Del manual del autoritarismo: la destrucción del espacio público (caso Venezuela) – Mariví Marín Vázquez

La construcción y protección del espacio público tiene una correlación directa con el estado de las libertades civiles y políticas, es por esto que su robustez se convierte en un referente de la calidad democrática de una sociedad; convirtiéndolo en un enemigo de los regímenes autoritarios que buscan evitar que, desde este lugar, germinen y se expandan ideas y movimientos sociales que incomodan al poder político gobernante. 

El espacio público como lugar de construcción de una identidad social y movilizador de transformaciones políticas tiene su origen en la antigua Grecia, considerada cuna de la civilización occidental. Desde allí el concepto de la plaza pública como lugar físico para las reuniones civiles y asambleas, en virtud de la toma de decisiones conjuntas, cobró relevancia, convirtiéndose en la base de la división de poderes y el sentido originario de la democracia como se conoce en la actualidad. 

Definido como el lugar donde todo ciudadano tiene derecho a circular, a estar y a hacer (Alguacil, 2008) (1), el espacio público se convierte así en la base de las estructuras democráticas desde donde los ciudadanos transitan libremente y participan en la consolidación de una sociedad más democrática e incluyente. 

El carácter democrático, inclusivo, movilizador y transformador del espacio público hace que los regímenes autoritarios busquen acorralarlo, achicarlo y finalmente dominarlo. Para lograrlo, las estructuras de poder hacen uso del miedo como arma para reprimir el impulso natural de la ciudadanía a transformar un ecosistema que restringe sus libertades, a través del cambio del modelo político.  

Es así como el fin de los regímenes autoritarios en su lucha por perpetuarse en el poder, es erradicar la disidencia y evitar cualquier transformación política.  Desde el ProBoxVE hemos estudiado a lo largo de los últimos años patrones en la forma en la que regímenes autoritarios de la región emplean métodos similares en su afán por el control de la narrativa y la dominación del espacio público.

Venezuela, Cuba, Nicaragua, y en algunos situaciones, El Salvador; se erigen como países Latinoamericanos en los que desde el poder se busca prohibir, cercenar y debilitar las estructuras que protegen las libertades civiles y políticas: mientras se ataca los espacios públicos por distintos frentes. Pareciendo seguir una especie de manual para evitar a toda costa la alternancia de poder.

El Manual del Dictador se estructura así en cinco apartados, desde donde se generan acciones específicas que llegan a disminuir cada vez más el espacio público y en consecuencia, socavar las bases que hacen a un país democrático. La ruptura de la institucionalidad democrática, la censura a los medios de comunicación y el ataque a la libertad de expresión, la persecución a actores de la disidencia, la creación de marcos legales para regular las comunicaciones y la manipulación de la conversación pública, son el marco sobre el cual se trazan estrategias específicas que, llevadas en conjunto, conforman una estructura ideal para consolidar un aparato autoritario que domine y oprima el espacio desde donde se construye el tejido social y la opinión pública. 

En el caso venezolano, este espacio se encuentra acorralado y disminuido tras 25 años en los que progresiva y continuamente se han generado políticas desde el poder chavista para evitar la alternancia de poder y afianzarse como único actor político. Desde un cambio radical en las estructura institucional, pasando por múltiples reformas legales y censura, logrando una dominación de las narrativas en los medios de comunicación, persiguiendo a la disidencia y, finalmente, manipulando las narrativas en redes sociales. El oficialismo ha generado una estructura sólida desde donde se afianza en el poder con un esquema en el que busca validarse con elecciones aparentemente democráticas, pero en las que no se permite la participación de actores que le representen un peligro real de cambio para su estructura de poder. 

La institucionalidad pérdida en Venezuela 

Desde la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999, Venezuela ha experimentado cambios estructurales dentro del marco de sus instituciones. La inmediata creación de una nueva constitución, a través de una Asamblea Constituyente, que vino a sustituir en funciones al para entonces Congreso de la República, marca el inicio de lo que sería una serie de cambios legales y movilizaciones que reestructuraron el orden y funcionamiento de las instituciones en el país. 

La progresiva destrucción de la independencia entre los poderes públicos (ejecutivo, legislativo y judicial) y la creación de nuevos poderes (ciudadano y electoral) sentaron las bases para la dominación del chavismo en toda la estructura pública. Contando con gran popularidad, el gobierno de Hugo Chávez contó con los votos necesarios para controlar la Asamblea Nacional, desde donde se nombró a los representantes de los demás poderes para consolidar una dominación total de las instituciones que resguardan la democracia. Sin embargo, eso no bastó, y tanto Chávez, como Maduro, usurparon las funciones del legislativo (a pesar de estar este a su favor) a través de la figura de Ley Habilitante, introducida en la nueva Constitución, que le da el poder al Ejecutivo de legislar por decreto; dando inicio a la consolidación de lo que sería la estructura del totalitarismo desde la figura del ejecutivo. 

Pero la desinstitucionalización no solo cambió con la dominación y “reingeniería” de los poderes, sino que lo hizo con una nueva hegemonía en el poder popular y militar (2). La consolidación de consejos comunales como entes de poder local y la restructuración de la institución militar, que tomó un carácter político-partidista, buscó desde un inicio un mayor apoyo para la consolidación y atornillamiento de Hugo Chávez en la silla presidencial. A ello se le suman los nuevos tipos de propiedades establecidas (comunitaria, social, estatal) que brindaron el marco para la vulnerabilidad de la propiedad privada y la ola de expropiaciones. Bajo este último punto, se calcula que en los 13 años en los que gobernó Chávez, se realizaron 1.440 expropiaciones, entre compañías, galpones y terrenos. (3)

De esta forma, el gobierno chavista logró dominar los poderes públicos hasta difuminarse por completo la independencia en su rango de acción, se aseguró del respaldo del poder militar junto a la vigilancia de sus partidarios en el área comunal, logró (en detrimento de la economía) instaurarse como el máximo empleador con la expropiación de las empresas privadas y generó leyes para afianzar su ideología en todo el marco institucional del país. 

Censura a medios tradicionales y digitales

Para muchos, el punto de quiebre en lo que respecta a la construcción de una hegemonía comunicacional por parte del chavismo y a la censura en los medios de comunicación tiene su punto referencial en la no renovación de la concesión al canal televisivo RCTV en 2007. A esto le siguió la compra de otros canales de televisión y medios impresos de alcance nacional por parte de empresarios con intereses alineados al chavismo en el 2013; así como el cierre de medios impresos por la falta de papel que afectó principalmente a quienes no se alinearon con el chavismo. Sumando la escalada del cierre de emisoras de radio en todo el país desde 2003. 

A la fecha, la restricción al acceso a la información y a la libertad de expresión en Venezuela a través de medios de comunicación tradicionales es prácticamente total. Gran parte de los voceros opositores están censurados en los medios tradicionales desde que en 2019 Juan Guaidó fuera proclamado como Presidente interino luego del desconocimiento de los resultados de las elecciones presidenciales en 2018. A raíz de la progresiva censura, las redes sociales se han convertido así en los últimos años en casi único espacio para que la oposición o disidencia expresen sus mensajes; lo que significa un gran reto, en un país con problemas estructurales en el servicio de internet. 

A 20 años de la  aprobación de la Ley de Responsabilidad Social de Radio y Televisión, mejor conocida como Ley Mordaza, en la que se inició la construcción de un marco legal para censurar a los medios tradicionales bajo el ojo vigilante de Conatel (4), el gobierno chavista no deja de reforzar la censura en un escala aún mayor. 

La más reciente Ley contra el Facismo, que ya fue aprobada en primera discusión en la Asamblea Nacional el 02 de abril de 2024, representa una nueva orden de censura generalizada (5): además de las multas establecidas previamente en la Ley Mordaza, establece consecuencias penales con cárcel de hasta 12 años para quienes no la acaten. Por ejemplo, el artículo 11 de esta Ley establece que los prestadores de servicios de radio, televisión, medios electrónicos y medios impresos, públicos, privados y comunitarios, así como las redes sociales, deben garantizar espacios libres de toda índole fascista, neofascista o de similar naturaleza, dejando el concepto de facismo a discrecionalidad del régimen. 

El resultado de la censura instaurada a lo largo de los años se hace sentir en todo el país. 

El Instituto de Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS Venezuela) en su estudio “Atlas del silencio” , reportó que para 2022 más de 7 millones (21% de la población) vivían en desiertos de noticias, zonas en donde el acceso a la información local es insuficiente. 

Los medios de comunicación digitales tampoco escapan de los ataques autoritarios. La nueva comunidad de medios independientes que han encontrado en internet un refugio ante la crisis del papel y la censura, también se ven afectados por las decisiones de Conatel. El ente regulador mantiene bloqueado en Venezuela a al menos 62 páginas webs de medios independientes y organizaciones que ofrecen información sobre la crisis estructural que atraviesa el país y que desde el régimen se pretende ocultar. 

El bloqueo de páginas web, el acoso digital a ciudadanos, actores políticos y líderes sociales en redes es una clara violación a los derechos digitales, los cuales son considerados por la Organización de Naciones Unidas equiparables a los derechos humanos fundamentales (6). Además, representa un paso más al cercenamiento del espacio público venezolano en pro de la consolidación del régimen autoritario chavista. 

Persecución a periodistas y activistas y sociedad civil 

No solo los medios de comunicación son atacados en la búsqueda de la dominación del espacio público por parte de los regímenes autoritarios. La persecución a periodistas, activistas y a la sociedad civil también es una constante. Desde ProBox hemos monitoreado constantes ataques en línea recibidos por la sociedad civil que se ha enfrentado o ha denunciado irregularidades que pueden afectar el status quo del chavismo. 

Uno de los casos más relevantes ha sido el ataque coordinado y la difamación que recibió el periodista Roberto Deniz, a raíz de su investigación sobre los negocios ilegales del empresario Álex Saab con el gobierno venezolano. 

El 17 de marzo de 2021, Deniz (7) citó un hilo de tweets que resumía la investigación publicada por Armando Info sobre Álex Saab, a raíz de ello se inició una campaña de difamación y ataque contra el periodista, coordinada bajo la etiqueta #DenizVendePatria, la cual alcanzó aproximadamente 8.915 tweets. Para ese momento, el estudio de ProBox reveló que al menos 72 cuentas que utilizaron la etiqueta eran posibles bots o cuentas automatizadas que generaron el 27,97% de los mensajes. Al analizar en detalle a las cuentas que participaron en la etiqueta contra Deniz y debido a la coincidencia del perfil que emitió el tweet de origen con narrativas vinculadas al Oficialismo Radical, identificamos que el 73,63% de las cuentas que participaron en la tendencia contra Deniz, habrían participado en tendencias impulsadas por el programa «Con el Mazo Dando», dirigido por el líder chavista Diosdado Cabello. 

Sin embargo, lamentablemente estos no son los únicos casos. Para 2023, el Centro para los Defensores y la Justicia (8) registró 524 ataques contra defensores, representando un aumento del 32% con respecto a 2022. Según el organismo, en un contexto electoral aumentan las restricciones al espacio cívico y democrático y se incrementan la criminalización, la represión y el control social a la sociedad civil. 

El más reciente fue el de la detención de Rocío San Miguel (9), directora de la ONG Control Ciudadano, arrestada el 9 de febrero de 2024 y llevada a paradero desconocido por un cuerpo de seguridad indeterminado. 60 horas después, el fiscal Tarek William Saab informó de su captura “en virtud de una orden de aprehensión en su contra por estar presuntamente vinculada y referenciada en la trama conspirativa y de intento de magnicidio denominada Brazalete Blanco”. 

El 11 de febrero, desde ProBox monitoreamos a grupos de cuentas vinculadas al oficialismo y a redes anónimas que promovieron en redes la etiqueta #RocíoNoEsSanta con intención de atacar y difamar a la activista, como respuesta a la sociedad civil que impulsó días antes la etiqueta #DóndeEstáRocio exigiendo su paradero.. 

No es la primera vez que se pone la mira sobre la organización ciudadana en Venezuela. Los antecedentes se remontan a hace al menos una década. Desde 2014 el viceministro William Castillo comenzó a calificar a las ONG como “franquicias internacionales” que atacan a Venezuela. Desde entonces ha sido uno de los principales actores en el desprestigio de la sociedad civil organizada. 

En enero de 2021, el gobierno de Nicolás Maduro comenzó a actuar directamente contra las ONG y los defensores de derechos humanos con la detención de los directivos de Azul Positivo. Al mes siguiente, fue detenido Javier Tarazona, director de Fundaredes, quien continúa tras las rejas y con continuos retrasos judiciales.  

En ese momento, cuentas vinculadas con el Oficialismo Radical (10) posicionaron la etiqueta #TarazonaMercenario, celebrando su detención, acusándolo de conspirar y “colaborar con las FARC” y ser un “emisario de la CIA”; esta registró aproximadamente 1.642 tweets y 15,29% de sus mensajes fueron realizados por posibles cuentas automatizadas o con comportamiento inauténtico.

El mismo año, con una Asamblea Nacional dominada por el oficialismo, entró a la agenda legislativa el proyecto de Ley de Cooperación Internacional, que ya entonces generaba alarma en la sociedad civil organizada, bajo sospecha de recibir dinero para “desestabilizar”. Aunque aquella propuesta de Ley no avanzó más en el parlamento, sus principios fueron replicados en el instrumento que se aprobó en 2023 y ha sido retomado a comienzos de este 2024. 

Además, los políticos de oposición también han sido las principales víctimas de detenciones y arremetidas a lo largo del periodo de gobierno chavista. Los ataques más recientes van dirigidos a María Corina Machado, al ser actualmente la líder de la oposición tras su victoria en la Primaria de la Oposición celebrada en octubre de 2023. 

Desde que Machado fue proclamada a través del voto como la líder actual de la oposición, diez de sus colaboradores han sido detenidos, siete de ellos se mantienen privados de libertad, mientras que siete más tienen órdenes de aprehensión y seis están refugiados en la embajada de Argentina en Venezuela. Además, desde ProBox monitoreamos que la líder opositora ha sido víctima de ataques misóginos en redes sociales (11). Entre enero de 2023 y enero de 2024, ProBox identificó 74.827 menciones como ataque de género hacia María Corina Machado, divididos en tres frentes principales: menosprecio de capacidades (67%) alusiones al cuerpo (21%) y sexualización (12%). 

Marcos legales para regular el internet 

Tras regular casi por completo la difusión de mensajes a través de los medios tradicionales bajo vigilancia de Conatel, el espacio público digital también está siendo cercenado a través de la legalización de la censura en los espacios digitales y redes sociales, con la aprobación en primera discusión de la Ley contra el Facismo, se busca regular los últimos espacios disponibles para la disidencia en Venezuela (12). 

El pasado 2 de abril, desde el podio de la Asamblea Nacional venezolana, la vicepresidenta Delcy Rodriguez presentaba -en nombre de Nicolás Maduro-, una propuesta de Ley contra “el fascismo” que esconde en sus 30 artículos la legalización total a la censura, la represión y el cercenamiento del derecho a protestar. 

Esta propuesta también busca legalizar la censura en todos los niveles. El artículo 11 establece que los prestadores de servicios de radio, televisión, medios electrónicos y medios impresos, públicos, privados y comunitarios, así como las redes sociales, deben garantizar espacios libres de toda índole fascista, neofascista o de similar naturaleza. Quienes decidan ir en contra de lo que dice la Ley serán castigados con prisión y el pago de multas millonarias. 

El Capítulo IV de la Ley establece sanciones para los “actos fascistas” y la “apología al fascismo”, así como sanciones administrativas para quienes financien organizaciones o actividades consideradas fascistas o divulguen “mensajes prohibidos”. La pena de prisión contemplada va de seis a 12 años, mientras que las multas llegarán hasta los 100 mil dólares para quienes financien o promuevan mensajes prohibidos en la ley. 

Manipulación de la conversación digital 

El chavismo desarrolló y perfeccionó una estrategia comunicacional que le ha funcionado para imponer sus narrativas en redes sociales. Con Twitter, ahora X, como principal red social dominada por el chavismo de forma inorgánica desde hace muchos años; desde este el oficialismo ha logrado, además de propagar propaganda y desinformación, disminuir el alcance y proyección de la conversación de la sociedad civil en esta plataforma. 

En 2023, el Oficialismo fue el actor dominante en la red social X al generar 82,1% de las etiquetas sociopolíticas, patrón que se ha mantenido desde que el Observatorio ProBox inició el estudio de conversación sociopolítica digital venezolana en 2019 (13).

Al observar la cantidad de tweets que agruparon las 474 tendencias, la supremacía oficialista es mucho más alarmante, ya que al menos el 97,2% de todos los mensajes sociopolíticos en Venezuela entre enero y junio de 2023 pertenecen a etiquetas promovidas por el Estado; esto equivale a más de 178 millones de tweets, de los cuales 170 millones de tweets fueron impulsados por la cuenta del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información (MippciI).