Delcy Rodríguez juró como Presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela el 5 de enero de 2026. La ceremonia fue presidida por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien además es su hermano mayor. De este modo, los hermanos Rodríguez Gómez pasaron a controlar tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo del Estado venezolano, conformando un dúo político aparentemente poderoso.

Su ascenso al poder se formalizó cuarenta y ocho horas después de un hecho sin precedentes en la historia de Venezuela. En la madrugada del 3 de enero de 2026, Estados Unidos ejecutó una operación militar y sacó del país a Nicolás Maduro y a Cilia Flores. Fueron trasladados de inmediato a Nueva York, donde ahora enfrentan cargos relacionados con el narcotráfico.

Apenas horas después de la operación, el presidente Trump ofreció una rueda de prensa desde Mar-a-Lago, ofreciendo señales tempranas de lo que vendría. Anunció que Estados Unidos “administraría” Venezuela y afirmó que estaba en contacto con la vicepresidenta —Delcy Rodríguez—, a quien describió como “básicamente dispuesta a hacer lo que consideremos necesario para hacer grande a Venezuela otra vez”.

Ese anuncio cayó como un balde de agua fría sobre los venezolanos que, durante décadas, han luchado por defender la democracia en su país. Venezuela tiene una sociedad civil robusta que resistió la deriva autoritaria de Nicolás Maduro e incluso logró derrotarlo en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024; resultados que él se negó a reconocer, detonando la crisis actual.

Hasta el 3 de enero, Delcy Rodríguez era ampliamente percibida como una revolucionaria leal, comprometida con el socialismo del siglo XXI. Su trayectoria política refleja un compromiso existencial con el proyecto inaugurado por Hugo Chávez Frías hace más de tres décadas. Hasta ese día, no había señales que sugirieran una disposición a reinventarse como una dictadora tutelada.

Esto plantea varias preguntas: ¿quién es Delcy Rodríguez? ¿Por qué fue escogida por Estados Unidos para este rol? ¿Y qué desafíos enfrentará mientras gobierna bajo tutela estadounidense?

Perfil

Lunes 5 de enero de 2026. Poco después de las dos de la tarde. Delcy Rodríguez colocó su mano izquierda sobre la Constitución venezolana y levantó la derecha. Mirando directamente a su hermano, juró como Presidenta Encargada de la República. Tras invocar a Simón Bolívar y a Hugo Chávez, mencionó a su padre: Jorge Antonio Rodríguez.

Esa referencia revela un elemento central de su psicología. Muestra que sus motivaciones son profundas y están moldeadas por un trauma familiar de toda la vida: la muerte de su padre.

Delcy Rodríguez nació en Caracas el 18 de mayo de 1969. Su padre, Jorge Antonio Rodríguez, fue un dirigente político de izquierda y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Cuando la democracia fue restaurada en Venezuela en 1958, decidió no participar en ella y se convirtió en precursor de la lucha armada. Fundó la Liga Socialista y más tarde creó su brazo armado, la Organización Revolucionaria.

El padre de Rodríguez fue un guerrillero marxista que participó en acciones violentas destinadas a desestabilizar el sistema democrático venezolano, y su vida terminó trágicamente. El 27 de febrero de 1976 secuestró a William Frank Niehous, presidente de la empresa estadounidense Owens-Illinois. Tres meses después fue detenido por la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP). Durante el interrogatorio fue sometido a tratos crueles e inhumanos que le causaron la muerte. Murió bajo custodia del Estado venezolano.

Su muerte sigue siendo una herida profunda en la historia de la democracia venezolana y en la familia Rodríguez. Poco después, el entonces Fiscal General llevó el caso ante los tribunales, y el presidente Carlos Andrés Pérez destituyó a Arístides Lander, quien se desempeñaba como director de la DISIP.

En numerosas ocasiones, Delcy Rodríguez ha declarado públicamente que esa injusticia moldeó tanto su trayectoria política como personal. En 2018, dijo en un programa de televisión que estaba “feliz de formar parte de la Revolución Bolivariana, porque esta es nuestra revancha personal”.

Esa herida, infligida cuando ella apenas tenía siete años, parece no haber sanado nunca y continúa moldeando su forma de aproximarse a la política.

Estudió Derecho en la Universidad Central de Venezuela y se graduó en 1993. Poco después recibió una beca del Estado y realizó una especialización en derecho laboral y sindical en la Universidad de París X Nanterre. Paradójicamente, la democracia que su padre rechazó le ofreció oportunidades educativas extraordinarias.

Después de Francia, se mudó a Inglaterra, donde obtuvo una maestría en política social en Birkbeck College, Universidad de Londres. Quienes la conocieron entonces la recuerdan como una figura solitaria con firmes convicciones de izquierda. “Rara vez asistía a encuentros sociales con los compañeros. Pero recuerdo vagamente que mencionó a su padre una vez”, rememora un excompañero.

Para entonces, Hugo Chávez había ganado su primera elección presidencial, y Rodríguez decidió regresar a Venezuela para integrarse a la Revolución Bolivariana. Era una mujer soltera, a inicios de sus treinta años, con un sólido currículum académico y un linaje de izquierda bien ajustado al nuevo proyecto político.

Entre 2001 y 2005, ocupó varios cargos designados en la administración pública. Primero se incorporó al equipo político del canciller Roy Chaderton y, en 2003, se convirtió en coordinadora general de la Vicepresidencia.

En 2006, volvió a salir de Venezuela y, hasta 2010, se desempeñó como asesora de la Misión Permanente de Venezuela ante las Naciones Unidas en Ginebra. Ese destino diplomático le permitió fortalecer vínculos políticos y personales con movimientos progresistas y de izquierda en todo el mundo.

Regresó a Caracas en 2011, y la muerte de Hugo Chávez marcó su ascenso definitivo dentro de la estructura de poder. La llegada de Nicolás Maduro a la presidencia abrió la puerta a roles clave de toma de decisiones.

En 2013, fue nombrada ministra de Comunicación; un año después, canciller; y en 2017, vicepresidenta ejecutiva. Desde esa posición, asumió control sobre el aparato represivo del régimen.

Desde entonces, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) han operado bajo su coordinación. Su nombre figura entre los involucrados en crímenes de lesa humanidad documentados por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas.

También estableció vínculos personales e institucionales estrechos con la élite empresarial venezolana. De hecho, fue la oradora principal de la asamblea anual de Fedecámaras en 2021. Profundamente entrelazado con el gobierno central, ese sector encontró en Rodríguez una aliada que priorizó intereses económicos de élite bajo un discurso ostensiblemente marxista.

En agosto de 2024, tras el fraude presidencial del 28 de julio y mientras la dictadura de Maduro se sostenía mediante el terror, asumió el Ministerio de Petróleo. Mantener simultáneamente la vicepresidencia y la cartera petrolera le permitió coordinar la maquinaria coercitiva del régimen y sus fuentes formales de ingresos.

La nueva presidenta de Venezuela forma parte de la estructura autocrática iniciada por Hugo Chávez y consolidada por Nicolás Maduro. Ha participado activamente en hechos que resultaron en violaciones masivas de derechos humanos condenadas por la comunidad internacional. En consecuencia, ha sido sancionada por la Unión Europea, Canadá, Suiza y Estados Unidos.

Delcy, una dictadora tutelada

Delcy Rodríguez asumió temporalmente la presidencia después de que Estados Unidos bombardeó Caracas y removió a su predecesor. La forma de su ascenso condiciona su ejercicio del poder.

La primera rueda de prensa del presidente Trump tras la operación confirmó el contacto con Rodríguez y enfatizó su disposición a obedecer. Reiteró el involucramiento estadounidense en la reconstrucción de Venezuela, afirmando desde Mar-a-Lago que Estados Unidos “administraría” el país. Es una afirmación que repitió a bordo del Air Force One: “Vamos a administrarlo, arreglarlo”.

El senador Marco Rubio hizo eco de estas declaraciones. En una entrevista con ABC el 4 de enero, dijo que Maduro “no era el presidente legítimo”, y que la legitimidad se mediría por lo que las autoridades actuales hicieran o dejaran de hacer. Agregó que el gobierno de Rodríguez carecía de legitimidad electoral, una visión compartida por otros países, incluyendo la Unión Europea.

Rubio explicitó la relación tutelar, reforzada por la advertencia de Trump: “Si ella no hace lo correcto, va a pagar un precio muy alto, probablemente más alto que Maduro”.

El 7 de enero, Rubio delineó el plan de tres fases de la administración Trump para Venezuela: estabilización, recuperación y transición. La estabilización implicaría control estadounidense sobre los ingresos petroleros; la recuperación garantizaría acceso a empresas estadounidenses y occidentales e iniciaría una reconciliación; y la fase final sería la transición política.

Así, el gobierno de Estados Unidos ha dejado claro que su relación con el gobierno interino de Rodríguez es de subordinación. Rodríguez pasó de ser una feroz revolucionaria antiimperialista a una dictadora bajo tutela del mismo poder que antes denunciaba.

Ya estamos viendo señales de esa tutela externa. Rodríguez ha suavizado su retórica. El lenguaje confrontacional antiimperialista ha cedido paso a llamados a la paz, la reconciliación y la cooperación con Estados Unidos. En su declaración de toma de posesión, invitó al gobierno estadounidense a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación. Y poco después, PDVSA confirmó conversaciones con Washington, otra expresión concreta de tutela extranjera.

Desafíos y riesgos

Rodríguez ahora debe apaciguar dos fuerzas históricamente antagónicas: la administración Trump y el sistema autoritario al que ha servido durante más de dos décadas. Fallar con cualquiera de las dos podría ser fatal. Sin embargo, lograr gestionar simultáneamente ambas con éxito plantea un riesgo distinto, más estructural, para el futuro democrático de Venezuela.

Su gobierno es frágil, carece de legitimidad popular. Como señaló Rubio, su autoridad no proviene de las urnas, sino de una fuerza externa y de una obediencia condicionada. Esta dependencia amenaza con profundizar fracturas internas dentro del chavismo, en particular entre sectores para quienes el antiimperialismo sigue siendo un marcador identitario central y no solo un recurso retórico.

Pero si Rodríguez logra presentar la obediencia a la tutela estadounidense como una concesión táctica —y no como una rendición ideológica—, mientras preserva símbolos revolucionarios, discurso y control sobre el aparato partido-Estado, podría reconstituir al chavismo como una fuerza electoralmente competitiva. En ese escenario, el chavismo parecería “reformado” sin estar transformado, permitiendo a Rodríguez canalizar el cansancio popular ante el conflicto hacia el apoyo a una apertura política controlada.

Este desenlace entraña riesgos significativos. Una transición administrada por Rodríguez podría producir elecciones sin democratización plena: competitivas en la forma, pero restringidas en el fondo. El control sobre instituciones, fuerzas de seguridad, autoridades electorales y rentas económicas podría permitir al chavismo conservar ventajas decisivas mientras reclama legitimidad renovada dentro y fuera del país. El resultado no sería una consolidación democrática, sino un régimen híbrido estabilizado mediante reformas selectivas.

Además, una tutela estadounidense sostenida corre el riesgo de crear una estructura perversa de incentivos. La supervivencia de Rodríguez dependería menos del consentimiento interno que del cumplimiento continuo de exigencias externas. Esto podría debilitar la rendición de cuentas ante los ciudadanos venezolanos y reforzar un modelo de gobernanza impulsado por la validación externa más que por la soberanía popular.

Para el chavismo, la contradicción es existencial. La relación tutelar con Estados Unidos socava uno de sus pilares fundacionales más duraderos: el antiimperialismo. Ninguna propaganda puede reconciliar por completo la identidad revolucionaria con la supervisión extranjera. Con el tiempo, esta tensión podría erosionar la cohesión ideológica, provocar deserciones de élites o generar grupos escindidos y radicales que se nieguen a aceptar el nuevo arreglo.

Al mismo tiempo, la oposición enfrenta sus propios riesgos. Un gobierno liderado por Rodríguez y tolerado internacionalmente podría marginar a los actores democráticos, fragmentar las coaliciones opositoras y agotar la presión internacional por reformas más profundas. La promesa de “estabilidad” podría reemplazar gradualmente las exigencias de justicia, rendición de cuentas y reconstrucción institucional.

El futuro sigue siendo incierto. Lo que está claro es que los venezolanos continúan, en gran medida, excluidos de las decisiones que están moldeando la trayectoria política de su país. El mayor riesgo es la consolidación de un autoritarismo tutelado —menos violento, más pragmático, electoralmente adaptable—, pero no menos distante de una democracia genuina.