El 24 de junio, dos terremotos consecutivos sacudieron a Venezuela y dejaron destrucción, muerte y miles de familias en angustia y desamparo. Pero más allá de las cifras, lo verdaderamente revelador fue lo que la tragedia expuso ante el país y ante el mundo: una verdad que durante demasiado tiempo muchos prefirieron esquivar. El terremoto no creó la crisis venezolana, pero sí le arrancó cualquier disfraz. Entre edificios colapsados, hospitales desbordados y comunidades enteras esperando auxilio, quedó al descubierto la imagen de un país sin capacidad estatal real para proteger a su propia población en un momento de emergencia.

Y si todavía quedan dudas sobre el origen político de esta tragedia, basta con mirar hacia atrás. Algunas viviendas que colapsaron o quedaron gravemente dañadas no fueron víctimas solo del sismo, sino de una negligencia anterior y sostenida: construcciones levantadas de prisa, con materiales de segunda, muchas de ellas bajo el sello de misiones y programas de vivienda diseñados más para proyectar la imagen de un régimen benefactor que para garantizar seguridad estructural real. Se privilegió la cantidad de entregas y el acto propagandístico de la llave simbólica por encima del control de suelos y la fiscalización técnica, en zonas que ya se sabían no aptas para tal fin. A eso se suma otro dato revelador: buena parte de la red de sensores y estaciones sismológicas del país quedó inoperativa u obsoleta con los años, en algunos casos por abandono y en otros por el desmantelamiento o el hurto de sensores que nunca fueron repuestos. Un país que no invierte en saber cuándo y dónde puede temblar la tierra, tampoco invierte en estar preparado para cuando eso ocurra.

Las horas del pico y pala

En las grandes catástrofes, las primeras horas lo son todo. Son las horas en las que un equipo de rescate puede sacar a una persona con vida de debajo de una infraestructura colapsada, en las que una ambulancia a tiempo marca la diferencia entre la recuperación y la muerte, en las que la coordinación institucional, la existencia de hospitales equipados y la solidez de la infraestructura pública dejan de ser temas administrativos y pasan a ser asuntos de vida o muerte. Mientras familiares, vecinos y voluntarios improvisaban con sus propias manos, a punta de pico y pala, o hacían colectas para alquilar maquinaria de búsqueda y remoción de escombros, testimonios en varias zonas mostraron una escena reveladora: ausencia de profesionales y maquinaria, lentitud institucional, desorganización y una presencia militar que no logró responder a la escala de la tragedia. Más bien destapó la naturaleza de unas fuerzas de seguridad entrenadas por años para controlar, intimidar, reprimir, y matar, pero no para rescatar, proteger y coordinar una respuesta humanitaria de gran escala.

La presencia de la comunidad internacional

Fue precisamente en ese vacío donde la comunidad internacional adquirió una importancia central. La ayuda extranjera no apareció como un complemento menor ni como una formalidad diplomática, sino como una necesidad urgente. Equipos internacionales de búsqueda, rescate y atención médica, junto con apoyo técnico y coordinación de emergencia, comenzaron a hacer en distintos puntos del país lo que las estructuras venezolanas no podían hacer con la rapidez y eficacia requeridas.

Pero reducir esa comunidad internacional a maquinaria pesada, brigadas médicas y rescatistas sería contar solo una parte de la historia. También resultaron decisivos otros actores: periodistas, corresponsales, fotógrafos, organizaciones de derechos humanos, expertos técnicos, plataformas de verificación y miembros de la diáspora venezolana que documentaron, contrastaron y difundieron lo que ocurría dentro del país. Corresponsales de distintos medios denunciaron presiones directas de funcionarios de seguridad para suspender transmisiones en vivo desde zonas afectadas, bajo amenaza de arresto, mientras periodistas locales agremiados reportaron restricciones similares de acceso. Esas restricciones se extendieron incluso fuera de las fronteras: se documentó cómo rescatistas quedaron varados en aeropuertos mientras esperaban luz verde para poder ingresar a Venezuela.

Ese episodio obliga a ampliar quién compone realmente la comunidad internacional que ha sostenido al país en esta emergencia. Ha sido también el trabajo de corresponsales que insistieron en transmitir pese a las presiones, de organizaciones gremiales de prensa que documentaron los obstáculos, y de plataformas especializadas en periodismo latinoamericano que recopilaron testimonios de reporteros con acceso restringido a comunidades devastadas y hospitales. En un país donde el poder disputa el relato tanto como disputa el territorio, informar con rigor bajo presión ha sido, en sí mismo, una forma de resistencia cívica y de auxilio a la verdad.

La raíz del colapso: no son las sanciones ni el “cerco”
de la comunidad internacional

Cuando un país depende de rescatistas internacionales para sacar sobrevivientes de los escombros, recuperar cuerpos, atender heridos y organizar la emergencia, el problema ya no es solo la magnitud del desastre natural. El problema es el nivel de destrucción previa del aparato estatal. No estamos ante un terremoto severo sin más: estamos ante un terremoto que golpeó la fibra de una sociedad ya devastada por años de desinstitucionalización, corrupción, mala gestión y captura del Estado por una élite que hizo del poder un instrumento para su propia reproducción, no para el bienestar colectivo.

Eso es algo que quien ha vivido terremotos fuertes en otras partes del mundo tiende a no comprender del todo. Muchos se solidarizaron genuinamente con lo que ocurría en Venezuela, y no fueron pocos los que, para expresar empatía, repitieron una misma frase: “yo también he vivido terremotos fuertes, entiendo por lo que están pasando”. Pero esa comparación, aunque bienintencionada, pasa por alto la diferencia esencial. La distinción no está en la magnitud del sismo, sino en el contexto en el que ocurre. Vivir un terremoto en un país con Estado significa contar con protocolos de emergencia, cuerpos de rescate entrenados, hospitales operativos y una cadena de mando que responde. Vivirlo en Venezuela significó enfrentar, además del sismo, la ausencia casi total de esas garantías. Ese es el verdadero terremoto detrás del terremoto: el que convirtió una tragedia natural en una catástrofe humana.

Y aquí hay que decirlo con claridad: esa debilidad no se explica por una lectura simplista centrada en las sanciones o el llamado “cerco internacional”, tal como el régimen lo ha repetido durante años. El Estado no falló porque se vio súbitamente imposibilitado desde afuera y sin recursos. Falló porque durante años, incluso en momentos de gran auge petrolero, ignoró advertencias, desvió, saqueó y malgastó recursos que debieron invertirse en infraestructura resistente, hospitales funcionales, servicios públicos confiables y sistemas reales de prevención ante emergencias. El problema de fondo no ha sido la ausencia de recursos, sino su uso político, clientelar y patrimonial en beneficio de quienes controlan el poder.

El argumento de fondo

La dependencia mutua del régimen venezolano y la comunidad internacional no es una anécdota diplomática: es la prueba de que el problema venezolano no es la fuerza sísmica, sino la fragilidad crónica de un aparato estatal que priorizó su propia supervivencia. La comunidad internacional, mientras tanto, se ve obligada a operar dentro de los límites que ese régimen le impone: salvoconductos, restricciones de prensa, y cooperación y negociación con funcionarios sancionados internacionalmente.

Otras tragedias de magnitud similar ofrecen una lección útil por contraste. En Haití, tras el terremoto de 2010 (magnitud 7.0), la comunidad internacional terminó sustituyendo casi por completo a un Estado colapsado, con resultados mixtos que hoy sirven de advertencia. En Turquía y Siria, en 2023 (magnitud 7.8), la ayuda externa reveló brechas similares entre un país con instituciones capaces de coordinar la respuesta y otro devastado por años de guerra y control autoritario. La lección común es clara: cuando la comunidad internacional debe reemplazar, y no solo complementar al Estado, la reconstrucción se vuelve más lenta, más frágil y dependiente de la voluntad política de quien gobierna el territorio. Venezuela no escapa a esa lógica.

Por eso la comunidad internacional no debe retirarse ni inhibirse, sino actuar con inteligencia. Su papel no debería restringirse a enviar equipos, fondos y hospitales de campaña, aunque eso siga siendo indispensable. La experiencia de otras crisis prolongadas enseña que también puede jugar un papel clave vigilando cómo se administra la ayuda, para evitar que la reconstrucción reproduzca el mismo patrón de corrupción y clientelismo que agravó la tragedia original. Eso implica fortalecer a la sociedad civil independiente y a las organizaciones locales que ya trabajan sobre el terreno, en lugar de canalizar toda la cooperación exclusivamente a través de estructuras controladas por un régimen que ha demostrado usar hasta la asistencia humanitaria como instrumento de control político.

Igualmente, la cooperación internacional no puede ser incondicional. Entregar ayuda sin exigir estándares mínimos de transparencia, acceso humanitario irrestricto y rendición de cuentas equivale, en la práctica, a legitimar al mismo poder que provocó la vulnerabilidad que hoy se intenta remediar. Condicionar no significa castigar a la población ni retener asistencia vital; significa exigir corredores humanitarios sin obstrucción, permisos ágiles para rescatistas y prensa, y mecanismos de fiscalización independientes sobre cómo se distribuyen los recursos.

La comunidad internacional también puede jugar un papel que trasciende lo inmediato: documentar. Organismos de derechos humanos y misiones de la ONU llevan años reuniendo evidencia sobre el deterioro institucional venezolano, y esta tragedia añade un capítulo más a ese expediente. Registrar con rigor los patrones de negligencia, obstrucción y uso político de la ayuda no es un ejercicio académico; es sentar las bases para que, el día en que Venezuela pueda exigir cuentas, exista una memoria documentada de lo ocurrido. Ese trabajo de fondo, silencioso y sostenido, puede terminar siendo tan relevante como cualquier hospital de campaña, sobre todo porque las secuelas, desplazamientos, interrupciones educativas, pérdida de empleos y nuevas formas de precariedad para millones de personas, serán igual de relevantes para ese expediente.

Finalmente, esta crisis exige un horizonte más largo que el de la emergencia. La fragilidad expuesta por el terremoto no es un accidente reciente. Décadas de desinstitucionalización no se van a resolver con una sola oleada de asistencia. Por eso la comunidad internacional debe pensar más allá del rescate inmediato y ayudar a diseñar estrategias de reconstrucción institucional a mediano y largo plazo: capacitación técnica, transferencia de conocimiento en gestión de riesgos, sistemas de alerta temprana y fortalecimiento de capacidades locales de respuesta. Sin ese compromiso sostenido, que debe ir más allá de un fondo de recuperación en dólares, Venezuela quedará expuesta a que la próxima emergencia, sísmica o de cualquier otra naturaleza, encuentre exactamente el mismo vacío que esta.

En esta exigencia, y pensando en un horizonte de mediano plazo, no puede obviarse el proceso político que Estados Unidos ya había iniciado tras la captura de Maduro y Flores a principios de este año. La administración Trump delineó entonces tres fases sucesivas: estabilización, recuperación y transición democrática. El terremoto ocurrió justo en ese tránsito entre fases, un momento particularmente vulnerable en el que la hoja de ruta aún no terminaba de consolidarse. Esa coincidencia obliga a Estados Unidos a algo más que asistencia operativa y humanitaria puntual: exige sostener la responsabilidad y el compromiso adquirido para evitar que la tragedia venezolana quede relegada frente a las prioridades internas de Washington, en un año marcado por las elecciones en noviembre de mitad de mandato y la mirada ya puesta en la contienda presidencial de 2028.

La comunidad internacional ha demostrado que puede tender la mano cuando el suelo se abre. Ahora debe demostrar que también puede sostener esa presencia con una lectura política honesta, sin repetir los errores de otras reconstrucciones fallidas. Porque lo urgente ya no es solamente pensar si Venezuela necesita ayuda internacional, esa necesidad es evidente e innegable. Lo que realmente importa ahora es si el mundo estará dispuesto a sostener esa ayuda en el tiempo, y a nombrar con claridad tanto los problemas estructurales como a los responsables de que Venezuela llegara tan desprotegida a esta tragedia.