Entrevista a Juan Miguel Matheus: «El cambio político en Venezuela apunta a dos tareas en paralelo» – Isabella Sanfuentes

“El cambio político en Venezuela apunta a dos tareas en paralelo: alcanzar la democracia y reconstruir las capacidades del Estado”, Juan Miguel Matheus
Isabella Sanfuentes

Actualmente algunos estudiosos de la Ciencia Política son contestes en señalar que una eventual transición democrática en Venezuela se asemejaría más a casos de estudio de países africanos que a los conocidísimos episodios de democratización de las dos décadas finales del siglo XX latinoamericano. La razón fundamental para ello reside –además de la sofisticación de las autocracias en los tiempos que corren– en la aptitud o no del Estado para sostener la democracia. Un Estado vaciado de capacidades no es apto para mantener en pie la democracia. Con este contexto, conversamos con Juan Miguel Matheus sobre la situación del Estado venezolano y sus perspectivas democráticas.

–En dos palabras: ¿cómo describiría la situación actual del Estado venezolano?

Se necesitan mucho más de dos palabras para abordar esta pregunta, cuya respuesta es central para el futuro democrático de Venezuela. Intuyo que usted me induce a referir que el venezolano es un Estado fallido. Pues, sí. Lo es. Creo que nadie con sensatez podría negarlo. Pero esas dos palabras -Estado fallido- requieren ser dotadas de contenidos aportados por la realidad para reforzar la idea de que este problema no es una mera cuestión teórica, sino eminentemente práctica: los venezolanos tenemos que reedificar nuestro Estado para alcanzar una de las precondiciones éticas que hacen posible tanto la realización del bien común como la vigencia de la democracia. Sin un Estado robusto y útil a los ciudadanos no existe el principio de autoridad que debe ordenar las relaciones sociales de acuerdo con la justicia y orientarlas a la paz; y sin un Estado robusto no es posible darle sustento institucional a la democracia constitucional.

¿Por qué decimos que es un Estado fallido? Porque ha perdido todas (o casi todas) sus capacidades. Lo cual pareciera, en cierto modo, contradictorio con la naturaleza autocrática férrea y dura del régimen madurista. No es capaz de ejercer las competencias que le otorgan la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, y los poderes públicos se encuentran en situación de postración autocrática. No es capaz de ejercer plenamente la soberanía territorial ni controlar la basta geografía nacional, que es constantemente amenazada por el hampa común, el crimen organizado y elementos vinculados al terrorismo internacional. No es capaz de ejercer la representación de la República ante el concierto de las naciones libres, sino que se limita a estrechar relaciones de solidaridad autocrática con las potencias dictatoriales del mundo: Rusia, China, Irán, Corea del Norte, Cuba, Nicaragua, etc. No es capaz de responder a las demandas estructurales de una economía que yace destruida, de unos servicios públicos colapsados y de unos derechos sociales que son letra muerta para la ciudadanía. Y, por último, no es capaz de salvaguardar la dignidad humana como límite radical y postrero a todos los poderes estatales, sino que se ha convertido en una maquinaria de violación de derechos humanos, como han demostrado con creces la Misión Independiente de Verificación de Hechos de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organizaciones no gubernamentales y defensores de derechos humanos.

Tenemos, entonces, un Estado fallido caracterizado –puede decirse– por un déficit institucional, un déficit de soberanía territorial, un déficit de representación internacional, un déficit prestacional y un déficit de protección de los derechos humanos.

Los venezolanos tenemos por delante la faena del cambio político que debe iniciarse con las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, en las cuales ha salido victorioso Edmundo González Urrutia. Y ese cambio político apunta a dos tareas que deben adelantarse en paralelo: alcanzar la democracia y, al mismo tiempo, reconstruir las capacidades del Estado. O, dicho de otra manera: debemos echar a andar una empresa inmediata de eso que en las ciencias sociales se conoce como State Building para allanar el camino a una consolidación institucional de la democracia. De lo contrario, de no echar a andar esa empresa de rehechura estatal y de no concretarse en el menor tiempo posible, corremos el riesgo de una regresión autocrática. Y tendríamos que decir tristemente que no aprendimos las lecciones de todos estos años de chavismo-madurismo.

–Por años se ha popularizado el término Estado fallido como un concepto que describe la situación institucional de países como Venezuela y México, por ejemplo. En artículos para Democratización, Paola Bautista de Alemán ha utilizado el término Estado gangsteril. ¿Cree que estos términos describen bien el contexto venezolano? ¿Le agrega algo al diagnóstico del Estado venezolano?

Sí agrega. En el realismo mágico que vivimos los venezolanos –y pido se entienda de buena manera el uso del término– no solo tenemos un Estado fallido, sino, también, un Estado gangsteril. O, siendo más exactos, presenciamos un régimen autocrático de naturaleza sui generis, encuadrado en una circunstancia estatal que es fallida y gangsteril a la vez.

Sobre lo fallido ya me referí. Sobre lo gangsteril conviene precisar que el enquistamiento autocrático venezolano supera con creces la cleptocracia, que es la categoría utilizada por la Ciencia Política para aludir a sistemas definidos por la corrupción administrativa. Tal es el caso de países de la antigua Unión Soviética, de África y del sudeste asiático. En el caso venezolano la corrupción administrativa es un padecimiento terrible, pero lo más determinante es que el crimen organizado se ha consustanciado con el Estado y con posiciones clave de poder. Muestra de ello son los así llamados narco sobrinos, condenados en los Estados Unidos por delitos de tráfico de drogas. Y, acaso lo más elocuente, que Nicolás Maduro (presidente), Diosdado Cabello (número dos del partido de Gobierno), Maikel Moreno (antiguo presidente del Tribunal Supremo de Justicia), Tarek El Aissami (antiguo vicepresidente sectorial de economía) y Vladimir Padrino López (ministro de Defensa) han recibido indictments (acusaciones) del Departamento de Justicia de los Estado Unidos por crímenes relacionados con el narcotráfico y el terrorismo. Es decir, el “alto mando” de la revolución es perseguible internacionalmente por vinculación con el crimen organizado. Lo anterior convierte al Estado venezolano en un teatro criminal y, al mismo tiempo, en un abrigo de protección para actividades delictivas. El crimen organizado gobierna al Estado venezolano y también le sirve de reducto último, de fuente de poder real.

Pero debe decirse más. El crimen organizado es la causa más importante por la cual el Estado venezolano adolece del mencionado déficit de soberanía territorial. El aparato de monopolio de la violencia, incluida la Fuerza Armada Nacional, no logra desmantelar los emporios de crimen organizado que controlan impunemente grandes porciones del territorio nacional, especialmente en ricos enclaves mineros y en bordes fronterizos.

Toda esta situación conlleva a hacer algunas consideraciones prácticas. Primera, el State Building para el caso venezolano es, en su esencia, una aspiración a derrotar el crimen organizado. Sin lograrlo la ingobernabilidad estaría a la orden del día, incluso en un escenario de cambio político catalizado. La segunda es que una eventual inauguración democrática (toma de posesión de Edmundo González el 10 de enero de 2025) debe conllevar necesariamente a una alianza estratégica con países de la región (USA, Colombia, Brasil) para aunar esfuerzos en la derrota del crimen organizado y en el rescate de la soberanía territorial de Venezuela. Y la tercera, no menos importante para la estabilidad política y la consolidación de la democracia, es que habrá que establecer prudentemente mecanismos de negociación y justicia transicional que permitan acomodos conforme a la Constitución y sin impunidad para asegurar incentivos y garantías democratizadores para personajes vinculados al crimen organizado que hoy ejercen el poder en Venezuela.

–Para usted, ¿cuáles son, entonces, los pilares de la reconstrucción del Estado venezolano?

En los últimos años me he ocupado intelectualmente de, por así decirlo, una zona de entrecruzamiento entre el Derecho y la Ciencia Política: el Derecho Constitucional de la democratización. Se trata del estudio de los marcos jurídicos que, con rango constitucional, sirven de cauce para procesos exitosos de cambio político y de consolidación democrática. En este sentido, lo que enseñan tanto la historia como las políticas comparadas respecto de esos procesos es algo que podemos llamar las cinco “c”: cambio, Constitución, concordia, centro y consenso.

Toda implementación efectiva de la democracia requiere la confluencia de una coyuntura de liberación democrática (cambio), de un conjunto de reglas que juridifiquen los fenómenos políticos (Constitución o normas de rango constitucional), de una atmósfera ética de avenencia y paz (concordia), de la creación de un espacio público amplio sobrepuesto a las ideologías y a las pretensiones autocráticas dentro del cual tanto las élites políticas como la ciudadanía interactúen con lealtad al sistema democrático (centro), y, finalmente, de una cultura de encuentro permanente, de cesiones y concesiones por parte de los actores políticos y sociales, que haga posible la renovación del consentimiento generalizado de una población de vivir en una democracia constitucional (consenso). De manera que, como usted advertirá, pienso que las cinco “c” deben ser pilares de la reconstrucción del Estado venezolano y de la democracia que pueda anidar en él.

Ahora bien, todo lo anterior debe ser abordado y contemplado con realismo. Una precondición necesaria para el advenimiento del Estado constitucional es el cambio político democratizador. Solo derrotando a los regímenes autocráticos ocurre que las sociedades tienden, bajo una suerte de intuición cívica, a ordenar la convivencia humana en torno a la Constitución, la concordia, el centro y el consenso. Es como un prodigio de la psicología colectiva de un pueblo que aspira a superar sus traumas autocráticos para vivir en la justicia bajo las premisas antes descritas y que, además, debería comprometer a generación tras generación para que sea posible la permanencia de la democracia.

En el caso venezolano podemos traer a colación como ejemplo de las cinco “c” el espíritu del Pacto de Puntofijo que permitió cuarenta años de libertades civiles y democráticas, lamentablemente perdidas por el ascenso al poder de Hugo Chávez Frías. Y, no tengo ninguna duda, es lo que emergerá luego de la victoria de Edmundo González Urrutia el 28 de julio de 2024 y de la toma de posesión efectiva de la Presidencia de la República el 10 de enero de 2025 en el Palacio Federal Legislativo.

–Imagine que ocurre el cambio político democratizador y aparecen en el horizonte venezolano las otras cuatro “c” que usted ha referido, ¿cuáles son las primeras tareas concretas para la reedificación estatal y el aseguramiento de la democracia constitucional?

Me coloca usted en la tesitura, no sencilla, de aterrizar súbitamente la tesis de las “c” en tareas concretas para el caso venezolano. Y me parece bien porque da una orientación más práctica a esta entrevista, pues definitivamente debemos reedificar el Estado y asegurar la democracia constitucional. Ello me recuerda –salvando las distancias– el célebre discurso de Bayeux, pronunciado por Charles De Gaulle una vez acabada la segunda guerra mundial, en el que se refiere a la “reaparición del Estado francés” para la reconstrucción nacional.

¿Necesitamos hablar de la reaparición del Estado venezolano..?

Exactamente. En nuestro caso se trata de la reaparición del Estado venezolano para la reconstrucción nacional. Un Estado que sirva a la libertad democrática del pueblo que expresó su voluntad de cambio en la elección primaria del 22 de octubre de 2023 y que reselló su anhelo de cambio político en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.

En ese sentido, me referiré a tres tareas concretas.

La primera, aunque parezca de perogrullo, es que los actores políticos determinemos cuál es el texto constitucional que debe encauzar la democratización venezolana. Y en mi opinión debe ser la Constitución de 1999 sin reformas ni enmiendas, alejándonos también de la tentación de pensar en una Constituyente para redactar un nuevo pacto fundamental. Que las reformas o enmiendas constitucionales queden postergadas para cuando la democracia esté definitivamente consolidada, para otras generaciones. Y, ¿por qué la Constitución de 1999? Por varias razones: (i) posee suficientes recursos democratizadores, (ii) entrar en procesos de mutación constitucional sería desperdiciar energías cívicas del pueblo de Venezuela en discusiones y clivajes que pudiesen alejar el objetivo cierto de echar a andar un Gobierno transicional y consolidar la democracia, (iii) esa Constitución es, al mismo tiempo, un elemento pedagógico y de memoria histórica que nos recuerda de lo que hemos sido capaces los venezolanos y qué errores no podemos volver a cometer, y, por último, porque (iv) ese texto fundamental es un símbolo que quizá pueda permitir mejor la integración o purificación democrática de remanentes de las élites chavista-maduristas.

La segunda tarea es la integración constitucional de la Fuerza Armada Nacional al proceso de reedificación estatal y aseguramiento democrático. Nótese que utilizó el adjetivo “constitucional”, es decir, que el funcionamiento de la Fuerza Armada Nacional pase por el tamiz del artículo 328 de la Constitución. Como mencioné antes, el Estado venezolano tiene un déficit de soberanía territorial. Y ello se debe a la convergencia de tres factores en el territorio de la República: crimen organizado, terrorismo internacional y personeros injerencistas de las autocracias del mundo (rusos, iranies, cubanos, etc.). Para reedificar el Estado y asegurar la democracia estos tres factores deben ser removidos del territorio nacional, lo cual solo es posible con una actuación de una Fuerza Armada Nacional apegada a la Constitución y que disponga de la cooperación estratégica y geopolítica –como ya también mencioné– de los Estados Unidos de América, Brasil y Colombia.

–Perdone que le interrumpa, pero me parece que un rol así de la FAN podría traer riesgos militaristas…

Tiene usted razón. Por eso en este punto debe decirse una palabra más sobre el particular. La integración de la FAN a la democratización de Venezuela es una filigrana delicada, que requerirá un equilibrio perfecto: por un lado, los militares deben ser parte del sostenimiento del nuevo orden de libertades; pero, por otro, debe impedirse que a ellos se les abran nuevas apetencias autocráticas que comprometan la democracia, para lo cual será clave la renovación de nuestras cultura y educación castrenses.

–Continúe, por favor. ¿Cuál es la tercera tarea en esa labor de State Building?

La tercera tarea que quiero referir es la reinstitucionalización de los poderes públicos que conforman el Estado, es decir, la relegitimación de los poderes nacionales después del 10 de enero de 2025. Para ello será central el rol de la próxima Legislatura de la Asamblea Nacional. Una vez que sea posible la toma de posesión constitucional de Edmundo González Urrutia se hará crucial propiciar elecciones parlamentarias adelantadas, tan pronto como sea posible en 2025, para que la Asamblea Nacional represente genuinamente las aspiraciones democratizadoras del pueblo de Venezuela y designe a los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, rectores del Consejo Nacional Electoral y titulares de los órganos del Poder Ciudadano. Se trata de implementar de una vez por todas el arsenal institucional de la Constitución de 1999, con el esquema de separación de poderes que ella contiene y bajo la lógica de pesos y contrapesos ausente en Venezuela desde 1999.

–¿Ninguna otra tarea que deba mencionarse?

Por supuesto. Luego habrá otras tareas que acometer sobre las que no me detendré en este momento, como lo son la renovación de los órganos del poder público estadal y municipal, el fortalecimiento del sistema de partidos, la implementación de un modelo de economía social de mercado que reduzca la pobreza y las desigualdades, el desarrollo de un sistema de así llamada justicia transformadora para la administración de la memoria histórica y para la reconciliación nacional, entre otras. Soy optimista respecto a todo ello.

–Finalmente, ¿qué garantías de pueblo podemos darnos los venezolanos para hacer perdurar en el tiempo la futura institucionalidad del Estado y la democracia constitucional?
La virtud. La virtud cívica. Más allá de normas y diseños constitucionales, la clave está en la firme determinación de las élites y de la ciudadanía de vivir en democracia, bajo un Estado funcional y pleno de capacidades que respete los derechos humanos. Eso es lo que la doctrina alemana del Derecho Constitucional denomina “garantía inmanente”, es decir, la voluntad y el compromiso de un pueblo de convivir democráticamente con los límites que establece la propia Constitución.
–Pero no somos alemanes… ¿Qué es lo realista para Venezuela?
Eso es verdad. No somos alemanes ni queremos serlo. Pero tendremos que alcanzar nuestra garantía inmanente criolla. Porque en nuestro caso se avecina una enorme tarea de reedificación del Estado. Y sobre eso ha versado esta entrevista. Pero también se asoman labores de renovación de la cultura política y de sanación del daño antropológico que han causado veinticinco años de autocracia en el alma de los venezolanos. Estoy seguro de que el sufrimiento acumulado durante todos estos años no será en vano y se transformará en capital democrático proyectado a lo largo de las décadas futuras…