Los Rodríguez no son (Augusto) Pinochet
Por Juan Miguel Matheus
No todos los autoritarismos se comportan igual cuando llega la hora de enfrentar la cuestión institucional. Algunos buscan perpetuarse mediante la opacidad; otros —por razones históricas, presiones internas o cálculos políticos— terminan sometiendo el poder a reglas que abren el camino hacia una transición. Esa diferencia importa y conviene recordarla cuando se observa la situación venezolana: los Rodríguez no son Pinochet.
Augusto Pinochet gobernó Chile desde 1973 hasta 1990. Su régimen fue autoritario, marcado por graves violaciones de derechos humanos y por una fuerte concentración del poder. Pero incluso dentro de ese orden político, el propio sistema fijó una regla institucional para resolver la continuidad del gobierno.
Esa regla quedó establecida en la Constitución de Chile de 1980, que dispuso un plebiscito para decidir si el jefe del régimen continuaría o no en el poder. Ese plebiscito se celebró el 5 de octubre de 1988: los ciudadanos debían responder si Pinochet debía permanecer en la presidencia por un nuevo período.
El resultado fue claro: ganó el “No”. El régimen aceptó el veredicto. A partir de allí se activó el calendario constitucional que condujo a elecciones presidenciales en 1989, en las que compitieron Patricio Aylwin, candidato de la Concertación democrática, y Hernán Büchi, candidato del oficialismo.
Aylwin ganó la presidencia y asumió el cargo en marzo de 1990, inaugurando el proceso de transición democrática en Chile.
El dato central es este: Pinochet terminó sometiéndose a la arquitectura constitucional que su propio régimen había diseñado; hubo plebiscito, hubo calendario electoral y hubo elección presidencial. El poder quedó sometido a una regla institucional verificable.
Nada de eso ocurre hoy en Venezuela. Quienes hoy administran el poder —los Rodríguez— no están sometiendo el régimen a una regla constitucional que abra un proceso político claro; ni la Constitución ni lo electoral están operando como límites del poder.
Por el contrario, lo que domina es la opacidad. El ejemplo más claro es el manejo de la figura de Delcy Rodríguez.
El poder insiste en sostener la tesis de una supuesta “presidenta encargada” y de una “ausencia temporal” del titular del Ejecutivo, pero esa construcción no responde a una lógica constitucional transparente sino a la necesidad de evitar una consecuencia jurídica muy concreta: impedir que corra el reloj constitucional.
El artículo 234 de la Constitución venezolana establece que, ante determinadas circunstancias de ausencia del presidente, debe activarse un mecanismo institucional con consecuencias claras en el calendario político.
Si se reconociera plenamente la situación constitucional correspondiente, el país entraría en una dinámica que conduciría inevitablemente hacia una definición electoral. Ese es precisamente el escenario que el poder quiere evitar.
Por eso la situación se mantiene deliberadamente envuelta en oscurantismo. Se habla de encargadurías ambiguas, de ausencias temporales indefinidas y de fórmulas institucionales que nunca terminan de aclararse. El objetivo es impedir que la regla constitucional opere.
Y por eso la comparación con Pinochet tampoco se sostiene.
El régimen chileno, con todas sus sombras y con toda la controversia histórica que lo rodea, terminó sometiéndose al procedimiento institucional que su propia Constitución establecía: hubo plebiscito, hubo calendario electoral y hubo elección presidencial.
En Venezuela no hay nada de eso.
No hay plebiscito, no hay calendario electoral y no hay voluntad de someter el poder a la regla constitucional.
Lo que hay es una estrategia de opacidad destinada a impedir que el tiempo constitucional avance.
Y por eso conviene decirlo con claridad: los Rodríguez no están abriendo un camino institucional hacia una transición.
Los Rodríguez no son Pinochet.