El eje Caracas–Teherán y los desafíos de la seguridad hemisférica

Por Juan Miguel Matheus, noviembre 2025.

Publicado originalmente en Revista FAL .

Una alianza bajo sospecha.
La alianza entre la República Bolivariana de Venezuela e Irán no es nueva, pero ha alcanzado una profundidad en los últimos años que preocupa a expertos en seguridad, a gobiernos occidentales y a la propia región latinoamericana. Desde la década de 2000, cuando Hugo Chávez y Mahmud Ahmadineyad tejieron un vínculo cimentado en la retórica antiimperialista, la cooperación ha pasado de lo simbólico a lo estructural.

En este contexto, el antisemitismo ha sido un rasgo recurrente en la retórica chavista, lo cual ha facilitado la sintonía con Teherán. En la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de 2006, Hugo Chávez comparó a Israel con el nazismo, acusando a Tel Aviv de genocidio. En 2010, fue más lejos al calificar a Israel de “Estado maldito, terrorista y asesino”. Y en medio de lo descrito anteriormente, en enero de 2009, el discurso se trasladó al terreno interno venezolano. La sinagoga Tiféret Israel de Caracas fue profanada: archivos robados, paredes pintadas con consignas antijudías y espacios vandalizados. Varios funcionarios policiales estuvieron involucrados y fueron condenados. Ese mismo año, el Centro Simon Wiesenthal denunció una escalada de antisemitismo alentada desde el oficialismo.

La demonización de Israel permitió, así, que el chavismo adoptara la narrativa iraní sin fricciones. El “sionismo” fue convertido en sinónimo de imperialismo, y la causa palestina fue asumida como propia. Este giro ideológico no solo legitimó la alianza con Teherán, sino que debilitó el tejido plural de la sociedad venezolana, afectando de forma particular a la comunidad judía local.

Bajo el régimen de Nicolás Maduro, el eje Caracas-Teherán se ha transformado en un engranaje funcional para evadir sanciones, proyectar influencia y abrir un frente asimétrico contra Estados Unidos, Europa e Israel en el hemisferio occidental.

El petróleo como llave de la alianza.
El petróleo ha sido la vía más evidente y, al mismo tiempo, la más opaca de la cooperación venezolano-iraní. En 2020, en medio de la aguda crisis de desabastecimiento de gasolina en Venezuela, Irán despachó varios buques cargados de combustible. La operación se interpretó como un desafío directo a las sanciones de Estados Unidos y como un gesto de socorro político hacia Maduro. Poco después, el Departamento de Justicia anunció la incautación de cuatro cargamentos de combustible iraní, confirmando lo que muchos analistas sospechaban: Teherán estaba empleando la crisis venezolana para ensayar mecanismos de evasión que luego replicaría en otros contextos.

Pero la cooperación no se detuvo. En 2022, la estatal iraní National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC) firmó un contrato por 110 millones de euros para reparar la refinería El Palito, en el estado Carabobo. Era la primera vez que una empresa iraní obtenía un contrato formal de esa magnitud en la industria petrolera venezolana. Posteriormente, técnicos iraníes se desplegaron también en el complejo refinador de Paraguaná, donde introdujeron catalizadores y repuestos esenciales.

Los pagos no fueron transparentes, sino en especies. Bloomberg documentó, en 2020, que Caracas envió nueve toneladas de oro a Teherán como parte de los acuerdos. El trueque de oro por gasolina, aunque insostenible a largo plazo, reflejaba la urgencia de Maduro por mantener la fidelidad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el transporte interno. Esa transacción selló un patrón que desde entonces se repetiría: recursos estratégicos venezolanos transferidos a Irán a cambio de asistencia técnica, insumos energéticos e incluso asesoría militar.

El caso del Boeing 747 de Emtrasur —avión de carga venezolano antes operado por la sancionada Mahan Air— mostró cómo la logística aérea se sumaba al petróleo en el engranaje. Retenido en Argentina en 2022 y transferido a Estados Unidos en 2024, el aparato expuso las conexiones entre empresas sancionadas iraníes y Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA). El hecho de que tripulantes fueran miembros o exmiembros de la Guardia Revolucionaria Islámica confirmó que la cooperación no se reducía a lo económico, sino que implicaba transferencia de cuadros de seguridad.

Inteligencia y documentación: el lado invisible de la alianza.
Si la dimensión energética es visible, la de inteligencia se mueve en penumbras. En 2008, el Departamento del Tesoro sancionó a Ghazi Nasr al Din, diplomático venezolano en Líbano y Siria, acusándolo de actuar como facilitador de Hezbolá y de servir de enlace para la recaudación de fondos irregulares. Ese mismo año, agencias de viajes venezolanas fueron señaladas de servir como fachadas de la organización libanesa.

Un punto crítico fue revelado por CNN en 2017: la existencia de una red de pasaportes venezolanos expedidos en Bagdad a ciudadanos de Siria, Irán e Irak, algunos con presuntos vínculos con Hezbolá. La investigación, titulada “Pasaportes en las sombras”, obligó al régimen de Maduro a expulsar a CNN en Español de la parrilla televisiva, confirmando la incomodidad del gobierno con la exposición internacional.

El Atlantic Council y otros centros de análisis han advertido desde entonces que Venezuela podría convertirse en plataforma para otorgar identidades falsas a actores hostiles. Los pasaportes venezolanos gozan de reconocimiento en gran parte de Latinoamérica, y su uso fraudulento abre la puerta a operaciones encubiertas en países democráticos. En un continente donde la porosidad fronteriza es la norma, la proliferación de documentos falsificados constituye una amenaza directa a la seguridad hemisférica.

Solidaridad autocrática con Teherán.
Más allá de lo funcional, la alianza se sostiene en la solidaridad autocrática. En junio de 2022, Nicolás Maduro viajó a Teherán y firmó con Ebrahim Raisi un plan de cooperación de 20 años que abarca desde energía hasta defensa. Las imágenes de Maduro abrazando a Raisi y rindiendo honores oficiales fueron un mensaje inequívoco: Caracas y Teherán buscaban consolidar un eje duradero.

Diosdado Cabello, considerado el número dos del chavismo, ha participado en múltiples actos en la embajada iraní en Caracas, siempre reiterando que la relación con Irán es una “hermandad antimperialista”. Por su parte, Vladimir Padrino López, Ministro de Defensa, ha incorporado a la doctrina militar venezolana conceptos de “guerra popular prolongada” inspirados en la Guardia Revolucionaria Islámica.

En varias ocasiones, tras ataques israelíes en la Franja de Gaza o enfrentamientos en el golfo Pérsico, voceros del chavismo han organizado marchas en apoyo a Irán. Las consignas se han mezclado con mensajes de solidaridad hacia Palestina y con acusaciones contra Estados Unidos e Israel. Esa narrativa, repetida en medios públicos, proyecta la alianza más allá de los pasillos diplomáticos: la instala en el imaginario político oficial venezolano.

Por otro lado, la alianza también se expresa en instancias multilaterales del Derecho Internacional Público. En la Asamblea General de la ONU, Venezuela ha votado de manera sistemática en consonancia con Irán en asuntos como sanciones y programa nuclear. En el Consejo de Derechos Humanos, representantes venezolanos han defendido a Teherán frente a resoluciones por violaciones graves a los derechos fundamentales. Y en el Movimiento de Países No Alineados, Caracas e Irán han impulsado resoluciones que buscan deslegitimar las sanciones occidentales.

La dimensión militar.
En 2022, Israel denunció que Irán planeaba dotar de municiones guiadas a drones entregados a Venezuela. Caracas lo negó, pero la acusación coincidía con la estrategia iraní de extender capacidades asimétricas fuera del Medio Oriente. Desde 2012, autoridades venezolanas han admitido la fabricación de drones con asesoría iraní.

La visita del Ministro de Defensa iraní a Caracas, en noviembre de 2024, selló la cooperación militar. Drones, lanchas rápidas, sistemas de vigilancia y entrenamiento en guerra asimétrica forman parte del repertorio. El caso del avión de carga Emtrasur, con tripulantes vinculados a la Guardia Revolucionaria Islámica, refuerza la evidencia de que Venezuela es utilizada como punto de apoyo logístico.

En este terreno, la alianza no solo supone un desafío regional, sino que introduce a Latinoamérica en la órbita de conflictos que antes parecían distantes. El espectro de un traslado de tecnología militar sensible —desde drones hasta misiles de corto alcance— preocupa a Israel y a Estados Unidos por la posibilidad de que, en un eventual escenario de confrontación abierta, Venezuela funcione como retaguardia de Teherán.

Finanzas ilícitas y banca paralela.
La dimensión financiera es más sofisticada y menos visible. En 2013, el Departamento del Tesoro estadounidense sancionó al Banco Binacional Venezolano-Iraní, fachada del Banco de Desarrollo de Exportaciones de Irán. Ese banco había sido concebido en tiempos de Chávez y Ahmadineyad para canalizar operaciones conjuntas, pero en la práctica operaba como vehículo de evasión de sanciones económicas internacionales.

Informes recientes de FinCEN describen cómo redes vinculadas a Irán y Venezuela recurren a la banca paralela: emplean oro, carbón, criptomonedas y contratos petroleros triangulados para mover capitales fuera del alcance de sanciones. El patrón revela un ecosistema donde PDVSA funciona como proveedor, bancos binacionales como canales, y empresas pantalla como intermediarias.

La consecuencia es grave, pues erosiona el régimen internacional de sanciones, proporciona liquidez a regímenes autoritarios y facilita el financiamiento de grupos como Hezbolá. Para Europa, implica exposición en sus sistemas financieros; para Israel, riesgo directo de que esos flujos acaben en apoyo operativo a actores hostiles; para Estados Unidos, la confirmación de que su política de sanciones encuentra grietas.

Proyección regional y desafíos de la seguridad internacional.
La alianza Caracas–Teherán trasciende el territorio venezolano. En Argentina, el episodio del avión Emtrasur en 2022 reactivó los fantasmas de los atentados contra la embajada de Israel (1992) y la AMIA (1994), ambos atribuidos a Hezbolá. En Colombia, la presencia de comunidades libanesas con nexos comerciales ha derivado en investigaciones sobre redes de contrabando con posibles vínculos a Hezbolá.

La Triple Frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay constituye un nodo crítico; allí se han documentado, desde hace décadas, actividades de recaudación de fondos y logística vinculadas al islamismo radical. Si bien no toda la comunidad libanesa participa de estas dinámicas, la convergencia de actores ilícitos convierte la zona en un “espacio gris” aprovechado por Teherán; y Venezuela funciona como plataforma que provee documentación, logística aérea y cobertura diplomática que luego se inserta en otras geografías latinoamericanas.

La alianza entre Irán y Venezuela ha dejado de ser un símbolo de antimperialismo para convertirse en un entramado estructural y con largos tentáculos. Pero la presencia de Irán en Latinoamérica por medio de Venezuela no es un problema local, sino un desafío de seguridad internacional. Para Estados Unidos, significa la amenaza de redes hostiles en el hemisferio occidental. Para Europa, la posibilidad de que capitales ilícitos penetren en su sistema financiero. Para Israel, la expansión del antisemitismo y de estructuras hostiles en un continente donde la comunidad judía tiene una presencia significativa.

Lista de tareas pendientes.
Ante tales asechanzas, las respuestas no pueden ser parciales ni improvisadas. El fenómeno requiere un abordaje integral que reconozca la dimensión internacional de la amenaza.

Primero, un mecanismo transatlántico de cooperación. Estados Unidos, Europa e Israel deben coordinar inteligencia en tiempo real sobre vuelos, contratos energéticos, transferencias financieras y actividades logísticas en puertos y aeropuertos. Esta coordinación debería institucionalizarse en un formato semejante a los grupos de trabajo conjuntos.

En segundo lugar, sanciones selectivas y focalizadas. Las sanciones no deben diluirse en generalidades, sino dirigirse a actores concretos: aerolíneas de fachada como Conviasa y Emtrasur, bancos binacionales, empresas señuelo registradas en terceros países y entidades iraníes que operen en Caracas.

Tercero, control logístico reforzado. Latinoamérica necesita tecnología avanzada de trazabilidad marítima y aérea. El rastreo de cargamentos debe incluir algoritmos que crucen información aduanera, financiera y satelital.

En cuarto lugar, cooperación judicial y policial. Es indispensable articular equipos conjuntos de investigación que incluyan fiscales y jueces de países latinoamericanos. El precedente de Eurojust en Europa puede inspirar un modelo regional para perseguir redes financieras ilícitas.

Quinto, respaldo a la sociedad civil venezolana. La reconstrucción de la institucionalidad democrática en Venezuela es un imperativo no solo político, sino de seguridad hemisférica. Apoyar partidos democráticos, periodistas, organizaciones de derechos humanos y movimientos cívicos debilita el ecosistema de opacidad que permite la expansión iraní.

Conclusión.
La alianza entre Irán y Venezuela ha dejado de ser un símbolo de antimperialismo para convertirse en un entramado estructural y con largos tentáculos. Energía, inteligencia, logística militar y finanzas ilícitas convergen en un mismo tablero. Cada pieza refuerza la otra.

Venezuela ha pasado de ser un país en crisis a convertirse en la pica en Flandes de un actor extrahemisférico con ambiciones internacionales. El eje Caracas-Teherán es el símbolo de esa dependencia: un signo de sumisión, pero también de amenaza.

La respuesta requiere una estrategia integral que articule sanciones inteligentes, cooperación judicial, solidaridad democrática internacional y fortalecimiento de los marcos multilaterales. Latinoamérica se ha convertido en un escenario decisivo de la geopolítica del siglo XXI.

Este artículo fue publicado originalmente en Revista FAL .