Cómo conducir a una autócrata – Paola Bautista de Alemán
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El 3 de enero de 2026, Estados Unidos removió a Nicolás Maduro y a Cilia Flores de Venezuela. Dos días después, el exdictador y su esposa comparecieron ante el juez federal Alvin Hellerstein en el Distrito Sur de Nueva York, enfrentando cargos relacionados con narcotráfico y crimen organizado.
Esta operación militar removió al dictador del poder, pero no desmanteló la dictadura. Mientras aún caían bombas sobre Caracas, la vicepresidenta de Maduro asumió el control. Delcy Rodríguez tomó el poder e inmediatamente comenzó a trabajar estrechamente con Estados Unidos.
Desde ese momento, el presidente Trump promovió una relación cercana con la nueva dictadora y declaró que ella estaba “esencialmente dispuesta a hacer lo que creemos que es necesario para hacer a Venezuela grande de nuevo”.
Ha pasado un mes desde el 3 de enero. Este artículo ofrece una evaluación de la situación política de Venezuela, centrándose en la relación que ha surgido entre el gobierno de Estados Unidos y la dictadura de Delcy Rodríguez, y examinando los primeros treinta días de esta nueva versión del régimen chavista.
Conducir a una autócrata
Tras la salida de Nicolás Maduro del país, Delcy Rodríguez asumió el poder y Estados Unidos anunció el inicio de una relación de cooperación con su régimen. En la primera rueda de prensa del presidente Trump después de la operación, confirmó contacto directo con Rodríguez y subrayó su disposición a cumplir.
Reiteró el compromiso de Estados Unidos con la reconstrucción de Venezuela, afirmando desde Mar-a-Lago que Estados Unidos “administraría” el país, aseveración que repitió a bordo del Air Force One: “Nosotros vamos a administrarlo, arreglarlo.”
El senador Marco Rubio hizo eco de estas declaraciones. En una entrevista con ABC el 4 de enero, afirmó que Maduro “no era el presidente legítimo” y que la legitimidad de la nueva administración sería medida por lo que las autoridades actuales hicieran —o dejaran de hacer—.
Rubio hizo explícita la naturaleza tutelar de la relación, reforzada por la advertencia de Trump: “Si ella no hace lo correcto, pagará un precio muy alto, probablemente más alto que Maduro.” Con ello, el gobierno estadounidense dejó claro que su relación con el gobierno interino de Rodríguez es una relación de subordinación.
Según Javier Corrales, este enfoque inicial puede describirse como “nation-coaching”. A diferencia de casos anteriores como Panamá o Afganistán, Estados Unidos no parece —al menos inicialmente— estar buscando un cambio de régimen, sino una modificación del comportamiento del régimen mediante incentivos coercitivos, incluyendo el uso previo o potencial de la fuerza.
Lo que hasta ahora se ha establecido es una relación tutelar entre la administración Trump y la dictadura de Delcy Rodríguez, en la que Estados Unidos utiliza la fuerza como principal estímulo para asegurar la obediencia política del régimen venezolano.
En su testimonio ante el Senado, el secretario Rubio subrayó con claridad esta lógica: “Vamos a monitorear de cerca el desempeño de las autoridades interinas en la cooperación con nuestro plan… No se equivoquen: como ha declarado el presidente, estamos preparados para usar la fuerza para asegurar la máxima cooperación si fallan los otros mecanismos.”
Una autócrata siendo conducida
La fuerza desempeña un papel esencial en esta dinámica de poder. Su uso —o la amenaza creíble del mismo— es el mecanismo que activa la obediencia política de Rodríguez y permite un consentimiento mediado por la coerción. La propia Rodríguez lo ha reconocido: “No es que la Presidenta interina esté asustada o esté amenazada… Venezuela está amenazada, Toda Venezuela está amenazada.”
Al hacerlo, Rodríguez admite que su permanencia en el poder depende principalmente de la calidad de su relación con Estados Unidos. Al presentarse como amenazada, reconoce su fragilidad y que su supervivencia política depende de mantener una relación funcional con la administración Trump.
Esta observación ayuda a ubicar el momento político actual de Venezuela. En términos prácticos, el país aún no atraviesa una transición democrática; permanece en una fase previa al cambio de régimen. La estrategia de state-coaching de la administración Trump parece orientada a crear condiciones pre-democráticas que eventualmente permitan al país avanzar hacia la democracia.
Hace unos días, el presidente Trump explicó por qué tomó esa decisión y optó por trabajar con Rodríguez. En un breve intercambio con la prensa, subrayó los riesgos de perseguir un cambio de régimen sin control territorial, citando a Irak como ejemplo aleccionador: “Si eliminas a todos abruptamente, destruyes la estructura de seguridad y creas un vacío que puede ser llenado por fuerzas mucho peores, como ISIS.”
El tiempo dirá si esta estrategia gradual conduce a la democracia. Para que ello ocurra, la dictadura venezolana —profundamente incrustada en las estructuras del Estado— tendría que ser desmantelada. No es una tarea sencilla. En muchos aspectos, desmontar la dictadura significa desmontar el propio Estado, un desafío que recuerda las transformaciones postsoviéticas.
Estados Unidos apuesta a que Delcy Rodríguez llevará a cabo esa tarea. Sin embargo, esta estrategia enfrenta dos obstáculos: uno coyuntural y otro estructural.
Delcy Rodríguez no es el líder transicional español Adolfo Suárez, ni el reformador soviético Mijaíl Gorbachov. No es una reformista. Es una autócrata en apuros —existencialmente comprometida con el socialismo del siglo XXI, pero obligada a tomar decisiones que contradicen sus convicciones políticas para sobrevivir y mantenerse en el poder.
Su naturaleza autocrática refuerza una dinámica coercitiva marcada por la tensión y la contradicción. La docilidad exigida por la conducción genera costos políticos y humanos significativos. Cada decisión adoptada bajo coerción erosiona la autoridad y debilita la gobernabilidad.
Este experimento —intentar modificar el comportamiento de una autócrata mediante la fuerza o su amenaza— puede funcionar, pero su alcance es limitado y depende en gran medida de la eficacia de la coerción.
El obstáculo estructural es la inmovilidad del propio régimen chavista. El chavismo es fundamentalmente corrupto —no una corrupción menor, sino una corrupción sistémica que ha moldeado su cultura política y su relación con el Estado. Es un Estado mafioso, en el que convergen crimen organizado, narcotráfico, ideología radical de izquierda y alianzas con autocracias globales para conformar un sistema no democrático con escasa capacidad de reforma.
Así, el éxito del state-coaching depende de tres variables: la capacidad coercitiva del tutor, la docilidad de la autócrata bajo conducción y la flexibilidad del sistema a reformar.
¿Cómo lo está haciendo Delcy?
El objetivo de Rodríguez es sobrevivir, y sobrevivir implica gestionar contradicciones. Su relación con Estados Unidos fluctúa según el público y el contexto. Se contradice abiertamente en declaraciones públicas.
En redes sociales y en espacios formales, es conciliadora. En Instagram escribió: “Invitamos al gobierno de los Estados Unidos a colaborar con nosotros en una agenda de cooperación orientada al desarrollo compartido en el marco del derecho internacional para fortalecer la convivencia duradera de la comunidad.”
Sin embargo, cuando se dirige a militantes del Partido Socialista gobernante, es confrontacional. El 26 de enero declaró: “Ya basta de las órdenes de Washington sobre políticos en Venezuela, que sea la política venezolana quien resuelva nuestras divergencias y nuestros conflictos internos.” Tal vez por ello Rubio subrayó que su desempeño sería juzgado no por sus palabras, sino por sus acciones.
Seguridad
Una decisión habría sido impensable pocas semanas atrás: el director de la CIA, John Ratcliffe, visitó Caracas y se reunió con Rodríguez. Aunque ninguno de los dos gobiernos anunció oficialmente la visita, fuentes periodísticas informaron que el encuentro duró dos horas y se centró en fortalecer la cooperación entre Estados Unidos y Venezuela.
Posteriormente, diplomáticos estadounidenses visitaron el país para iniciar los pasos hacia la reapertura de la Embajada de Estados Unidos en Caracas, cerrada desde 2019. El secretario Rubio ha anunciado que la reapertura se espera próximamente —un paso significativo en las relaciones bilaterales.
Derechos humanos
Los avances han sido limitados en materia de derechos humanos. El indicador más claro es la opacidad en torno a la liberación de presos políticos.
Según Foro Penal, solo 266 presos políticos habían sido liberados hasta el 26 de enero. La Plataforma Unitaria Democrática reporta 277 liberaciones y sostiene que 835 permanecen encarcelados. Estas cifras contrastan marcadamente con la afirmación de Rodríguez de que 808 detenidos han sido liberados —números no validados por ningún organismo internacional.
Además, quienes han sido liberados no están plenamente en libertad: sus procesos penales siguen abiertos y tienen prohibido declarar a la prensa. El proceso ha sido devastador para las familias. En días recientes, tres madres de presos políticos fallecieron mientras luchaban por la libertad de sus hijos.
En un plano más profundo, Rodríguez no ha dado pasos para desmantelar el aparato represivo ni para restituir derechos políticos. Por el contrario, la DGCIM y el SEBIN —agencias represivas que anteriormente estaban bajo su autoridad— ahora están encabezadas por el general Gustavo González López, designado comandante de la Guardia Presidencial.
En lugar de desmantelarse, la represión ha sido centralizada bajo la presidencia. Esta adaptación del control autoritario constituye un obstáculo mayor para la democratización.
Economía
En el plano económico, los avances se han concentrado en reactivar la industria petrolera. La Asamblea Nacional —controlada por la dictadura y sin presencia de oposición democrática— aprobó en primera discusión una reforma a la Ley de Hidrocarburos destinada a aumentar la producción y atraer inversión.
El portavoz de Chevron en Venezuela, Mariano Vela, declaró: “Estamos preparados para continuar contribuyendo con nuestra experticia operacional, innovación tecnológica y trabajo duro para ayudar a construir un sector petrolero y gasífero más competitivo.”
El secretario Rubio celebró la medida, señalando que Rodríguez “se ha comprometido a la apertura del sector energético de Venezuela a las compañías americanas, dando acceso preferencial a la producción, usando las ganancias para adquirir productos americanos.”
Sin embargo, los analistas advierten que la recuperación no depende únicamente de reformas legales, sino de reconstruir la credibilidad institucional. Aun así, Estados Unidos valora positivamente estos cambios y los venezolanos han percibido mejoras. En enero, la tasa del dólar en el mercado paralelo cayó a la mitad —una señal frágil pero significativa de recuperación.
Autocracias, oposición y sociedad civil
Solo Cuba, Rusia, Irán y China enviaron diplomáticos a la toma de posesión de Rodríguez. Su presencia subraya que las alianzas con autocracias globales persisten, aunque estén condicionadas.
En cuanto a la oposición, Rodríguez ha evitado cualquier interlocución con la líder María Corina Machado. Su “comisión de paz” excluye a las fuerzas democráticas, mientras los partidos siguen prohibidos y muchos dirigentes permanecen encarcelados o en el exilio.
También ha atacado a organizaciones de la sociedad civil que defienden derechos humanos, acusándolas de lucrarse. Así, la represión y los ataques verbales continúan definiendo la relación del régimen con la oposición y la sociedad civil. No ha ocurrido aún ningún cambio sustantivo.
Consideraciones finales: una estrategia a prueba
Venezuela ha entrado en un momento políticamente singular. La salida de Nicolás Maduro alteró la estructura de poder del país, pero no resolvió el problema más profundo del autoritarismo. Lo que existe hoy no es una democracia ni una simple continuación del régimen anterior, sino una situación política abierta cuya dirección sigue en disputa.
La decisión de Estados Unidos de adoptar una estrategia de state-coaching refleja un intento de evitar los riesgos de un colapso abrupto del régimen —desintegración estatal, vacíos de seguridad y violencia descontrolada.
Al priorizar la estabilidad, la cooperación monitoreada y el cumplimiento condicionado, Washington ha optado por un enfoque gradual orientado a modificar el comportamiento político preservando la funcionalidad básica del Estado. Esta estrategia no es un atajo democrático, pero tampoco es incompatible con un desenlace democrático.
Conducir a una autócrata es intrínsecamente riesgoso. Sin embargo, reconoce un rasgo central de los sistemas autoritarios contemporáneos: en regímenes profundamente incrustados en el Estado, las transiciones rara vez comienzan con reformistas. Comienzan con restricciones. Si se sostiene y se calibra cuidadosamente, la presión externa puede reducir la represión, reabrir canales institucionales y crear incentivos para cambios incrementales. En este sentido, el state-coaching opera como una estrategia pre-democrática más que como una alternativa a la democratización.
Que este enfoque contribuya a la reconstrucción democrática dependerá de su evolución. La coerción debe seguir siendo condicional y estar vinculada a cambios políticos verificables, y la cooperación no debe traducirse en una legitimación internacional prematura. La línea entre estabilización y consolidación autoritaria será delgada —y decisiva.
En última instancia, la trayectoria de Venezuela no será determinada únicamente por actores externos. Los desenlaces democráticos dependen de la agencia interna: la capacidad de los líderes políticos, la sociedad civil y los ciudadanos para recuperar espacios y prepararse para la reconstrucción institucional cuando las condiciones lo permitan. El state-coaching puede abrir la arena política, pero serán los venezolanos quienes determinen qué surge dentro de ella.
Los próximos meses revelarán si este experimento produce obediencia administrada o transformación significativa. Por primera vez en años, el futuro de Venezuela ya no está estructuralmente cerrado —y el uso que se haga de esa apertura definirá el destino político del país.
