Carmen Alguíndigue Morles: «No podemos permitirnos la impunidad» – Pedro Pablo Peñaloza

Más que un cambio en Miraflores, la profesora universitaria y abogada acreditada ante la CPI sostiene que el país debe volver a la Constitución y al Estado de Derecho para alcanzar la justicia.

Es comprensible que ante la situación de las últimas dos décadas haya cansancio, frustraciones, decepciones, desencuentros, ira y desánimo con el tema de la justicia, pero no es una alternativa desprenderse del propósito de lograr justicia”.

La reflexión corresponde a la profesora Carmen Alguíndigue Morles, especialista en Ciencias Penales y Criminológicas y abogada acreditada ante la Corte Penal Internacional (CPI) desde 2019.

Tomando en cuenta la realidad venezolana y las observaciones realizadas por los organismos internacionales, ¿qué elementos debería incluir una reforma del sistema de justicia en el país?

Es imperativo regresar al sistema político previsto en la Constitución, al Estado de derecho, de manera de poder, a partir de allí, refundar la justicia. Para lograrlo deben estar incluidas todas las instituciones que integran el sistema de justicia, porque su correcta administración depende de todas.

Ello requerirá la experiencia y seguimiento de organismos multilaterales conocedores de estas transformaciones institucionales y políticas.

El norte tiene que ser la creación de un sistema de justicia que garantice el acceso a una justicia promotora y protectora de los Derechos Humanos, fácilmente asequible al que no tiene dinero, oportuna, eficaz, justa y transparente. Y para ello es imprescindible la autonomía de sus integrantes.

Un nuevo sistema de justicia pasa, indefectiblemente, por asegurar la independencia, tanto política como técnica, previniendo y conteniendo su posible abuso de autoridad con la vigilancia y contraloría de instituciones igualmente sólidas, también dotadas de los recursos necesarios y participación de la sociedad civil.

Buena parte de estos parámetros existen ya. El mundo democrático y las instituciones internacionales de protección de derechos humanos han elaborado una gama completa de estándares mínimos para las distintas instituciones de justicia, que están contenidos en instrumentos normativos e incluso, poseen mecanismos de seguimiento temporal. Tenemos la fortuna de no partir de la nada, el reto es llegar a acuerdos concretos y sinceros y cronogramas para ponerlos en práctica.

De manera paulatina, Latinoamérica ha pasado por procesos de reformas de sistema de justicia, básicamente todos gozamos de mecanismos normativos. Allí la cuestión: ¿por qué las diferencias del respeto a los derechos y garantías? Por la posibilidad de que sean digeridas y puestas en práctica por instituciones, aunque no del todo perfectas, comprometidas en el andamiaje constitucional, con el contrapeso contralor de la sociedad civil.

En países desarrollados y con democracias avanzadas como Estados Unidos y España, por citar dos casos, se habla de la politización de la justicia. ¿No es mucho pedirle a Venezuela una justicia que sea inmune a las cuotas partidistas?

No, no lo es. Nuestros partidos políticos también tienen la responsabilidad y el deber de transformarse y respetar la dinámica constitucional. Buena parte de nuestros problemas más graves, como la corrupción y el abuso de poder, son la consecuencia del desmoronamiento de los valores que nos deben regir como sociedad, la autoridad moral. Eso tiene que acabarse, si de verdad queremos salir del actual lodazal que impide la construcción de una democracia sólida.

El ejercicio de la acción penal es el mecanismo potencialmente más peligroso de control social. Ante esa lección, es imperante que la actuación del sistema penal no esté sujeta a ninguna clase de presión o guía distinta, a lo previamente convenido y expresado en una ley de naturaleza formal.

Con este nivel de pugnacidad y desconfianza entre los actores políticos, realmente era imposible que las partes se pusieran de acuerdo para renovar el TSJ y reformar el Sistema de Justicia. En casos como estos, ¿solo queda recurrir a instancias internacionales para que en el país haya justicia?

No existe una instancia internacional que pueda suplir la necesidad de justicia a lo interno en todos sus ámbitos. Contar con justicia pasa por la voluntad política de hacerlo, voluntad de tener como meta el bien común. Volvemos a la necesidad de la transformación, de la metamorfosis de lo político en nuestro país, para que, sin miramientos ni presiones y actuando libres de mezquindades y verdadero apego al orden constitucional establecido, pueda alcanzarse un sistema de justicia robusto, independiente y transparente que establezca responsabilidades en todos los temas pendientes. Eso por la violencia delictiva, la corrupción y todo el andamiaje que implica lo que se denomina delincuencia de poder, entre las que se encuentran, las graves violaciones a los Derechos Humanos.

La CPI es un tribunal internacional que juzga delitos de guerra y de lesa humanidad, y pretende brindar justicia y reparación a las víctimas de ese tipo de delitos. Ese es su mandato y sobre eso inició una investigación en Venezuela. No es verdad que la justicia internacional cambie, perfeccione regímenes políticos.

Apostar y dar esperanzas con los resultados que no se pueden obtener de la justicia internacional, es crear desesperanza y mayor desilusión. Por el contrario, nos corresponde llevar la voz y la acción ponderada, realista y responsable. Apoyar a nuestras víctimas con la verdad es impedir su instrumentalización y, por ende, revictimizarlas.

La justicia internacional tiene competencias precisas, es además complementaria. Por razones de su misión, capacidad y recursos es extraordinariamente selectiva y enfoca sus recursos en los altos responsables de crímenes de lesa humanidad. Esta es una realidad y traduce que su acción estará enfocada en algunos pocos casos.

El Estatuto de Roma contempla el principio de prevención en su columna vertebral, también la preferencia por el que sean los sistemas de justicia internos los que investiguen y establezcan responsabilidades con la exigencia del cumplimiento de estándares internacionales.

El sistema de justicia interno amerita hacerse de sus instituciones para refundarlas. Porque es allí donde tendrán cabida la mayoría de las investigaciones, y el establecimiento de responsabilidades y reparaciones en las distintas materias pendientes, con el acompañamiento y seguimiento de instancias internacionales.

¿Para que haya justicia en Venezuela, debe haber un cambio en la Presidencia de la República?

Los presidentes pueden cambiar y las situaciones mantenerse con iguales características e inclusive empeorar.

Retomo el inicio de la entrevista acerca de la necesidad de regresar al sistema político previsto en la Constitución. A partir de allí, la justicia podrá reedificarse. En consecuencia, relegitimar los principales componentes institucionales del Estado de Derecho es indispensable, para que el modelo de estado que consagra la Constitución se mantenga.

Ahora que hay tantos ensayos de negociación, se repite que la oposición debe estar dispuesta a tragarse varios sapos para alcanzar la transición democrática. ¿Uno de esos sapos es la impunidad? ¿Qué tanta justicia se puede sacrificar para construir la transición a la democracia?

No: es justamente la impunidad lo que no podemos permitirnos. La impunidad vista desde la óptica de establecer responsabilidades, reconocer a las víctimas, reparar los daños y hacer efectiva la garantía de la no repetición, es un tema que no puede sacrificarse. Tampoco pueden sacrificarse los demás valores constitucionales, por lo que se debe excluir la persecución y venganza en toda sus formas y la generación de más violencia.

La atribución de responsabilidades es indispensable. La manera de llegar a ese objetivo tiene caminos que ya otras experiencias históricas han transitado, por lo que podría ser posible explorar vías innovadoras enfocadas siempre en los valores de la justicia y la democracia.

¿Cómo avanza el caso de Venezuela ante la CPI?

Podríamos estar cerca de iniciar el proceso de presentación de observaciones por parte de las víctimas ante la CPI, eso es una prueba de oro para incidir y demostrar organización y compromiso por la justicia y, por ende, por el establecimiento de responsabilidades y reparaciones.

Aún no sabemos en qué casos se va a enfocar la investigación, pero siempre estará dirigida, por su mandato, a los representantes de las altas cadenas de mando. Habrá investigaciones que queden por fuera y deben enfrentarse con los protocolos internacionales en un sistema de justicia independiente.

¿La sociedad organizada puede incidir en los esfuerzos por recuperar la justicia en Venezuela?

Uno de los factores más importante logrados con el sistema acusatorio había sido avalar la participación ciudadana y la contraloría social; no obstante, casi de inmediato se eliminaron los juicios con jurados, luego los juicios con escabinos, para finalmente quitarle a las organizaciones de la sociedad civil la posibilidad de representar víctimas. Hoy, el proyecto de Ley de Cooperación Internacional plantea nuevas restricciones para su funcionamiento.

Aun reconociendo las equivocaciones y la percepción de que cualquier alternativa parecieran estar ajena al bien común y más bien plagada de apetito por el poder en todas sus formas, nos toca apoderarnos del ideario de la realización de los derechos humanos y hacerlo nuestro desde la acción individual y colectiva. Cada cual desde su campo y posibilidades.

Transformar la euforia o el desencanto en acciones proactivas, útiles y estratégicas. La apatía y el desencuentro están descartados en el futuro del país que anhelamos.