejó de ser referencia de vida común y pasó a ser instrumento del poder. Se invocó la Constitución mientras se la despojaba de contenido. Se utilizaron formas jurídicas para encubrir decisiones arbitrarias y dar apariencia de legalidad a lo que no la tenía^[8].

Ese proceso, común en las autocracias del siglo XXI, no solo destruye instituciones. Desordena la vida pública en su conjunto, debilita la confianza, disuelve la previsibilidad y deja al ciudadano expuesto a la fuerza de los poderosos. Es el hombre siendo lobo del hombre…

Recuperar la democracia implica, por tanto, restablecer la ley como marco efectivo de las relaciones humanas. No como formalidad positivista y neutra éticamente, sino como límite al poder y como garantía de derechos y libertades. La ley protege al ciudadano frente al poder, define procedimientos para que emane la justicia y permite prever conductas en la convivencia cívica. Sin ella, la vida pública queda a merced de decisiones que no responden a criterios estables, sino a los vaivenes de las arbitrariedades del poder.

Pero educar para la ley no consiste en transmitir normas de manera abstracta. Consiste en formar una disposición: la de reconocer autoridad, la de cumplir reglas incluso cuando no resultan favorables, la de entender que el poder no es propiedad de quien lo ejerce.

En el caso venezolano, existe un punto de apoyo claro: la Constitución de 1999 ^[9]. Ha sido vulnerada, pero no ha perdido su condición de marco normativo. En ella están previstos los mecanismos para organizar el poder, garantizar derechos y canalizar la soberanía.

El problema no ha sido, entonces, la ausencia de texto constitucional, sino la ausencia de su práctica, su banalización. Por eso, la educación legal debe descender al plano cotidiano, a la forma en que se asumen con sentido de hondura las reglas más simples, a la disposición a cumplir obligaciones, a la coherencia entre lo que se exige y lo que se hace. Es ahí donde comienza a reconstruirse una cultura legal.

Educar para la justicia social en libertad

Conviene recordar que en Caritas in veritate^[10], Benedicto XVI deja claro que la justicia social no puede sostenerse sin libertad, pero tampoco la libertad puede subsistir sin verdad y sin justicia. La una sin la otra degenera: o en opresión o en arbitrariedad. En este punto se juega una de las tensiones más delicadas de cualquier democracia. Cuando la preocupación por lo social se separa de la libertad, se convierte en mecanismo de control; y cuando la libertad se desentiende de la realidad social, pierde base cívica y legitimidad.

La experiencia venezolana ha mostrado con claridad el primer caso: un discurso social utilizado para justificar la concentración de poder, la creación de dependencia y la neutralización de la autonomía de personas y familias. Pero la democracia exige integrar ambas dimensiones: libertad y justicia social.

Educar en este ámbito implica revisar supuestos arraigados como la falsa dicotomía entre Estado y capital^[11]. Implica superar la idea de que la solución a la pobreza depende exclusivamente del Estado, reconocer la igualdad ante la ley, la dignidad del trabajo, de la educación, de la iniciativa, de la inversión, de la creación de oportunidades reales; e implica también rechazar la utilización de la necesidad como instrumento de control. La asistencia tiene un lugar de solidaridad, pero no puede convertirse en subordinación ni en mecanismo de lealtad forzada. La justicia social en libertad exige un equilibrio exigente: evitar tanto la dominación por parte del Estado como la indiferencia individualista por parte de los ciudadanos. Pero ese equilibrio no se impone, sino que se construye. Requiere responsabilidad en distintos niveles, en quienes deciden, en quienes producen, en quienes forman y en el ciudadano de a pie. Porque la prosperidad —ese lugar de entrecruzamiento entre libertad y justicia social— no aparece espontáneamente ni se impone. Se construye, en un entramado de reglas, esfuerzos y decisiones que deben ser comprendidas y asumidas como tales en un intento de modelación de la cultura política de un pueblo.

Conclusión

La democracia muere en cámara lenta. Eso fue lo que ocurrió en Venezuela. No empezó con el aniquilamiento de las instituciones, sino con el abandono de espacios cívicos, con la antipolítica, con la tolerancia frente al abuso y con la entronización de la idea de que el poder puede expandirse sin resistencia.

Por eso, la cuestión ahora no es solo recuperar la democracia. Eso es relativamente fácil. Es no vaciarla moralmente una vez que la inauguremos. Y eso no depende de una norma constitucional ni de un diseño institucional más sofisticado. Depende de algo más simple y difícil: del desarrollo integral de la persona de la relación que el ciudadano establezca con el poder y con la justicia^[12]. Si esa relación no cambia, todo será transitorio y las regresiones autocráticas, los saltatrás en materia de injusticia, estarán a la orden del día como una espada de Damocles en el cuello de la vida republicana. Si cambia, lo demás empieza a sostenerse en el tiempo con esfuerzo y sacrificios cívicos. En ello, nada menos y nada más que en ello, se juega lo que viene para Venezuela.

^[1]     Paola Bautista de Alemán, “Reflexiones sobre el daño antropológico
en Venezuela,” Red Forma, acceso: 4 de mayo de 2026, https://red-forma.com/articulo/reflexiones-sobre-el-dano-antropologico-
en-venezuela-paola-bautista-de-aleman/

^[2]     Cfr. Julio Borges y Paola Bautista de Alemán, La patria que viene,
Dahbar, Caracas, 2021.

^[3]     Juan Miguel Matheus, “Configuración ideológica de la Revolución
Bolivariana,” Red Forma, acceso: 4 de mayo de 2026, https://red-forma.com/articulo/configuracion-ideologica-de-la-revolucion-bolivariana/

^[4]     Ver Julio Borges, “Primero Justicia en la transición hacia la democracia,” conferencia dictada en el Seminario Raíces de Primero Justicia,
3 de febrero de 2026, en Cuadernos Roscio: Ideas de Primero Justicia
para la transición. Hacia la Venezuela de la justicia, vol. I, 2026.

^[5]     Grisel Guerra, “Escribir y leer desde y sobre una dictadura,”
Red Forma, acceso: 4 de mayo de 2026, https://red-forma.com/articulo/escribir-y-leer-desde-y-sobre-una-
dictadura-grisel-guerra/

^[6]     Juan Miguel Matheus, “El mal no es de la raza,” La Gran Aldea, acceso:
11 de mayo de 2023, https://lagranaldea.com/2023/05/11/el-mal-
no-es-de-la-raza/

^[7]     Rogelio Pérez Perdomo, “Anomia, Estado y Derecho en Venezuela,”
Red Forma, acceso: 4 de mayo de 2026, https://red-forma.com/articulo/anomia-estado-y-derecho-en-venezuela-
rogelio-perez-perdomo/

^[8]     Juan Miguel Matheus, “El carácter gradual del desmantelamiento del
Estado de Derecho en Venezuela,” Red Forma, acceso: 4 de mayo de 2026, https://red-forma.com/articulo/el-caracter-gradual-del-
desmantelamiento-del-estado-de-derecho-en-venezuela-juan-
miguel-matheus/

^[9]     Ver Juan Miguel Matheus, “De la fuerza a la ley: la Constitución
en la transición democrática,” conferencia dictada en el Seminario Raíces
de Primero Justicia, 27 de enero de 2026, en Cuadernos Roscio: Ideas de Primero Justicia para la transición. Hacia la Venezuela de la justicia, vol. I, 2026.

^[10]   Benedicto XVI, Caritas in veritate, Libreria Editrice Vaticana,
Vaticano, 2009, sec. 6.

^[11]   Rafael Caldera, “¿Capitalismo de Estado o iniciativa privada?,”
Rafael Caldera.com, 30 de julio de 1959, https://rafaelcaldera.com/
1959-julio-30-capitalismo-de-estado-o-iniciativa-privada/

^[12]   Ver Paola Bautista de Alemán, “Estabilización para la democracia: primera fase de la transición,” conferencia dictada en el Seminario Raíces de Primero Justicia, 20 de enero de 2026, en Cuadernos Roscio: Ideas de Primero Justicia
para la transición. Hacia la Venezuela de la justicia, vol. I, 2026.